Abuso del poder Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
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“¿Necesidad? Palabra cómoda con que el culpable se quita de encima la culpa, para arrojar en el vacío toda soberbia y traición”.- E. De Geibel.
El sistema de administración y procuración de justicia de México está podrido, es corrupto y fue utilizado ilegalmente con fines eminentemente políticos en la administración de Felipe Calderón, cuyos funcionarios deben rendir cuentas, ante la barandilla del Ministerio Público, por estos hechos.
Esta es la principal conclusión que surge de los procesos y consumación de los casos del general Tomás Angeles Dauahare, y del subprocurador de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, en los que estuvieron implicados altos funcionarios de la administración pasada, como Eduardo Medina Mora —actual embajador de México en EU-, Marisela Morales y Genaro García Luna, quienes deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de deslindar sus responsabilidades en la comisión de un cúmulo de delitos, entre los que destacan abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones, entre otros.
Más que estar cómodamente instalado en Harvard, Felipe Calderón tendría que ser procesado por la justicia mexicana tan sólo por estos lamentables hechos. También Genaro García Luna, en lugar de estar disfrutando de las extraordinarias ganancias acumuladas ilegalmente como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, tendría que estar siendo investigado por una multitud de delitos.
Igual caso debería seguirse con los ex procuradores Marisela Morales y Eduardo Medina Mora. Es muy lamentable y desafortunado que durante el sexenio pasado se hiciera práctica común violar la ley, que el Ministerio Público no comprobara sus acusaciones y que los detenidos tuvieran que probar su inocencia y, en fin, que se dejara de lado el derecho constitucional de presunción de inocencia.
La investigación que ordenó un juez federal a la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, derivada del juicio al general Tomás Angeles, tendría que ir hasta la cúpula de la pirámide de corrupción en que se convirtió el sistema de administración y procuración de justicia de México, es decir, contra el ex presidente Felipe Calderón, para que no quede sólo en una simulación o una acción de carácter eminentemente mediático.
Las pesquisas tendrían que abarcar a los altos funcionarios mencionados para aclarar su participación en la fabricación de pruebas contra detenidos, de todos los niveles, y la manipulación de testigos que permitió la aprehensión y reclusión de personas inocentes, a quienes se les imputaron delitos que no cometieron.
En el caso del general Tomás Angeles, la investigación en contra del testigo protegido “Jennifer”, que presuntamente está detenido en Estados Unidos, cuyas declaraciones sirvieron como herramienta jurídica para la eliminación de funcionarios incómodos o personajes que pudieran contravenir intereses de amigos o incondicionales del grupo cercano al presidente de la República, tendría que ir hasta sus últimas consecuencias sin importar que caigan personajes relevantes de la administración pública del sexenio pasado.
Deberían ser investigados y castigados los montajes de Genaro García Luna, como el caso de Florence Cassez; la fabricación de culpables en la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR; y lo que en su momento realizaron Arturo Chávez y Eduardo Medina Mora, por consigna de Felipe Calderón, que contribuyeron enormemente para que México fuera considerado como un “Estado fallido”.
FACCIOSA UTILIZACIÓN DE TESTIGOS PROTEGIDOS
Jesús Murillo Karam, actual procurador general de la República, habrá de trabajar prioritariamente para que la dependencia supere la grave crisis de justicia que prevalece en el país, así como la falta de profesionalismo, transparencia y credibilidad en la actuación de fiscales y agentes del Ministerio Público. La investigación en torno a los testigos protegidos en el caso del general Tomás Angeles puede ser el inicio de la comprobación de que la figura de “testigo protegido” se utiliza de manera facciosa y abusiva para meter inocentes a las cárceles y dejar a grandes culpables en las calles, partiendo de intereses extrajurídicos y coyunturales.
Una piedra fundamental en este proceso lo es sin duda la revisión de dicha figura de “testigo protegido” porque, como se ha demostrado fehacientemente, se ha prestado para cometer injusticias y prefabricar culpables, a partir de testimonios poco confiables, de personas que generalmente han sido miembros del crimen organizado.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la figura del “testigo protegido” debe ser revisada o incluso erradicada, porque este programa que permite a criminales ofrecer información a cambio de impunidad, no es confiable y se presta a abusos. Debería velarse por las plenas garantías de los procesados y evitar operativos en los que la gente no confiable “acuse de manera falsa y dolosa” con tal de recibir impunidad.
En caso de no modificarse las tácticas acusatorias seguidas hasta la fecha, el sistema de administración y procuración de justicia sigue en entredicho, pues no puede generar confianza, al detenerse y juzgarse a inocentes, mientras que los verdaderos delincuentes siguen en libertad.
A lo largo de la administración de Felipe Calderón esas tácticas fueron prácticas comunes y sirvieron para procesar a actores sociales que le resultaron “incómodos”, como el propio Tomás Angeles Dauahare y el subprocurador Noé Ramírez Mandujano. La persecución a este tipo de personajes, que violentó el debido proceso y manipuló la acción de la justicia con testigos protegidos, fue perversa, inhumana, injusta y cruel, por lo que no deberían quedar sin castigo los responsables de la fabricación de esos procesos, y mucho menos debe quedar en “usted perdone” a los acusados sin pruebas e injustamente.
El general Tomás Angeles Dauahare y Noé Ramírez Mandujano tendrían que presentar las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes no eludan su obligación de realizar las averiguaciones pertinentes para conocer con toda precisión quién o quiénes fueron los responsables del abuso de poder que les privó de la libertad sin derecho alguno, y puso en entredicho su honorabilidad, a fin de contribuir a que México deje de ser el reino de la impunidad.
En este contexto deben de conocerse también los nombres de los jueces de consigna que sometieron a proceso penal a personas que no tenían ninguna vinculación ni nexos con el narcotráfico.
Murillo Karam anunció el jueves pasado que ya iniciaron una investigación formal por el uso de declaraciones falsas de testigos protegidos y la posible fabricación de pruebas, como ya se los ordenó un juez que atendió el caso del general Tomás Angeles Dauahare.
El funcionario aseguró que las pesquisas se realizarán sin importar el nivel de los personajes involucrados y sostuvo que “la ley no tiene niveles, y lo último que ve son los nombres”.
Una de las primeras líneas de investigación que tendría que seguir la PGR es que la detención del general Tomás Angeles Dauahare se dio en el contexto de una lucha política por el poder y en el proceso de selección para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Incluso, otro de los aspirantes, el general Moisés García Ochoa, también fue acusado a través de los medios de comunicación por presuntos actos de corrupción.
TODAVIA FALTA
Debe aclararse qué funcionarios de la PGR en la pasada administración presionaron a los generales Roberto Dawe y Ricardo Escorsia, así como al mayor Iván Reyna, para que firmaran declaraciones que el Ministerio Público ya tenía elaboradas en contra del general Tomás Angeles Dauahare, como él mismo lo denunció y quien en los 79 días que pasó en las instalaciones de la PGR sólo dos ocasiones compareció ante el Ministerio Público Federal.
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