¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
Nuevo instrumento contra la arbitrariedad
Juan José Morales
Impacto Ambiental
Podría
decirse que en México la etapa de las revelaciones electrónicas sobre
los atropellos policiacos se inició en febrero de 1996 con aquel famoso
video, presentado por el periodista Ricardo Rocha, sobre la matanza de
Aguas Blancas, en Guerrero, ocurrida el 28 de junio del año anterior. La
policía, el ministerio público, el gobierno del estado y los jueces,
manejaban la versión de que los muertos habían atacado a la autoridad y
ésta no tuvo más remedio que responder en defensa propia. Pero de pronto
apareció una filmación hecha con una cámara casera que demostró la
verdad: aquello había sido un asesinato masivo a sangre fría.
A partir de entonces, ha surgido otro nuevo y poderoso instrumento
contra las arbitrariedades de la policía: el teléfono celular. Ahora,
casi cualquiera puede registrar en video con uno de esos instrumentos lo
que ocurre a su alrededor, y la policía ya no puede, como antes, dar
falsas versiones de los hechos.
Es más: ni siquiera hay que esperar semanas, meses o años para —ya
durante el juicio después de él— presentar las imágenes como prueba que
desmienta las acusaciones. Tan sólo minutos después de tomadas —antes
siquiera que en los noticiarios televisivos— es posible comenzar a
difundirlas por Internet a través de las redes sociales, incluso
enviándolas desde el mismo aparato con que fueron grabadas.
En pocas palabras: ya no se puede engañar fácilmente a la gente. Gracias
al celular y la Internet, millones de ciudadanos pueden actuar como
reporteros, como guardianes de la legalidad, como ojos vigilantes para
impedir injusticias y atropellos de las autoridades.
La eficacia de ese instrumento quedó demostrada en el caso de los
detenidos por los disturbios del primero de diciembre. No sólo 56 de los
14 tuvieron que ser puestos en libertad casi de inmediato tras probarse
fehacientemente su inocencia con las numerosas grabaciones de video que
el mismo día de los hechos difundieron los internautas, sino que
empieza a quedar claro que aquello fue una provocación evidentemente
montada por las autoridades —aún está por precisarse si las del régimen
saliente o las del entrante— con el claro propósito de desprestigiar a
López Obrador y al Movimiento Regeneración Nacional, y justificar la
política represiva y de mano dura que se espera de Peña Nieto.
Todavía hay, sin embargo, 14 personas encarceladas por “ataques a la paz
pública”, un delito con el mismo tufo autoritario y antidemocrático que
el de “disolución social” al amparo del cual en otros tiempos fueron
encarcelados y condenados a prisión cientos de dirigentes campesinos,
obreros y sociales.
En el caso actual, resulta muy claro que los actos vandálicos del
primero de diciembre fueron obra de grupos bien organizados tolerados
por la policía. Hasta parece que vemos repetirse aquellas escenas del 10
de junio de 1971, en tiempos del presidente Echeverría, en que los
famosos halcones adiestrados por el gobierno priísta del DF impunemente
golpeaban y asesinaban estudiantes ante la mirada indiferente de los
gendarmes, que cuando actuaban, era para detener a las víctimas, no a
los agresores.
No deja de ser revelador el hecho de que ni uno solo de los 13 hombres y
la mujer que aún permanecen tras las rejas por los sucesos del primero
de diciembre, tenga antecedentes penales o siquiera de faltas
administrativas graves. Más claro ni el agua: a los vándalos la policía
les permitió actuar y escapar, y en cambio se encarceló a manifestantes
pacíficos o a simples transeúntes, hoy convertidos en chivos
expiatorios.
Y lo grave de ello es que de esa operación represiva se está haciendo
cómplice voluntario o involuntario el gobierno del Distrito Federal, que
durante muchos años mantuvo una política de respeto a la libertad de
reunión y manifestación. Cómplice es también el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, quien antes siquiera de
que los detenidos fueran consignados, prácticamente los sentenció al
declarar que su arresto había sido legal y que estaban ligados a
partidos políticos.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
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