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Paro cívico nacional
Sindicatos preparan movilizaciones para intentar impedir que la reforma
laboral, aprobada por la Cámara de Diputados, sea “palomeada” en el
Senado / Afirman que estas iniciativas tendrán repercusiones negativas
contra la clase trabajadora y legitima “lo ilegítimo” / Los legisladores
de la Cámara Alta esperan un debate álgido en torno a la ley, cuyas
discusiones empiezan hoy
MÉXICO, D.F., septiembre 30 (EL UNIVERSAL).- Sindicatos afines a la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunciaron protestas en el país,
con el fin de detener la aprobación de la reforma laboral que fue
avalada por la Cámara de Diputados, y turnada al Senado.
Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios, afirmó
que “esta reforma tendrá repercusiones negativas, porque no va a generar
trabajadores, sino esclavos”.
Anunció que el 21 y 23 de octubre realizarán un paro cívico nacional contra los cambios a la Ley Federal del Trabajo.
Dijo que la reforma laboral atenta contra la clase trabajadora y
advirtió que con este aval, vienen otras reformas igual de lesivas como
la hacendaria y energética.
El dirigente de tranviarios consideró que con esta reforma se legítima “lo ilegítimo”, con relación al “outsourcing”.
Además, advirtió que con el pago por hora, los patrones podrán despedir a la gente sin ninguna consecuencia para ellos.
Adelantó que sindicatos como el SITUAM, la sección 22 de la CNTE, la
Alianza de Trabajadores de la Salud, y empleados públicos del IMSS,
además de la Alianza de Tranviarios, y la Unión Nacional de Trabajadores
impedirán con movilizaciones que el “outsourcing” y el pago por hora
afecten a jóvenes.
Senadores prevén álgido debate laboral
En el Senado, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social prevén un “álgido debate” sobre la minuta de la reforma laboral,
que llegará este lunes a la Cámara Alta y que el pleno conocerá durante
la sesión de mañana.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Ernesto
Gándara Camou, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó
que el Senado no se dejará “presionar” por ningún interés: ni de los
sindicatos ni de los empresarios.
“Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad constitucional
de discutir, analizar y votar. En ese sentido, nosotros atenderemos lo
que creamos que es conveniente y no por una presión externa”.
Gándara Camou llamó a las fuerzas políticas representadas en el Senado a
debatir “por el bien del país”, con civilidad y respeto personal.
“Las posiciones de los partidos han sido muy claras: mi fracción, el
PRI, ha presentado sus observaciones, y en la Cámara de Diputados ya
incluso hizo modificaciones (a la iniciativa preferente enviada). Y lo
único que se ha dicho muy claro, es que está iniciativa no puede ir
contra lo que establece el artículo 123 constitucional, que habla de la
autonomía sindical y el derecho de huelga. Podría haber otro
procedimiento, aquí no hay reforma constitucional”, explicó vía
telefónica.
El presidente de la comisión informó que el miércoles se instala este
órgano, y que a partir de ese momento se elaborará el calendario de
actividades y sesiones para procesar el dictamen de la reforma laboral.
“Una cosa es que haya diferencias, cada quien puede votar como le
parezca, pero otra cosa es mostrar civilidad. Las manifestaciones
públicas están protegidas por la Constitución y son respetables”, dijo
Gándara.
Pedro Joaquín Coldwell, líder del PRI, confió en que su partido
construya la mayoría necesaria para avalar la reforma laboral en el
Senado.
“Si como todos esperamos, es aprobada también por los senadores, va a
ayudar mucho al desarrollo del país”, indicó en entrevista en Chihuahua.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional
(PAN), solicitó apoyo a las autoridades capitalinas para resguardar
desde este lunes la nueva sede.
Si la Gaceta Parlamentaria del martes publica la minuta de reforma
laboral, la Mesa Directiva turnará de inmediato el documento a las
comisiones unidas del Trabajo y de Estudios Legislativos y a partir de
mañana martes correrá el plazo de 30 días que marca la Constitución para
aprobar una iniciativa preferente enviada por el titular del Ejecutivo.
El ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón (PAN), advirtió que
su partido no cederá en el capítulo de la transparencia sindical: “la
última palabra no está dicha”.
Pero la negociación no será sencilla, pues en el seno de esta comisión
también están dos dirigentes sindicales, senadores del PRI: Isaías
González Cuevas, de la CROC, y Armando Neyra, de la CTM en el Estado de
México, quien ya adelantó que el contrato por hora se tendrá que
analizar detenidamente porque podría estar rebasado por los contratos
colectivos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó su rechazó
absoluto al pago por hora, los contratos a prueba, los despidos “exprés”
y la limitación a un año del pago de salarios caídos.
Anunció que abrirá la discusión de la minuta a la sociedad y convocará a
un acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar adelante las reformas
necesarias para el país.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que una fuerza política
sola no podrá resolver esta minuta: “Se equivoca aquella persona o
grupo político que piense que con una mayoría simple o aislada basta
para aprobar una reforma”, expresó a través de un comunicado.
La secretaria de la Comisión de Trabajo, Alejandra Barrales (PRD), dijo
que esta iniciativa es una “trampa” del Ejecutivo federal y adelantó que
se rechazarán varios temas.
“Nos preocupa esta situación y vamos a trabajar todo lo que está de
nuestra parte para poder impedirlo. Nos interesa escuchar a las partes,
tenemos 30 días para su discusión en el Senado de la República y voy a
proponer que se invite a representes del Ejecutivo, a empresarios y a
trabajadores para escucharlos”, señaló.
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