Jenaro Villamil
En estos días de recogimiento espiritual para los creyentes cristianos, la lectura de un libro como El Caso del Papa, “Obligación del Vaticano de rendir cuentas por abusos contra los derechos humanos”, nos da una idea de la verdadera pasión que vive la Iglesia católica tras la ola de denuncias que han marcado el pontificado de Benedicto XVI.
El libro, publicado en México por
Católicas por el Derecho a Decidir y Demac, es la traducción de un
compendio realizado por Geoffrey Robertson, consejero de la Reina de
Inglaterra, fundador y director de Doughty Street Chambers, el bufete
especializado en derechos humanos más grande de Gran Bretaña.
Robertson es juez y auxiliar del colegio de abogados Middle Temple y
en 2008 se convirtió en miembro del Consejo de Justicia Interna por
votación personal de la ONU y nominado a secretario general de esta
organización. Se ha especializado en el tema de crímenes contra la
humanidad.
Por esta razón considera que los casos
de abusos sexuales de niñas y niños a gran escala y de manera
sistemática, cometidos por sacerdotes y obispos católicos, se puede
considerar como “crimen contra la humanidad”. “La ONU cometió un error
al otorgar a la Iglesia católica una condición portentosa que no se
confiere a ninguna otra religión ni a las ONG”, advierte Robertson en su
introducción.
La idea del libro-compendio surgió de un artículo titulado “Pongan al Papa en el Estrado”, publicada en The Guardian y Daily Beast, en
2010. El alegato se volvió un escándalo. Robertson explica que su
intención era “establecer que los Papas no son inmunes a las acciones
legales y que a menos que el Vaticano confronte su historial de proteger
a sacerdotes y pederastas y abandone el argumento de que los
disciplinará conforme al Derecho Canónico, su dirigente podría ser
objeto de una demanda por daños o terminar sometido a investigación por
el fiscal de una corte internacional”.
En diez capítulos, el especialista
expone una síntesis trepidante de los casos más graves que se han
ventilado en los últimos años y la forma de “arreglarlos” de manera
extrajudicial, a un alto costo económico y moral para la Iglesia
católica. He aquí una breve síntesis:
-Tan sólo en Estados Unidos, los
arreglos extrajudiciales superan los 1,600 millones de dólares. En
Irlanda, Australia, Canadá y otras naciones europeas se presentaron
decenas de demandas. Todo esto ocurrió mientras Benedicto XVI era el
responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
-La caja de pandora en Estados Unidos se abrió en Boston Globe, periódico
que documentó en 2002 cómo desde mediados de los noventa, más de 130
personas revelaron historias de horror de su infancia, cometidas por el
ex sacerdote John Jay Geoghan, quien violó sistemáticamente durante tres
décadas a menores en media docena de parroquias en Boston. El cardenal
Bernard Law estuvo al tanto de esos abusos y no hizo nada.
-Siguieron otras demandas y juicios
colectivos de víctimas en diócesis como Spokane, Washington, Tucson y
Arizona. La cuenta total por casos de abuso sexual ha ascendido
vertiginosamente a los 2 mil millones de dólares y sigue en aumento. La
revista Forbes pronosticó que pueden llegar a los 5 mil
millones de dólares debido a lo prolongado de las denuncias por
negligencia registradas en Estados Unidos.
-El patrón que se encontró en Estados
Unidos fue el siguiente: se ignoraron las denuncias contra sacerdotes
hasta que se amenazó con publicar el escándalo. La mayoría de los
obispos y arzobispos consideraban que eran “malos entendidos” o “simples
abrazos”.
-La agencia informativa AP documentó en
mayo de 2010 por lo menos 30 casos que confirmaron otra tendencia. El
tráfico de sacerdotes pederastas que se trasladaron desde Estados Unidos
hacia Irlanda, Roma, México y Africa.
-La Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos documentó a través de un grupo de criminólogos que desde
1950 hasta 2010 no menos de 10 mil 667 individuos habían presentado
“acusaciones verosímiles” contra 4 mil 392 sacerdotes, es decir, el 4.3
por ciento de los sacerdotes activos en ese periodo. La Iglesia
actualmente acepta que se trata de un 5 por ciento de sacerdotes
pederastas.
-El informe de los criminólogos
consideró que los casos de abuso sexual infantil constituyen una “bomba
de tiempo”. Muchas de las víctimas se encuentran tan afectadas que les
toma años e incluso décadas aceptar la experiencia hasta el punto de
hablar de ellas. Sólo 13 por ciento de los alegatos se presentó el mismo
año en el que ocurrió el delito y 25 por ciento hasta pasados 30 años.
Es decir, “la Iglesia deberá hacer frente a denuncias de este tipo por
varios muchos años más”.
-El mismo informe de criminólogos reveló
que sólo 76 por ciento de las denuncias de abuso sexual contra
sacerdotes nunca se reportaron a agencias de procuración de la justicia y
sólo 6 por ciento de los sacerdotes fueron hallados culpables en
aquellos casos denunciados.
-En Irlanda, el juez Murphy analizó en
2009 los casos de 46 sacerdotes que durante décadas abusaron sexualmente
de miles de menores. Examinó los expedientes secretos de la Iglesia y
llegó a una conclusión tremenda: la institución no sólo encubrió sino
facilitó estos casos.
-En medio del escándalo de la Comisión
Murphy de Irlanda, se confirmó que el propio Ratzinger, siendo obispo de
Munich, aprobó la transferencia a otra parroquia de un conocido
sacerdote pederasta, Peter Hullermann, sin denunciarlo a la policía.
Peor fue el caso del cardenal Groer de Austria quien abusó de unos ¡2
mil niños! a lo largo de 20 años de su trayectoria como obispo, tiempo
en el que tuvo toda la protección del papa Juan Pablo II.
-En mayo de 2010 se publicaron los
primeros informes del intenso tráfico de sacerdotes pederastas que
salieron de Alemania, Italia, Irlanda y los Estados Unidos con destino a
Nigeria, Sudáfrica, Mozambique y el Congo.
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