La Jornada
Para no ir más lejos, el gobierno de Peña Nieto, sabedor de que no habría de dar salidas a los reclamos de los maestros, dejó en manos de Miguel Ángel Mancera el problema, seguro de que el jefe de Gobierno recurriría a la represión o bien caería en las provocaciones de los mismos maestros y se lanzaría en su contra, con la misma consecuencia por lo que hace a los dos opciones: el desprestigio de la izquierda en el gobierno y, junto a esto, la exhibición de la supuesta ineptitud política de Mancera para resolver el asunto.
No fue así. Por algún motivo que desconocemos el gobierno de la ciudad de México se dio cuenta de que la CNTE no es el problema, que lo que nadie quiere decir, lo que se oculta, lo vivimos en el DF, es el resultado de la imposición, y que no son los maestros el origen del problema, aunque, sin duda, el GDF tiene la obligación de impedir que el conflicto crezca de tal manera que sí se convierta en algo incontrolable, como pretende el gobierno de Peña Nieto y no quede más que la represión como salida.
Sería muy grave para la ciudad, es decir, para la mayoría de sus habitantes, que más allá de lo dicho y hecho, ahora nos resultara que el gobierno electo se dispusiera a hacerle el trabajo sucio a Peña Nieto, y se cancelara, desde el DF, el derecho ciudadano a protestar en contra de las imposiciones del gobierno federal. Es decir, que Mancera callara la boca de los que protestan para que Peña Nieto no reciba más reclamos.
Puede ser que desde muchos frentes Mancera sea atacado por no usar a la policía de la ciudad para acabar con la protesta de los maestros, pero también deberá estar seguro de que la gran mayoría de la gente que votó a su favor sabía, de todas todas, que él, Mancera, sería un gobernante de izquierda, y la izquierda en México no reprime. Nada más.
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