¡¡Exijamos lo Imposible!! Por Esto!
Para
Andrés Manuel López Obrador
Porfirio Muñoz Ledo
Simulación y entrega
Es lástima que una energía vital dedicada por entero al servicio público se vea temporalmente disminuida por el acoso de la enfermedad. Parece simbólico que la salud de Andrés Manuel sea afectada justo en el momento histórico en que comienza a concretarse en el proceso legislativo la cesión de los derechos nacionales sobre el petróleo. El evento no hace sino subrayar el drama en que estamos envueltos en defensa del país, su patrimonio y su futuro.
Algunas de sus tesis centrales se están confirmando. El Pacto por México no ha sido, como se ofrecía, un ejercicio de consenso –de ahí la retirada del PRD- ni menos una genuina refundación institucional. Corre más bien el riesgo de prolongar el antiguo pacto de simulación que fue durante largo tiempo el sustento del autoritarismo mexicano.
Las expectativas incumplidas por los acuerdos cupulares, que luego se volvieron un galimatías en el Congreso, en materia de telecomunicaciones, educativa, hacendaria, financiera y ahora político-electoral están a la vista de todos. El desorden y apresuramiento en la discusión de los temas los vació de sentido y los apartó del debate público, De este fast track resultaron versiones diluidas o adulteradas de añejas reivindicaciones que no modificaron substancialmente el estado de cosas que se pretendía superar.
Se extiende una inconformidad generalizada, que en ocasiones redunda en vigorosas protestas sociales y no satisface siquiera a sus principales promotores. Representa en muchos sentidos la segunda gran dilapidación en los últimos doce años del proyecto de reformas que el país necesita.
Una auténtica reforma exigía un reencuentro entre la clase política y la sociedad para construir acuerdos básicos que modificaran las relaciones entre los gobernados y el Estado, mediante mecanismos que posibilitaran el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones públicas y, con ello, dotar de legitimidad a las instituciones agonizantes del país. La obsesión de las fuerzas políticas por maquillar un sistema autoritario sólo conduce a profundizar un presidencialismo obsoleto.
Desde hace varias décadas se ha planteado una reforma política integral que incluya el tránsito a un sistema semipresidencial con gobiernos de mayoría con segunda vuelta electoral, flexibilización del ejercicio de la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, inclusión de figuras de democracia directa como el referéndum, plebiscito y revocación de mandato, así como la participación de la ciudadanía en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas.
Por el contrario, esta reforma implica la reelección legislativa sin cambio de régimen y sin revocación de mandato, un fiscal general “autónomo” cuya permanencia depende del arbitrio del Ejecutivo Federal, un Instituto Nacional Electoral que subordina a los órganos electorales locales con menoscabo del sistema federal mexicano y sin restarles a los gobernadores su capacidad de intervenir en los procesos, además del impacto presupuestal que los ajustes generaran y la insatisfacción de los proponentes originales de dicha institución cuyo concepción era mucho más clara.
Recordemos además que la consulta popular adoptada en la reforma política de 2012 resultó contradictoria y amañada. Carece de técnica jurídica ya que confunde el referéndum -que es la aportación por los ciudadanos de reformas legales y constitucionales- con el plebiscito -por el que la sociedad autoriza actos o políticas de la autoridad antes de autorizarse- esta reforma pudo haber sido el marco por el cual se diera las precisiones y se instara a la promulgación de su ley secundaria, con lo que podía otorgarse legitimidad al proceso de reforma energética. Todavía es tiempo de incluir la reglamentación del referéndum frente a esa decisión trascendental para el país. También, para incluir la reforma política del Distrito Federal que ha sido tan largamente discutida y tan cuidadosamente consensuada.
Insistimos en que los principales problemas son la supremacía de los poderes fácticos y el adelgazamiento del Estado que se pretenden potenciar con la reforma petrolera. Tampoco se atacó la crisis de la democracia representativa, la partidocracia que captura a los órganos autónomos y la disfuncionalidad del régimen de gobierno. Queda pues un gran saldo pendiente que sólo podría cubrirse por una nueva Constitución.
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