La Jornada
Una acción positiva, que acercara a las cámaras legislativas a la población y contribuyera a remontar el enorme desprestigio y la falta de credibilidad de diputados y senadores sería el poner sobre la mesa el tránsito hacia una democracia participativa que aportara funcionalidad y credibilidad al conjunto de las instituciones, empezando por las electorales. El IFE es hoy en día –y así lleva una década– un elefante blanco que no sirve ni para hacer aparentar que en México se respeta la voluntad ciudadana. Del fraude cibernético operado por la cosa que encabezaba Luis Carlos Ugalde a la compra masiva de sufragios tolerada por la que presidió Leonardo Valdés Zurita, el IFE malgasta más de 333 millones de pesos al año. En el colmo de la ironía, para llegar a esa cifra la dependencia invirtió 16 millones más, a fin de que una consultoría la pusiera en negro sobre blanco. Eso, sin contar con chanchullos inmobiliarios recientes ni con el dinero que se embolsaron los funcionarios desconocidos que hicieron llegar el listado del Registro Nacional de Electores a empresas de marketing de Estados Unidos y, de manera directa o indirecta, al mercado de Tepito.
Sería pertinente, por ejemplo, sacar al IFE del control de la clase política y seleccionar periódicamente, por sufragio universal, y mediante planillas o no, a su consejo general. Serían esas las mejores
candidaturas ciudadanaso independientes que podrían instituirse. Porque, claro, habría que estipular que los aspirantes no podrían ser postulados por los partidos.
Desde luego, sería también recomendable olvidarse por un rato de ese distractor de la relección de diputados y senadores federales y estatales y establecer un mecanismo realmente eficaz de control ciudadano sobre esos y otros representantes populares: la revocación del mandato, un sistema simple y directo que obligaría a los políticos electos a preocuparse por rendir cuentas.
Y sí, por supuesto que es urgente introducir las figuras del referendo, la consulta popular y la iniciativa ciudadana en la legislación electoral del país. Es de obvia necesidad que la clase política comparta potestades y funciones con la sociedad a la que dice representar, un aserto que es puesto en duda por un número creciente, y muy posiblemente mayoritario, de ciudadanos.
Mientras llega la hora de las definiciones en torno al intento de entregar la industria petrolera, los legisladores podrían empeñarse en convencernos, en suma, de que aspiran a la construcción de un país democrático, que están comprometidos en la remoción de obstáculos en esta dirección y que no ven el poder y los cargos de representación popular como un coto y como un botín.
.Pero cabe sospechar que tienen muchos motivos para mantener secuestrada la institucionalidad política del país y que quieren seguir así Ya lo verán.
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