lunes, 14 de octubre de 2013

De plano reforma no tiene pies ni cabeza

¡¡Exijamos lo Imposible!!  
Homozapping
Entrampada la Reforma Energética en la Reforma Fiscal
(segunda parte)
Jenaro Villamil

Segunda parte del reportaje publicado en Proceso No. 1928. Consulta la primera parte aquí.

Las Trampas Fiscales para Pemex

Un análisis de la bancada del PRD en el Senado, al cual tuvo acceso Proceso, advierte que se pretende “atar” la reforma hacendaria a la reforma energética, a través de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que implicará “el desmantelamiento” y el “fin de la autonomía de gestión” de Pemex.

En esta iniciativa, se dan facilidades para la explotación de hidrocarburos que se realice mediante asignación. La Secretaría de Energía podrá contratar a un comercializador del Estado, una nueva entidad paraestatal que prestará a la nación lo servicios de recolección y venta de hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda creará un “fideicomiso de administración y pago”, en una institución de banca de desarrollo, para el manejo de los ingresos derivados de los contratos de utilidad compartida, así como del pago de contraprestación a Pemex, eliminando el Fondo de Estabilización para la inversión de infraestructura en la paraestataly, con ello, toda autonomía presupuestal y de gestión”.

Se abre la posibilidad de que Pemex bursatilice y se endeude ya que “reitera la potestad para que la paraestatal realice negociaciones oficiales, gestiones sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales, así como contratar financiamientos externos y contratar obligaciones de deuda en moneda extranjera, pese a las experiencias negativas que se han reportado (caso Repsol)”.

El nuevo esquema fiscal, a partir de la figura de los contratos de utilidad compartida, establece que el comercializador entregará al fideicomiso los ingresos derivados de la venta de la producción de petróleo, conforme a los contratos de venta y recolección que las empresas privadas firmen con la Secretaría de Energía.

Pemex pagará mensualmente al Estado, vía el fideicomiso, una cuota por la parte del área contractual donde no haya comenzado la producción: de 2,650 pesos por kilómetro cuadrado o fracción, los primeros 60 meses del contrato, y de 4,250 pesos a partir del mes 61, actualizables anualmente. Cada periodo contractual (1 mes o más) el Fideicomiso entregará al Estado mexicano un porcentaje del valor de cada tipo de hidrocarburo extraído en cada área contractual.

Será este fideicomiso el que determinará la “utilidad operativa”, disminuyendo al valor contractual diversos valores relacionados con la acreditación de pagos de Pemex al Estado; los gastos del propio fideicomiso y los costos, gastos e inversiones de Pemex. De los ingresos que reciba el gobierno federal por la cuota de área contractual y por la utilidad compartida, se destinará anualmente 2 millones y medio de pesos para la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

“Resulta claro que las propuestas planteadas para el caso de la modificación del régimen fiscal en materia de hidrocarburos no tienen como fin asegurar una mejor salud financiera de Pemex, sino garantizar un mercado más atractivo para las inversiones privadas que se pretenden lograr de la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales”, establece el análisis del PRD.

“En este sentido, la permanencia del mismo control en la materia de asignaciones, así como el control de la Secretaría de Hacienda y la desaparición del Fondo de Estabilizaciones para la inversión en infraestructura en Pemex, con lo que prácticamente se dificulta la capitalización de la empresa, y se busca su desincorporación en un sinfín de subsidiarias que garanticen mayores utilidades para los sectores privado con un menor control estatal de los recursos públicos y de la renta petrolera”, abunda el documento.

En conferencia de prensa, la senadora Dolores Padierna, del PRD, advirtió que el Ejecutivo federal mandó “una reforma tributaria y por atrás meten la reforma energética. Es altamente criticable y lo que debe hacerse en este caso es llamar las cosas por su nombre: retirar el tema energético de la política fiscal porque no tiene uno que ver con el otro; ciertamente, el régimen fiscal de Pemex forma parte de la política tributaria y es la parte nodal, fundamental, del presupuesto”.

Padierna propuso que no habrá tanta urgencia por aprobar lo planteado en materia energética en la reforma tributaria porque entrará en acción en 2015, “aunque quieren aprobar los contratos de utilidad compartida, de inmediato, y con ello empezar a trabajar para luego dar por hecho, pues, una reforma constitucional que no se ha dado”.

La Propuesta de Graco

En el marco de los mismos foros de consulta, organizados por la Comisión de Energía del Senado, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, del PRD, lanzó una propuesta que va perfilando una negociación entre un sector del perredismo y el gobierno federal: aprobar la reforma al 27 constitucional, para incorporar la figura de los contratos de utilidad compartida, a cambio de no reformar el 28 constitucional que cambiaría de estratégico a prioritario varios rubros, incluyendo los hidrocarburos.

Ramírez, cercano al grupo de Nueva Izquierda y con interlocución con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, afirmó que los peligros no radican en la reforma al 27 sino al 28 “porque entonces se desmantela el carácter estratégico de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad”.

El mandatario de Morelos advirtió que por esta propuesta podría “ser crucificado” por sus correligionarios, pero advirtió que es pertinente reformar el 27 y aprobar el nuevo esquema tributario para Pemex porque recude el 10 por ciento la carga fiscal de la paraestatal.

-¿ es posible el escenario de que sólo se reforma el 27 y ya no el 28? ¿Lo aceptaría el PRD? –se le cuestionó.

-Si el 27 se reforma y el 28 no, todo el supuesto de la propuesta de izquierda es viable. Se va a fortalecer a Pemex, en mi opinión. Esta es mi única diferencia con la posición del PRD. Simplemente esa es la diferencia que tengo con mis compañeros, de atrevernos a decir que hay que ir con la reforma al 27. Y dejemos el tabú de que no, porque es sagrado.

-¿Es viable entonces la negociación de cambiar el 27 a cambio de que no se reforme el 28?

-Absolutamente viable, siempre y cuando decidamos que Pemex tenga la capacidad financiera suficiente para que no sean los privados los que tengan que mover a Pemex, sino sea el Estado, con suficiencia financiera en Pemex, la que mueva la economía petrolera.

Una de las convencidas por la propuesta de Graco Ramírez fue la profesora Ifigenia Martínez, quien ya se había manifestado en contra de la figura de los contratos de utilidad compartida. “Me convenciste”, se aceró a decirle al mandatario de Morelos, en el salón de la Comisión Permanente, donde se realizó el foro.

Por su parte, el gobernador de Campeche, el priista Fernando Ortega Bernés, apoyó la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal, pero criticó que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) se excluya del nuevo esquema y afecte a los estados petroleros.

“Con el nuevo régimen fiscal al que migraría Pemex como renovada empresa de la nación, con un sistema tributario asimilable a cualquier empresa, es decir, pagando impuestos sobre la renta en lugar de derechos, esto significará la disminución gradual, hasta su extinción, del citado derecho que alimenta el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, mediante el cual se compensa a los estados petroleros”, afirmó en su ponencia.

Por eso, Ortega Bernés propuso que “se considere en un marco de justicia republicana si a las entidades federativas donde se extrae el petróleo y gas, una muy deseable certeza en materia de las compensaciones, en materia de dividendos estatales para las entidades petroleras del país”.

Campeche, argumentó el mandatario priista, ha representado de 1998 a 2012 casi las tres cuartas partes de la producción total de petróleo (559 mil 583 millones de dólares de un total de 825 mil 743 millones de dólares), pero Pemex sólo invertido en esta entidad, en el mismo lapso, un total de 429 millones de dólares en acciones de desarrollo social y obras de beneficio mutuo, lo que significa apenas el 0.o7 por ciento del valor de lo producido en la zona.

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