¡Sin esposas!? es x sus derechos humanos

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Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones

¿Y los derechos humanos del ciudadano común?

La deformación del Estado mexicano se da en todos los aspectos, como lo evidencia el hecho absurdo de que los delincuentes gocen de más garantías que el ciudadano común. Así lo aceptó tácitamente el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, al responder al cuestionamiento de porqué el líder del grupo delictivo de “Los Z”, Miguel Angel Treviño, había sido presentado a los medios sin esposas, como era obvio que así debía ser. Dijo: “No se puede asumir a alguien delincuente y ponerlo a exposición sin antes llevarlo a un proceso penal. Cuidamos muchísimo eso”.

Sin embargo, cuando se trata de alguien sin poder, y sobre todo de un “enemigo político”, entonces no hay nada que cuidar. Se arroja sobre el infortunado todo el peso del gobierno, sin que haya ningún tipo de impedimento, como sucedió con la maestra veracruzana Angel de María Soto Zárate, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque rechazó recoger una maleta que no era la suya, misma que le había sido cambiada en el aeropuerto de Lima, Perú, conteniendo 10 kilos de cocaína.

Sin más averiguaciones fue conducida como culpable a un penal de alta seguridad de Nayarit, acusada de tráfico de drogas. Gracias a la movilización oportuna de familiares y amigos se logró evitar se cometiera una villanía, como las muchas que sufren en el país simples ciudadanos que no cuentan con recursos ni notoriedad, como en este caso el llamado “Z 40”, o como los ex gobernadores delincuentes Granier y Reynoso Femat, de Tabasco y Aguascalientes, respectivamente.

Osorio Chong aceptó, con su torcida sintaxis, la responsabilidad de las comisiones de derechos humanos en la deformación de la aplicación de la ley en México. Afirmó: “Cuando entran (los detenidos) en un rango de seguridad, tienen que hacerlo sin esposas, porque si no derechos humanos te lo puede echar abajo (el proceso)… los amparan los jueces. Hoy los de derechos humanos a veces pareciera que protegen más a algunos”. De ahí el imperativo de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclare su rango de responsabilidad.

Es preciso que Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, defina con claridad cuál es su función institucional, pues no debe seguirse prestando a confusión una tarea que nació con una finalidad noble, pero en defensa de la ciudadanía contra los abusos del Estado, no para defender a delincuentes comunes que con su criminal comportamiento agreden a la sociedad sin detenerse a pensar en las crueles violaciones a las garantías individuales de sus víctimas.

Tamaña simulación sólo ha servido para que haya más impunidad en el país, situación que ha sido un estímulo más a la delincuencia organizada para seguir delinquiendo. El “Z 40”, durante su traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría contra la delincuencia organizada, más parecía el comandante del batallón de marinos que lo custodiaban que un prisionero rumbo a su encarcelamiento. Y mientras a la profesora Soto Zárate se le enviaba a prisión sin ningún miramiento a su situación de inocencia, al “Z 40” se le protegía con una serie de amparos, como el de no estar incomunicado y no sufrir violaciones a sus garantías individuales.

¿Acaso las autoridades, la CNDH y sus abogados, no están más preocupados por el estado de salud de Granier que por los delitos que cometió en agravio del pueblo de Tabasco? ¿No se han tenido todo tipo de consideraciones en el caso de Reynoso Femat, a fin de darle todas las oportunidades para que no pise la cárcel? En cambio, con el profesor Patisthan no ha habido ninguna ley ni Comisión de Derechos Humanos que haga valer su inocencia, la cual ha quedado plenamente demostrada a lo largo de su proceso de más de diez años. Sólo que se trata de un indígena sin poder ninguno para mover a la opinión pública, mucho menos para poner a trabajar a la CNDH y muestre una elemental preocupación por su debido proceso.

Se constata así que el Estado de Derecho en México es una entelequia, no existe para el ciudadano común. Sin embargo, al grupo en el poder se le llena la boca al hablar de que vivimos en un país de leyes. ¿Lo creerán realmente sus miembros, o se trata de una manifestación más de la irresponsabilidad social que los caracteriza?

(guillermo.favela@hotmail.com)