Por Esto!
De Tabasco a Yucatán, la ruta del saqueo
Andrés Granier, sus dos compadres y el sobrino Sáiz, con más de 37 años de negocios juntos
Andrés Granier Melo y sus dos compadres, Amílcar Sala Villanueva y Carlos Alberto Pineda Calcáneo, (a) El “Pelón Pineda”, mantienen una relación de negocios cuando menos desde hace 37 años, según consta en Prodes, S.A. de C.V. y Operadora Tabasco, S.A. La primera fue creada en 1977 y la segunda, dos años más tarde, pero ambas están relacionadas: el objeto social de la primera era construir y administrar cementerios, venta de lotes para efectos de inhumación, en tanto que el de la otra era la administración y operación de cementerios, cremaciones, servicios funerarios y otros. Después surgieron otras sociedades.
Granier Melo y sus dos compadres escogieron a José Manuel Sáiz Pineda, sobrino de “El Pelón” Pineda, para que operara, desde la Secretaría de Administración y Finanzas, el desfalco multimillonario que arrancó en 2007, es decir, desde el inicio mismo de la administración.
Ese mismo año, en Villahermosa, Tabasco, este grupo se reunió con quienes serían su contraparte en Yucatán en el plan de lavado de dinero: Esteban Correa Bolio y Lorenzo Medina González.
La estrategia se definió básicamente en tres etapas:
La primera consistió en hacerse de entidades financieras, preferentemente con historial, para no despertar sospechas, en las que se metería el efectivo robado, para de ahí sacarlo en forma de préstamos a terceras personas físicas o morales; tal fue el caso de la Financiera Integral del Golfo, S.A. de C.V., MZ Financiera y MZ Financial Sofón; las tres fueron adquiridas y/o creadas en octubre y noviembre del 2008, y sus respectivos objetos sociales fueron adecuados en armonía con el plan de blanqueo; como por ejemplo basta citar la cláusula que faculta a los directivos a proporcionar financiamiento aun sin aval o garantía de por medio. A la cabeza de estas financieras figuró la contraparte yucateca, con Esteban Correa Bolio y Lorenzo Medina González, quienes, a su vez, otorgaron poderes amplios, que incluían actos de dominio, a “operadores personales” de Granier, sus dos compadres y Sáiz Pineda, como fueron los casos de Ángel González Monterrubio y Ligia Corina Cabrales Martínez.
La segunda etapa consistió en invertir lo robado en bienes raíces y otras inversiones, principalmente. Fue así como Lorenzo y Esteban se dedicaron a comprar compulsivamente terrenos en distintos municipios, comenzando por Kanasín, terrenos que luego ofrecían en venta para así reintegrar el efectivo ya “blanqueadito”. Por ejemplo: Lorenzo, como persona física y socio de la financiera, le pide a ésta un préstamo y con el efectivo compra un terreno en Kanasín y se lo vende a la empresa Argenteus, S.A., representada por José Luis Evia Góngora y José Enrique González Prieto por un monto de 24 millones 732 mil 624 pesos, según la escritura pública número 356 otorgada el 31 de marzo del 2001, por el notario público Núm. 89, con residencia en Motul, Emilio García Ferrón.
Tanto Lorenzo, como Esteban, han realizado decenas de operaciones similares.
La tercera etapa
En paralelo con la segunda etapa, la tercera consistió en hacerse “ejidatarios” en diversos ejidos de Yucatán para hacerse de terrenos y venderlos muy por arriba de su valor real, sin el correspondiente pago del Impuesto Sobre la Renta, como lo establece la Ley Agraria.
De esta forma, los dos compadres consentidos de Granier Melo, así como su ex Secretario de Administración y Finanzas, fueron convertidos en “ejidatarios” en ejidos de Kanasín, Umán, Tixpéual y Mérida, entre el 2009 y 2010, lo mismo que su contraparte yucateca, Esteban Correa Bolio, Lorenzo Medina González y sus respectivas esposas y otros empleados.
Dos casos ejemplifican el blanqueo de recursos: la operación por 246 millones de pesos que José Manuel Sáiz Pineda, en su calidad de “ejidatario”, concretó con la empresa “Patrimonio Kanasín” por la venta de 136 hectáreas, monto que acordaron pagarle durante 10 años.
El otro fue por 69 millones de pesos por 6 hectáreas en Tixpéual, que juntas no valen ni 120 mil pesos; en esta compraventa intervinieron los “ejidatarios” Camilo José Otero Roche y María José Ongay Esquivel, empleados de Esteban y Lorenzo, quienes recibieron 69 millones de pesos de Abraham Cupil Córdoba, padre de Marlis Cupil López, secretaria de José Manuel Sáiz Pineda, y quien guardaba en su predio 88.5 millones de pesos en efectivo, episodio clave en el destape de la investigación que se le sigue al ex mandatario tabasqueño por el desfalco de miles de millones de pesos.
Advertencia
POR ESTO! ha advertido que son muchos más los involucrados en el latrocinio en perjuicio del pueblo tabasqueño, así como en las tareas de blanqueo en Yucatán, y que las operaciones consignadas hasta ahora no son todas, pues el “Grupo Tabasco” y su contraparte yucateca operaron en numerosos ejidos.
Independientemente de las medidas que han tomado y seguramente tomarán las autoridades que investigan este mayúsculo desfalco al erario, urge también modificar la legislación agraria que permite la simulación y facilita la infiltración de elementos indeseados en el seno de los ejidos, evidentemente con la complicidad de los funcionarios del sector, quienes deberían ser sancionados ejemplarmente para cortar de tajo la especulación con terrenos ejidales.
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