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Tabasco: ¿qué espera la PGR?
Si el gobierno de Tabasco ya le pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que coadyuve en la investigación contra el ex Gobernador Andrés Granier Melo, ¿por qué la dependencia federal no ha actuado? Desde febrero pasado, el actual Gobernador tabasqueño, el perredista Arturo Núñez Jiménez, denunció un desfalco por mil 918 millones de pesos y una deuda pública de 17 mil 737 millones de pesos en las cuentas de su antecesor Andrés Granier, por lo que ordenó una investigación por desvío de recursos públicos. Núñez Jiménez explicó entonces, y lo ha hecho en ocasiones recientes con más pruebas en la mano, que las irregularidades aparecen en las cuentas del estado desde 2007, cuando el ingeniero químico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó a gobernar Tabasco.
El mandato de Granier Melo concluyó el 31 de diciembre pasado. De entonces a la fecha, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad ha recabado más evidencias para citar a comparecer al ex Gobernador priista, incluido el hallazgo de 88 millones 560 mil 134 pesos en una casa relacionada con otro miembro del grupo cercano a Granier, que también está siendo investigado: el ex titular de la Secretaría de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda.
Sin embargo, ayer “El Chelo”, como le dicen los tabasqueños, no se presentó a una audiencia ante el Ministerio Público, argumentando, según su abogado, que el citatorio no le fue entregado en los términos legales correspondientes.
Andrés Granier Melo no es aún un prófugo de la justicia. Pero poco falta. La Procuraduría General de Justicia de Tabasco dijo que enviará un segundo citatorio al ex Gobernador de la entidad y que el químico no tiene derecho a saber de qué se le acusa: “No sólo está perdiendo la oportunidad de esclarecer, sino de conocer la averiguación previa por la que se le acusa”, planteó el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas.
El Procurador local también expuso que, hasta ahora, no ha pedido la colaboración de la Interpol para localizar a Granier Melo. Sin embargo, no descartó ese recurso en dado caso de que el químico no se presente a comparecer. Aunque antes dijo que también solicitaría la ayuda de la PGR, ayer ya ni la mencionó.
La Auditoría Superior de Tabasco y la Contraloría General han turnado la información con la que contaban a la PGR, para que ésta, con la facultad legal que tiene, pida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera inicien las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos de la entidad durante la administración de Granier Melo. Pero nadie sabe si eso está ocurriendo.
El Procurador Murillo Karam apenas si se ha referido al hecho y, en su lugar, fue el propio titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, quien se refirió recientemente al asunto, al comentar que Núñez Jiménez tiene “todo el apoyo, todo el respaldo que quiera el Gobernador, así lo sabe (…) hemos estado en completa coordinación”.
Lo cierto es que ante el cúmulo de pruebas ligadas a Granier y su hombre de confianza Sáiz Pineda, la actuación de la PGR se ha visto muy lenta. Ayer, durante la inauguración de la XXIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Jesús Murillo Karam aseguró que en la situación actual del país no se pueden permitir errores: “No podemos quedarnos en la disyuntiva de un Estado pasivo, pero menos aún en al de un Estado represivo.
En conclusión, la libertad y la paz, están ligadas de manera indisoluble a la certeza de la justicia y esa es precisamente nuestra tarea”. También destacó: “Porque no se puede construir seguridad cuando no hay confianza, porque no se puede hablar de paz cuando no hay igualdad, porque no se puede hablar de justicia, en concreto, cuando ésta no es plena para cubrir las necesidades elementales de la sociedad”. Pero la inacción de las autoridades en un caso con tantas evidencias como el del priista Andrés Granier no apoya la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, y tampoco es buena señal si de lo que se trata es de aplicar la justicia sin “particularizar o parcializar los objetivos”, como afirma el propio Murillo.
(SIN EMBARGO.MX)
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