Por Esto!
La trama del hambre
En la denuncia penal que presentó el PAN ante la PGR por el caso del uso electorero de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Veracruz, se establece que al frente de la estructura paralela se encuentra el gobernador Javier Duarte / No sólo se exhibe al mandatario estatal como jefe de delincuentes electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles
MÉXICO, D.F., 20 de abril (PROCESO/ALVARO DELGADO).- La red de funcionarios federales, estatales y municipales para usar ilegalmente los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al descubierto por el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La Cruzada contra el Hambre.
En la denuncia penal que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República (PGR), a través del diputado federal Humberto Alonso Morelli, no queda duda: Duarte está al frente de la “estructura paralela” al PRI en Veracruz, como lo confiesan los responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del gobernador priista.
A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso tiene copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer triunfar al PRI con base en el uso ilegal de programas federales, estatales y municipales, una trama en la que intervienen al menos 59 servidores públicos –no 57–, la mayoría priistas.
Pero también en la denuncia contra “El cártel rojo de Veracruz” –como lo denomina el PAN– se identifica como “cómplices” a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes facilitan la infiltración de priistas como funcionarios y realizan cambios de credenciales de elector indebidamente.
Según la denuncia, están involucrados el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera Olvera; Mariana Sánchez “y los encargados de los módulos” del IFE, así como la presidente del IEV, Carolina Viveros González; el vocal de capacitación, que no identifica, y “los capacitadores asistentes electorales”.
La denuncia refiere que los funcionarios del IFE “autorizaron cambios de domicilio de electores entre municipios que no son procedentes de acuerdo con la normatividad legal, principalmente a los municipios de Boca del Río y Veracruz”.
Por ello pide a la PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se hicieron este año de otros municipios del estado a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, “así como de municipios de los estados limítrofes con Veracruz proporcionando los nombres y demás datos de dichos electores”.
En la denuncia ante la PGR, el PAN asegura: “Se tiene conocimiento de que en todo el estado está operando una estructura paralela similar a la de Boca del Río y de que se ha estado contratando a personas con residencia en otros estados para que voten a favor de los candidatos del PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus lugares de origen y regresándolos al terminar la jornada electoral”.
Añade: “Según sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a diversas ciudades del estado, principalmente Veracruz y Boca del Río, con la complicidad de los funcionarios y empleados del Registro Federal de Electores antes mencionados, quienes no exigen un documento que acredite fehacientemente su residencia efectiva”.
En el caso de los funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios en el sentido de que ese órgano “está de nuestro lado”, pero también se planea colocar como funcionarios de mesa directiva de casilla a priistas, como lo planteó en una reunión la representante del PRI ante el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.
La priista dice que se debe trabajar “para que nuestra gente ocupe las primeras posiciones en este proceso electoral” y por eso pide que se invite a priistas para que se capaciten: “Y, bueno, nosotros nos encargamos de lo demás a través del capacitador de convocarle una posición de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas directivas de casilla) como presidente, secretario y como escrutador”.
Otro videoescándalo
Con base en más de 13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de violar los artículos 108 de la Constitución –que establecen que los gobernadores son responsables por las violaciones a ésta, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales–, y 134, que obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
También se le imputa al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer numerosos delitos previstos en el Código Penal y en cuatro leyes –asociación delictuosa, entre ellos–, así como el Programa de Blindaje Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la entrega de los programas sociales, como Oportunidades, pensiones, despensas, sillas de ruedas, prótesis auditivas…
Este golpe político del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo artífice es el expriista Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que fue invitado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.
La operadora de este plan, la experredista Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue ubicada por el PAN como la artífice del uso clientelar de los programas sociales en varios de los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio de este año, como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El presidente del PAN, Gustavo Madero, advirtió que esos estados son “focos rojos” y, entre otras demandas, exigió a Peña Nieto, en una carta, separar de sus cargos a Robles y a Duarte, así como a todos los funcionarios involucrados, e integrar “con rapidez y eficiencia” la averiguación previa derivada de la denuncia presentada.
“Hay una fusión entre el PRI-gobierno que violenta todas las normas constitucionales que obligan a la imparcialidad y a la equidad en las contiendas. Esto se materializa en una estructura paralela o ciudadana, encabezada por el gobernador de Veracruz y en la que participan 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno.”
Esta estructura, dijo Madero, constituye una asociación delictuosa, porque opera en todos los municipios de Veracruz con recursos de los programas sociales públicos para ponerlos al servicio de los candidatos del PRI, lo que constituye una violación grave a la Constitución de la República, a la local y a las leyes penales y electorales.
“Violenta también el espíritu democratizador del Pacto por México, pero sobre todo constituye un abuso y una falta absoluta de moral pública, de ética política y de respeto a la dignidad humana”, puntualizó al dar a conocer las grabaciones de los funcionarios implicados.
En este nuevo videoescándalo, cuya grabación los Yunes se la atribuyen a la priista Aurora Delgado Huerta –que ya lo negó–, Robles salió perjudicada: Será sujeta a una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados.
Y es que los propios involucrados, que fueron audiograbados y videograbados a pesar de extremar precauciones para mantener en secreto el plan, se ufanan de que el PRI siempre ha operado electoralmente mediante la compra de votos de los ciudadanos más pobres del país.
“Así se ha hecho siempre en nuestro partido, de darles las cosas”, confiesa Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud de Duarte hasta el 7 de marzo y desde entonces coordinador operativo de la “estructura paralela”, quien, en sus intervenciones, es prolijo en el repertorio de prácticas de defraudación electoral.
Comprar votos no es sencillo, acepta el propio Anaya: “No es fácil comprar una elección, el ir y comprar votos, porque hay que saber a quién comprárselos. Y lo han visto y lo han vivido y lo hemos visto todos los que sabemos de esto: No es fácil, porque a veces damos el dinero a quien no nos va a responder o al menos nos agarran de pendejos”.
Alarde de mapaches
Justamente para “saber a quién” comprarle los votos es que los operadores de la estrategia encabezada por Duarte consiguieron los padrones de beneficiarios de los programas sociales, que los propios funcionarios les proporcionaron en las reuniones secretas.
Así consta en las grabaciones que se anexan a la denuncia presentada ante la PGR, en las que participaban funcionarios de la Sedesol, cuyo delegado Ranulfo Márquez Hernández fue separado del cargo por la secretaria Rosario Robles, el jueves 18, un día después de que el PAN estalló el escándalo.
sigue leyendo
No hay comentarios:
Publicar un comentario