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Intocable
Mientras la mayoría priista y sus aliados determina acotar el fuero para los legisladores, se mantiene la total inmunidad para el presidente de la República
MÉXICO, D.F., 5 de marzo (APRO).- Con 376 votos a favor, 56 en contra y cinco abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular el proyecto de reforma para eliminar el fuero constitucional a legisladores y servidores públicos, pero no al Ejecutivo federal.
Después de la discusión en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, devolvió al Senado el dictamen aprobado, después de que los diputados modificaron el artículo 111 que establecía:
“Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la Constitución, y en este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
Con lo anterior, se eliminó la posibilidad de que el Ejecutivo federal sea sometido a juicio penal, es decir, que pierda su fuero.
En su argumentación a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, se montó en la propuesta que, en 2007, hizo el PRD para eliminar el fuero constitucional.
Señaló que el propósito “original” de esa figura, así como de la inmunidad parlamentaria, era proteger al legislador en el ejercicio de sus funciones, “sin embargo –dijo– la concentración del poder político y el autoritarismo han hecho equivalente la inmunidad con la impunidad”.
Moreno Rivera detalló que en el dictamen se propuso que los servidores públicos no sean privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, pero sí sometidos a proceso penal en la comisión de un delito, y que continúen en funciones hasta en tanto se dicte la sentencia condenatoria respectiva y ésta haya causado ejecutoria, atendiendo al principio de presunción de inocencia.
Posteriormente, apuntó, esta sentencia deberá hacerse del conocimiento del órgano al que pertenezca el servidor público, con la única finalidad de separar al sentenciado de su cargo, quien quedaría a disposición de la autoridad correspondiente.
En el caso de acusaciones distintas a las de tipo penal, no se aplicará la inmunidad parlamentaria.
“Con esta reforma aspiramos a que los servidores públicos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los secretarios de despacho, los diputados locales, el procurador general de la República, los gobernadores, el procurador del Distrito Federal, por señalar algunos, respondan ante la justicia penal y no se escuden en el desempeño de sus cargos públicos”, puntualizó Moreno Rivera.
Enseguida, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió el voto de sus compañeros, pero antes subrayó: “No debemos pasar por alto la vieja demanda social de que se modifique el sistema de inmunidad de los servidores públicos para evitar situaciones de impunidad, por lo que es imperativo votar a favor de la presente reforma, con la que estaremos transitando hacia una República constitucionalista más igualitaria, fortaleciendo los principios de igualdad y justicia entre los mexicanos”.
Igualdad en la que no se incluye al Ejecutivo federal, ya que quien ocupe dicho cargo no podrá ser sujeto a un proceso judicial.
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