Homozapping
El doble filo de la Ley de Amparo: primer round entre Concesionarios y EPN
(Primera Parte)
Jenaro Villamil
Primera parte del texto originalmente publicado en la Revista Proceso.
El lunes 11 de febrero, en una comida con senadores del PRD, el director de Información de Grupo Televisa y estratega jurídico de la empresa, Javier Tejado Dondé les advirtió a los legisladores de izquierda:
-A nosotros no nos preocupa la reforma
de la ley de telecomunicaciones. Vamos a aceptar la competencia. Es más
preocupante la reforma a la ley de amparo que van a aprobar en la Cámara
de Diputados. Le van a dar todo el poder a Peña Nieto. Le darán un
poder ilimitado.
Tejado les advirtió que se iba a generar
un “encontronazo” entre las cúpulas empresariales que, para esa hora,
ya declaraban en los principales noticiarios de radio y en programas
informativos de televisión su oposición a una parte de esa reforma.
La cúpula
empresarial encabezada por Claudio X. González, del Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios que agrupa a los 36 grupos económicos más fuertes
del país y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo
Gutiérrez Candiani, hicieron su último esfuerzo para frenar las
modificaciones a las fracciones XI y XIII del artículo 129 de la Ley de
Amparo. Se reunieron al medio día con el secretario de Gobernación,
Miguel Angel Osorio Chong. Querían frenar ese cambio. El ex gobernador
de Hidalgo les dijo que ya no podía dar marcha atrás a la iniciativa.
Para el sector empresarial y los grandes
concesionarios el problema no era toda la iniciativa, aprobada en el
Senado de la República en octubre de 2011, sino las modificaciones al
artículo 129 que prohíbe la figura de la “suspensión del acto reclamado”
cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización,
aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público
referidos en el artículo 27 constitucional, es decir, petróleo, agua,
espectro radioeléctrico, minas, ferrocarriles, aviación, etc.
Eliminar la figura de la “suspensión”
fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) al gobierno de Peña Nieto. El ex secretario
de Hacienda, Angel Gurría, la cabildeó con la nueva administración y se
incorporó en el texto del Pacto por México, firmado con las dirigencias
del PAN y del PRD.
El Compromiso 80 del Pacto lo estableció así, genéricamente:
“Se llevará a cabo una reforma integral a la ley de amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales”.
Lo que ninguno de los dirigentes del
sector empresarial esperaban era que en la sesión de la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados, del 6 de febrero, se incorporaran
las modificaciones al artículo 129. Legisladores del PAN, PRD y PT
expresaron su preocupación porque el PRI pretenda otorgarle un “garrote”
al titula del Ejecutivo para actuar contra televisoras, telefonía,
bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los
que legalmente exploten los llamados bienes de la nación estipulados en
el artículo 27 constitucional.
“El 99 por ciento de la Ley de Amparo ya
está procesada, consensada y existe voluntad de toda la Cámara de
Diputados para discutirla en el pleno y aprobarla” el martes 12 de
febrero, declaró Fernando Zárate Salgado, diputado del PRD.
Zárate reconoció que sólo existe
controversia en dos supuestos: “uno, el artículo quinto, que amplía el
amparo a particulares, y número dos, la eliminación de la suspensión
específicamente en lo que toca a los concesionarios del artículo 27
constitucional”.
De pronto, las posiciones de algunos
legisladores de las izquierdas coincidieron con los de la cúpula
empresarial e, incluso, con las de Televisa.
“El que no tengan la suspensión
significa, de entrada, que no pueden frenar el acto de autoridad hasta
que el juicio se resuelva, varios meses o años después. La suspensión es
una garantía de audiencia y para detener actos arbitrarios que se
habían estado dando; ha habido abusos por parte de algunos operadores,
pero ahora se ve que llegan con una posición muy fuerte los diputados
priistas”, declaró Tejado Dondé a Radio Fórmula, un día antes de la
aprobación.
En paralelo, el presidente de la
Cofetel, Mony de Swaan, y algunos legisladores declararon que era
necesario modificar el mecanismo de la suspensión porque varios
concesionarios lo habían utilizado para “presionar” o “especular” con
decisiones de la autoridad, para frenar licitaciones que abrieran la
competencia o para sentarse a negociar con el gobierno desde una
posición de fuerza.
Tan sólo en el último año, Cofetel
enfrentó 450 acciones legales en contra del proyecto de Televisión
Digital Terrestre, de resoluciones y planes emitidos por el pleno. Uno
de los casos más escandalosos fue en el 2010, cuando Iusacell, de
Ricardo Salinas Pliego, obtuvo una suspensión que le impidió a Nextel
explotar los títulos de concesión derivados de la Licitación 21. La
presión de Salinas Pliego rompió la sociedad entre Nextel-Televisa,
forzó un acuerdo con la telefónica dirigida por Gustavo Cantú y derivó
en la “megafusión” de Televisa-Iusacell anunciada en 2011.
Otro caso fue el amparo que interpuso
Telcel en contra del Plan Técnico de Interconexión de Cofetel, en 2009.
La compañía logró la suspensión y el plan que permitiría disminuir las
tarifas de interconexión se frenó.
La Suprema Corte de Justicia estableció
desde junio de 2010 que no procedía la suspensión en un juicio de amparo
cuando una empresa concesionaria de telecomunicaciones pretenda dejar
sin efectos los actos de autoridad. La votación fue muy cerrada en ese
momento: 5 votos contra 6 de los 11 ministros integrantes de la Sala
Superior.
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