Y salen con la embajada de no saber nada

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Víctimas incontables 
Lilia Arellano


Estado de los ESTADOS

Inexistentes registros delictivos
Multiplicación de cárteles: PGR
“Inseguridad inimaginable”: EG
Chihuahua: cartitas a Los Reyes
Estancan a la reforma educativa
Q. Roo: ex tesorero chantajista

“Jamás penséis que una guerra por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen”.- Ernest Hemingway

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció, tácitamente, que no hay un número exacto de muertos derivado de la “guerra” contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, al hablar de que hubo “aproximadamente 70 mil muertos en el sexenio pasado”. De ahí que se mencione ahora, la necesidad de llevar a cabo una estrategia de esas que llaman “integral”, pero que viene a desnudar una de las más graves fallas que ha tenido el sistema mexicano: no hay registros ni censos en ningún renglón que sean totalmente válidos y, lo que es todavía peor, ni siquiera medianamente ciertos.

Tenemos así que aunque el ex gobernador de Hidalgo sostenga que existe la necesidad de conocer la totalidad de víctimas, también se revela que no se sabe cuántos niños se han robado en México, quiénes y cuántos han sido los secuestrados, cuántos hay en calidad de desaparecidos, cuál es el número de huérfanos y qué trato están recibiendo con sus familiares para lograr superar la pérdida sufrida. Y esta falta de registros no es solamente un error que cometieran los panistas, sino que ha sido de todos los gobiernos priístas.

En el pasado más o menos reciente, durante el mandato del fallecido Miguel de la Madrid, nunca se supo cuántos y los nombres de las víctimas del terremoto de 1985. Pasaron los años y se mantuvieron diferentes cifras, la realidad quedó oculta. En el colmo, ni siquiera la institución dedicada a la tarea de contar a los ciudadanos cumple cabalmente con su cometido y prueba de ello, la encontramos en la asignación de los presupuestos federales que no son, en la mayoría de los casos, suficientes para las entidades que registran constantes flujos de migración.

No se conoce el número exacto de policías, ya sea por área o por municipio o por Estado o los federales, no quisiéramos pensar que lo mismo sucede en las fuerzas armadas y parte de ello, se debe al número inflado de las nóminas, a esa parte dedicada en los ingresos a los “fantasmas”, a las firmas y cobros que contribuyen a que aumenten los patrimonios familiares de los grandes jefes. Sexenio tras sexenio, se nos vende un programa en el que supuestamente todos estarán inscritos y permitirá conocer antecedentes para que nos sean despedidos de una corporación y reingresados a otra y nunca lo han hecho realidad.

Si en un momento solicitáramos saber el número de burócratas, tampoco lo tendrían ni siquiera si se les otorgara un plazo razonable para entregarlo. En nuestro país, los números no existen y tan es así que tampoco se les piden cuentas sobre los dineros. Aceptaron, tanto el titular de Gobernación como el de la PGR, que los fondos para que solucionaran el problema de la inseguridad se triplicaron y no se logró el objetivo, sin embargo, nadie habla de la rendición de estas cuentas, nada dicen sobre el destino de todos esos recursos, no se exigen comprobaciones porque se autorizaron sin medida las partidas secretas para los gastos de supuestos “testigos protegidos”.

Porque resulta que el Procurador desnuda el hecho de que la dependencia a su cargo carece de métodos científicos, o sea que nada se ha hecho por modernizarla, pese a que se cuenta, a nivel internacional, con avances tecnológicos al por mayor para detectar desde pandillitas hasta grandes mafias y si el dinero no se empleó en este renglón y tampoco para atrapar a los malosos, ¿dónde quedó? Porque no es suficiente con el reconocimiento de que por ese rezago se tenga que recurrir a prácticas que “no son las mejores”, dijo, hay mucho más de fondo de lo que deberían, tendrían que llegar de no estar todos en un plan de complicidad para el silencio y la impunidad.

Ahora que, nos informa Murillo Karam, los cárteles se fraccionaron y que hay entre 60 y 80 en el país. Si saben cuántos son, suponemos que también conocen a quiénes los comandan y los lugares donde operan y, por lo tanto, su aprehensión habrá de ser muy rápida, ¿o se trató sólo de ponerlos sobre aviso de que ya se sabe que existen y que están vigentes y obteniendo ganancias? Si tomamos en cuenta la estructura, la conformación de estos grupos y la comparamos, tendríamos un escenario igual al político en la época de Plutarco Elías Calles por lo tanto, se haría necesario que ellos firmaran un gran pacto que los uniera, como entonces, en pos de su sobrevivencia y de intereses porque sin duda alguna que ya todos estos grupos tienen injerencia, poder, dinero, influencia en los ámbitos de decisión gubernamentales, incluso tienen tomadas muchas zonas del país en las cuales su voz es ley, lo cual incluso fue admitido por el propio coordinador de senadores priístas, Emilio Gamboa.

Se requiere ya de algo más que de palabrería y confirmación de datos que se han registrado y dado a conocer día tras día, mes tras mes, año tras año, en diversos medios de comunicación que, incluso, fueron tachados de antipapistas, de enemigos de Calderón, etcétera, cuando solamente se cumplía con el deber de informar y comentar. De nada sirve que confirmen que hubo cuatro mil arraigos y que de ellos solamente en 129 casos se encontraron elementos que confirmaran la detención y de ellos ninguno está en la cárcel, todas fueron pifias de la procuradora, algunas por ineficiencia y otras por corrupción, ya que hubo culpables a los que dejaron ir por “instrucciones de arriba”.

También dijo Murillo que si hay investigaciones en contra de diversos funcionarios de la SEIDO, antes SIEDO y luego llámela como quiera que seguirá siendo igual de ineficiente, habrá que ver si en algún legajo se toca a todos aquellos que han lucrado con la inseguridad porque tan malos han sido aquellos que se alquilan también a las filas de los mafiosos estando dentro de la policía o del Ejército o de la Marina, como los que han robado, los que se han aprovechado de la falta de registros, de conteos, de todo lo que destruyó la seguridad para enriquecerse vilmente y con miles de cadáveres de por medio.

Porque habrá voces como la del diputado Guillermo Anaya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, paradójicamente panista, que sostenga que lo hecho por Felipe Calderón fue del todo correcto, que se practicó una política de prevención del delito y de respeto a los derechos humanos, pero lo malo es que no se vio y tampoco hubo resultados. En lo que el legislador no está equivocado, es en los anuncios que se hacen en la materia y de los que advierte: “son iguales a los ejercidos durante los pasados seis años. Es efecto mediático y puras buenas intenciones”.

Está suficientemente claro el grado de complejidad en la resolución de este tema y más aún, cuando se sabe, se tiene conocimiento, se reconoce oficialmente, la misma policía, autoridades de todos los niveles hasta llegar a la casona de Los Pinos, se han visto involucrados en actividades del lado de los mafiosos. Mientras ese círculo no desaparezca y cada quien ocupe su lugar o bien se llegue a pactos de unos con otros pero ya muy bien cimentados o en su defecto se legalice la venta de drogas, no habrá una solución real sin tanta sangre de por medio. Aunque todavía quedan los delitos comunes y los secuestros y la venta de protección y la trata de blancas y los polleros y el contrabando que con todo y los grandes acuerdos comerciales sigue vigente. Las visiones siguen siendo cortas ¿o no?

CAUTELOSAMENTE OFICIALES 

En tanto que el líder priísta en el Senado, el yucateco Emilio Gamboa, sostiene que el problema de la inseguridad en México “es más grave de lo que imaginamos” –bonita expresión la de la imaginación, sobre todo para aquellos que han perdido a sus familiares por esta causa y a los que han pagado rescates y los que liquidan semanal o mensualmente protección-, y también admite lo que tantas veces se denunció: “Hay carreteras que no se pueden transitar, ni municipios donde se pueda caminar libremente”, Enrique Peña Nieto dijo en Chihuahua que no debe ser un ambiente de inseguridad lo que distinga al país.
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