Borrón y cuenta nueva
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
EPN presenta ejes de su política de seguridad
Desacreditan estrategia de la “guerra al narco”
Habrá total impunidad para los calderonistas
Impulsan creación de “Gendarmería Nacional”
PAN y PRD respaldan propuesta presidencial
Chuayffet bailará reforma educativa con EEG
Cancún: cinco trienios de impunidad y saqueo
“La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación”.- Ramón J. Sénder.
Por fin el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció su estrategia contra la grave inseguridad que padece el país y anunció los ejes de su política en esta materia: Planeación, Prevención, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación y Transformación Institucional. En Palacio Nacional, donde se realizó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hubo fuertes críticas a la estrategia que siguió el gobierno de Felipe Calderón, en la que se despilfarraron miles de millones de dólares sin resultados positivos y saldos totalmente adversos para el país. Aún así, destacó sin mencionarse el hecho de que los acuerdos a los que llegaron Calderón y Peña Nieto para una transición pacífica y sin sobresaltos, incluyeron la impunidad por la responsabilidad de los funcionarios calderonistas que propiciaron una masacre a lo largo del sexenio pasado. Borrón y cuenta nueva es, en esencia, el principal anuncio gubernamental de este lunes. Lo pasado, pasado y a otra cosa mariposa.
Aunque se respetan los acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con George W. Bush y Barack Obama, en torno a la injerencista Iniciativa Mérida o Plan México, todo parece señalar que partimos de cero para contrarrestar la trágica ola de violencia que sigue tiñendo de rojo al territorio nacional. A lo más que se llegó ayer en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, fue a desacreditar oficialmente a los métodos seguidos y aplicados por los funcionarios del régimen pasado, principalmente a los operados por los ex secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina-Armada de México y la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal.
El hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, criticó que la publicitada captura de los principales capos de algunos de los cárteles de la droga propició la fragmentación de los grupos criminales, no su desaparición o extinción, lo que provocó mayor violencia y más inseguridad pública en diversas regiones del país. Reprobó que a pesar de que dos veces se aumentaron los recursos contra la delincuencia, dos veces también aumentó la tasa de criminalidad, al grado de que entre 2006 y 2012 se tienen un registro 10.56 millones de delitos. El ex gobernador subrayó que México enfrenta altos niveles de violencia, lo que reclama una acción coordinada para enfrentar este fenómeno. Sin duda que le faltó señalar que los capos sobrevivientes aumentaron su poder armamentístico y, sobre todo, económico. El lavado de dinero floreció y sus fortunas aumentaron inconmensurablemente. La revista Forbes lo ha corroborado año con año.
También el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al intervenir en la sesión extraordinaria del mencionado Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la dependencia arrastra desde hace años una estructura que ya no responde a la impartición y procuración de justicia que requiere la sociedad mexicana. Destacó que la irrupción de una delincuencia con poder y dinero, propició que los gobiernos federales y de los estados se vieran obligados a actuar siempre en base a la coyuntura y sin una verdadera planeación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Recalcó que las instituciones de seguridad y las de procesamiento de información estratégica “padecen una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación que es imprescindible para enfrentar con éxito sus funciones e impide también contar con objetivos claros y resultados medibles”. No mencionó la utilización que se hizo de esta dependencia para la persecución de fines eminentemente políticos, como en el caso del “Michoacanazo” o el “Moreirazo”, por citar tan sólo dos ejemplos diferentes, pero que contribuyeron a la putrefacción de la dependencia.
NUEVOS EJES
Ante todos los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los miembros del gabinete de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto enumeró los ejes de su política en esta materia: Planeación, Prevención, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Coordinación y Transformación Institucional, y Evaluación, en las que destacan la creación de una Gendarmería Nacional y la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención del Delito. Antes, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con los mandatarios estatales y el jefe de Gobierno capitalino, con quienes abordó la necesidad de la reforma constitucional para contar con códigos penal y de procedimientos penales únicos en el país, así como la reforma para la unificación de los mandos policíacos.
Peña Nieto sostuvo que la tarea de recuperar la seguridad, la justicia y la paz social para el país no debe tener colores ni intereses partidistas, y señaló que habrá una relación de respeto y corresponsabilidad en los temas de seguridad, justicia y paz, que son los reclamos de la sociedad. Advirtió que en las tareas por venir, todos son corresponsables y deben cooperar, no competir. Aseguró que “no habrá improvisación, y habrá fechas precisas para evaluar las principales metas”, en las que los objetivos prioritarios son reducir la violencia, recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas, además de reducir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.
Por lo que toca al primer eje de la nueva estrategia, la Planeación, Peña Nieto subrayó que no habrá improvisación, por lo que se darán fechas específicas para cumplir los compromisos. Este fue, precisamente, uno de los puntos más criticados al gobierno anterior. Sobre el segundo eje, la Prevención del Delito, se atenderán las causas de los fenómenos criminales y no sólo sus consecuencias. Se aplicará un programa transversal que combatirá las adicciones, rescatará espacios públicos, ampliará la escuelas de tiempo completo y promoverá proyectos productivos. Este programa contará con un presupuesto de 115 mil 625 millones de pesos, además de que se propone la creación de un Fondo para la Prevención del Delito de 2 mil 500 millones de pesos.
Por lo que toca al tercer eje, protección y respeto a los Derechos Humanos, otra de las grandes fallas de la gestión calderonista, anunció que se pondrá en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos, se crearán los protocolos de actuación para todos los cuerpos policíacos del país, y se depurará el Instituto Nacional de Migración que se destacó, precisamente, por la infiltración de la corrupción y la negligencia en la atención a los migrantes centroamericanos. En la otra cara del mismo problema, la organización Oxfam México acusó que el actual gobierno federal no demostró interés en el tema de los migrantes que parten a Estados Unidos, a pesar de la reducción de remesas y el retorno de paisanos. Señaló que el Pacto por México no menciona el tema y el proyecto de presupuesto tampoco es alentador, dijo.
En cuanto al cuarto punto, la Coordinación, Peña Nieto aseguró que se fortalecerá el trabajo entre el Gobierno Federal, Estados, Distrito Federal y municipios. También reiteró el anunció de Osorio Chong sobre que el país se dividirá en cinco regiones operativas consensuadas con los estados para lograr mayor eficiencia operativa. Asimismo, pidió a la Secretaría de Hacienda revisar la situación de los fondos de seguridad pendientes de entregar a las entidades federativas.
En cuanto al quinto eje, la transformación institucional, urgente desde cualquier punto de vista, el presidente reiteró que la Secretaría de Gobernación se hará cargo de las tareas de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y que se reorganizará a la Policía Federal. Ordenó la creación de la Gendarmería Nacional, que será la responsable de fortalecer municipios e instalaciones estratégicas, como aeropuertos, puertos y fronteras. Para su arranque contará con 10 mil elementos. También reiteró que las Fuerzas Armadas seguirán en las calles hasta que se consoliden fuerzas estatales. Se pondrán en operación cinco centros regionales para capacitar a policías y uno para formar a mandos. Asimismo, se crearán 15 unidades de la Policía Federal dedicadas a combatir el secuestro y la extorsión.
El sexto eje será el de la evaluación permanente, con indicadores claros para dar seguimiento al desempeño de autoridades, lo que permitirá retroalimentar y ajustar el curso de la política de seguridad.
Por desgracia, no se habló ni una palabra de llamar a cuentas a los funcionarios del sexenio anterior, responsables del tiradero en que se encuentra el país en materia de seguridad y que fueron los que operaron la fallida estrategia contra los cárteles de la droga y el crimen organizado que dejó 150 mil víctimas, más de 10 mil desaparecidos y más de 300 mil desplazados. Tampoco se mencionó la necesidad de investigar las fortunas de ex funcionarios y mandos que fueron permeados por el crimen organizado y que incurrieron en actos de corrupción.
En cuanto a los costos económicos, por cuyos daños tampoco ha sido llamado a cuentas nadie, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) reportó que el costo total que la inseguridad y el delito tienen en unidades económicas del país, es de 115 mil 200 millones de pesos al año, lo que equivale a 0.75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2011, el 37 por ciento de las unidades económicas del país sufrió al menos un delito durante 2011.
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