Rocío González Alvarado
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el
Código Penal a fin de que, en caso de que se presuma que alguien posee
recursos o bienes ilícitos, de manera directa o indirecta, tenga la
obligación de acreditar su legítima procedencia.
En su exposición de motivos,
el titular del Ejecutivo local detalla
que estos cambios servirán para hacer más eficiente el combate a la
delincuencia y cumplir con el convenio de coordinación en materia de
seguridad pública,
principalmente en lo referente a la tipificación de
la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo.
De este último punto se propone incorporar sanciones, de cinco
a 30 años de prisión, a quien cometa actos de cualquier naturaleza que
tengan el efecto de financiar, aportar o recaudar fondos económicos, que
perturben la seguridad y paz pública o menoscaben la autoridad del
Gobierno del Distrito Federal.
La propuesta agrega que este tipo de ilícitos son equiparables al
delito de terrorismo que está tipificado en el Código Penal federal,
pero que no se plantea modificar la denominación jurídica de esta
conducta delincuencial por corresponder así a la política criminal
del gobierno local.
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