Invalidez electoral
Manuel Bartlett
Nadie puede negar el rebase de los topes de campaña por Peña Nieto, desde el primer día. La inundación del país de publicidad, de todos tamaños, descrita por periódicos nacionales en esos días. Violación denunciada ipso facto ante el IFE, negándose este a intervenir alegando impedimentos por los plazos legales.
Sin embargo la fiscalización investigó permanentemente, como es su obligación, en todo el territorio nacional, por lo que tiene las evidencias de estas violaciones que deben formar parte de la información que requiere ahora el Tribunal Electoral. Al aplastante gasto publicitario, deberán sumarse las erogaciones ilimitadas en transportes de militantes y del candidato y su sequito, en flotillas de aviones y helicópteros y miles de autobuses, también reportados por medios de comunicación.
Nadie puede negar la parcialidad de múltiples medios, la exhibición del pago de facturas a destacados comunicadores para engrandecer a Peña Nieto y a las televisoras, lo que incremento particularmente los gastos de campaña.
Nadie puede desconocer las revelaciones sobre miles de tarjetas de prepago relacionadas con la campaña de Peña Nieto, adornadas con su imagen; la existencia de empresas fantasma, la triangulación de fondos para ocultar su origen; la confesión del PRI, de haberlas utilizado supuestamente para el pago de representantes electorales, alegando no ser gastos de campaña, lo que es falso y que con la sola confesión se rebasa con creces la cantidad fijada para aportaciones de origen privado, si es que pudieran demostrar el origen licito de esos recursos y la legalidad de las transferencias, lo que no podrán hacer, cayendo no solo en el rebase del tope, sino en francos delitos electorales.
Todo esto y más deberá estar en el informe de la fiscalización del IFE, que no carece de recursos para hacerlo, so pena de miopía inadmisible.
Nadie puede negar que la decisión misma del candidato y sus asesores de utilizar el dinero, sin límites, como estrategia electoral es ilegal, basada en la confianza de los infractores, de que los tiempos de la ley les permitirían imponerse impunemente en la elección y solo pagar a posteriori una multa negociada en un Tribunal ante un “Presidente Electo”, interpretación de la ley que tendría que pasar por encima de los principios constitucionales que la rigen y de un evidente fraude a la ley.
Ante las impugnaciones y revelaciones que deberían de llevar al escándalo y a la exigencia de los propios medios, de transparencia y justicia electoral, el coro de medios y comentaristas, que han apoyado permanentemente la campaña de Peña Nieto, descalifica ahora la impugnación, acusa a los demandantes de justicia, de malos perdedores, aunque actúen apegados a la ley. Manipulación sin fin a la opinión pública y la pretensión de encajonar al Tribunal ante un hecho consumado.
Destaca el desdén hacia las violaciones de los topes de campaña alegando una diferencia de votos inalcanzable, sin importar que se obtuvieron mediante maniobras ilegales.
La fijación de topes de los gastos de campañas, es una condición ineludible de una elección democrática, su violación la hace sin duda inválida, por hacer inequitativa la contienda, más aun si están involucrados delitos electorales.
La importancia determinante de los topes de campaña fue materia de un celebre Foro organizado en México por el IFE de Woldemberg y la ONU en el 2001 en el que se presentan el control del dinero como un “Reto de la Democracia” y este año, el análisis de la OEA y la ONU sobre la Política y el Dinero en donde se afirma: “El dominio del dinero hace inequitativa la lucha electoral, se impone a la voluntad electoral y anula la legitimidad de origen”
mbartlett_diaz@hotmail.com
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