| Álvaro Cepeda Neri |
En tribunales franceses e
internacionales (como la Corte Penal Internacional, en La Haya, Paises
Bajos, donde también está radicada una denuncia contra Felipe Calderón,
quien no escapará aunque se refugie en Washington, Estados Unidos, ya
negociado con el presidente Barack Obama) se presenta una acusación
contra el cuarteto que fabricó, para Televisa, la “telenovela” de la
captura de Florence Cassez (24 horas después de la real); la novia y
amante de un secuestrador (Israel Vallarta Cisneros, supuesto líder de
la banda de Los Zodiaco), implicada en este delito y por la que
purga una sentencia de 60 años. Esta sanción le fue impuesta con la
transgresión fundamentalmente de los artículos 13, 14; a contrario sensu el 15, 16, 17 y 18 constitucionales (raíces de los derechos humanos).
También le negaron asistencia jurídica, consular, y trasladarla su
país, Francia, para continuar su encarcelamiento conforme a los tratados
internacionales. Si bien el proyecto de resolución, por esas
violaciones constitucionales, del ministro Arturo Zaldívar, no fue
aprobado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se acordó elaborar otro que recoja las consideraciones de los tres
ministros disidentes, con la mira de que la prisionera, víctima de la pandilla
del secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, obtenga
un amparo para reponer el proceso con todas las garantías, derechos,
obligaciones y asistencia de abogados y su consulado para su defensa.
Otra posibilidad es que el amparo determine que un colegiado
reduzca la sanción. Por lo pronto, en París han puesto en marcha una
queja consular contra la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuatro jinetes del apocalipsis de
Cassez: García Luna, Luis Cárdenas Palomino (actual titular de la
División de Seguridad Regional de la SSP), Francisco Javier Garza
Palacios (excoordinador del Grupo de Operaciones Especiales de la
Policía Federal) y Olivia Lizeth Parra Salazar (titular de la Unidad de
Información y Análisis de la SSP ), quienes decidieron
llevarla al rancho Las Chinitas, al sur del Distrito Federal, donde su
novio y amante tenía secuestrados a Ezequiel Yadir Elizalde Flores,
Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian Hilario Ramírez
Ríos (de 10 años entonces), y realizar la filmación en un lugar
distinto a donde había sido aprehendida, para lucimiento del favorito de
Calderón.
A estos cuatro les viene mejor el despectivo epíteto de
“cuatreros”, como calificó a los panistas Lía Limón, al renunciar al
Partido Acción Nacional; pues existen suficientes pruebas confirmadas
por los integrantes de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para ser presentados ante tribunales franceses por abusos
contra Cassez. Y ni a sus abogados les permitieron, tras su detención,
averiguación de la PGR y su presentación ante instancias judiciales,
actuar conforme a la legalidad. Así que García Luna y sus ayudantes
están en el umbral de ser denunciados debido a sus arbitrariedades que dejaron en estado de indefensión a un presunto delincuente.
No procedió el amparo para la galesa. Y con todo y la gritería de la candidata panista a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, la protagonista Isabel Miranda de Wallace, quien ya se ostenta como fiscal, al usurpar funciones y creyéndose la voz del oráculo,
en la elaboración del nuevo proyecto, se repetirá el abuso de García
Luna y sus subordinados; y el escándalo televisivo contribuirá para que
les finquen responsabilidades. Solicitarán su extradición para ser
llevados en cuanto termine el sexenio de Calderón. Éste y los cuatro ya
con demandas, en una de esas pueden volver a encontrarse, pero ya como
acusados por sus víctimas.
*Periodista
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