Ciento veintiséis muertos de 2006 a la fecha
MÉXICO, D.F., noviembre 30 (EL UNIVERSAL).- Las condiciones que generaron la muerte de 124 mineros en accidentes en la zona carbonífera de Coahuila de 2006 a la fecha persisten: se labora en situaciones de riesgo, se violan normas internacionales, hay trabajo infantil y las acciones de gobiernos federal y local son insuficientes para su protección.
Así lo indica el Informe Especial sobre las condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera del estado de Coahuila, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señaló que deficiencias de las secretarías del Trabajo y Economía para inspeccionar y sancionar a empresas que operan de forma irregular provocaron accidentes fatales que pudieron evitarse.
Recomendó reformas legales para endurecer penas contra los concesionarios que reinciden en operar sin acatar las normas, así como hacer eficientes las inspecciones en las minas para la prevención oportuna de siniestros.
En el documento destaca que tan sólo de 2006 a la fecha se han emitido tres recomendaciones contra estas dependencias del gobierno federal por los accidentes registrados en las mineras de Coahuila; hay 17 quejas por siniestros, de las cuales 10 se relacionan con la muerte de 90 personas y seis resultaron heridos; cuatro de los accidentes fatales ocurrieron en lo que va de 2011.
Aunque la cifra de víctimas es mayor, ya que en poco más de cinco años ha habido 124 muertes vinculadas con la extracción de carbón —contando a los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, en febrero de 2006—, de las cuales 80 han ocurrido en “pocitos” (tiros verticales de hasta 100 metros de profundidad), en los que se trabaja de forma rudimentaria e ilegal.
La CNDH documentó que las labores de explotación del carbón “distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”, como marcan los estándares internacionales; tampoco se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, y “las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e incluso a la vida”.
La CNDH concluyó que en la actualidad “una gran cantidad de minas de la zona carbonífera no cuentan con condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de sus trabajadores”.
Señala que las secretarías de Trabajo y Economía han incurrido en omisiones en el desempeño de algunas facultades que la normatividad les otorga, o en cumplimiento deficiente de las mismas, ya que, por ejemplo, a la fecha sigue sin estar actualizado el Directorio Nacional de Empresas para regular e inspeccionar a las compañías que operan las minas, ni existe personal suficiente o capacitado para detectar irregularidades en la explotación del carbón por los concesionarios.
La CNDH subraya que existe “ineficacia administrativa por parte de ambas autoridades (…) lo cual incidió en que se sucedieran accidentes mortales por deficiencias”.
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