Juan José Morales
Cierto individuo que por nombre lleva el de Jorge Emilio González Martínez, y por alias “El Niño Verde”, cuya muy productiva ocupación es desde hace años administrar el —llamémosle así— partido político que heredó de su padre, ha echado el ojo a Quintana Roo. Como entre sus numerosas propiedades posee varias residencias en Cancún, se dice vecino del lugar para poder, eventualmente, ser candidato a puestos de elección popular en el Estado, del cual pretende ser gobernador, o al menos presidente municipal de Cancún. Como paso previo, ha llegado a un acuerdo con el PRI —al servicio del cual puso el membrete de su llamado Partido Verde, como antes lo hizo con el PAN— para ser postulado como candidato a senador. Pero plurinominal, y ubicado en los primeros lugares de la lista, para garantizar su elección aunque tenga una votación mínima.
Pues bien, los quintanarroenses ya tuvieron la semana pasada una probadita de lo que les espera si semejante espécimen de la fauna política llega al poder en su estado. Por iniciativa de su negocio —léase PVEM—, la Legislatura local aprobó imponer la verificación obligatoria de sus vehículos a todos los propietarios de automotores.
El pretexto fue proteger la pureza del aire que respiran los habitantes de la entidad. Pero sólo un niño de pecho se traga semejante cuento, pues lo que menos hay en Quintana Roo es contaminación atmosférica. Lo que se esconde tras ese albazo legislativo es un suculento negocio. De la verificación se encargarán 12 empresas privadas, a las cuales el gobierno otorgó la concesión para ello, sin licitación alguna y sin explicar por qué fueron escogidas. Sencillamente se les entregaron más de 400 mil clientes cautivos —los propietarios de vehículos registrados en Quintana Roo— que, quiéranlo o no, tendrán que utilizar sus servicios, a los precios por ellas fijados y sin discusión alguna, so pena de ser perseguidos por la autoridad.
La forma sorpresiva y rápida con que los diputados del PRI, el Panal y el PVEM dieron trámite a la iniciativa —oficialmente presentada por el Gobierno del Estado pero según vox populi obra del verde infante— no puede menos que despertar suspicacias y hacer que mucha gente se pregunte quiénes están detrás de las empresas verificadoras beneficiadas con la concesión, o de qué tamaño fue la tajada que alguien recibió por el negocito.
Porque no hay que olvidar que en 2004, cuando el PVEM alardeaba de gobernar Cancún porque era presidente municipal Juan Ignacio García Zalvidea —postulado bajo esa sigla—, se difundió un video en el cual “El Niño Verde” ofrecía tramitar permisos para construir desarrollos turísticos y de otro tipo en Puerto Morelos y en Isla Blanca, a cambio de una jugosa “mordida”.
La filmación fue realizada por un miembro del PVEM, Santiago León, quien deseaba exhibir la podredumbre de sus dirigentes. En ella se ve a González Martínez diciendo al supuesto representante de unos inversionistas canadienses: “Tú compras el terreno y yo saco el permiso”. Y más adelante le preguntaba: “Sacamos el permiso, ¿y cuánto dinero nos va a tocar? ¿Dos millones de dólares?”.
Inicialmente, González Martínez afirmó que el video era falso, pero pronto debió reconocer su autenticidad. “Me chamaquearon”, admitió compungido. Al parecer, no le dolió ser exhibido como corrupto y traficante de influencias, sino el no haber recibido los dos millones de dólares.
Aquello no pasó a mayores. No hubo investigación alguna por parte de las autoridades judiciales o electorales, el verde chiquillo siguió vendiéndose al mejor postor y ahora lo tenemos bajo el ala protectora del PRI y del gobernador como posible senador por Quintana Roo, donde parece que ya comenzó a hacer negocios.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
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