Pinche guerra es anticonstitucional

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Las ONG y el almirante
Carmen Aristegui

El difícil y delicado papel que han puesto a desempeñar a las Fuerzas Armadas de nuestro país en los últimos años ha conllevado un conjunto de afectaciones de diferente índole.

Una de las principales, como se sabe, relacionada con los derechos humanos. El creciente número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas ha hecho que las organizaciones ciudadanas y activistas adquieran un papel fundamental en un contexto como el que hoy se vive. Sus trabajos de investigación y de denuncia resultan indispensables para la sociedad ante fenómenos de desapariciones, torturas y muerte de civiles que se presentan en diferentes partes del país atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas y policiacas en el marco del combate al crimen organizado.

La que realizan las ONG es una tarea de vigilancia ciudadana que debe ser apreciada y valorada por la ciudadanía y por las propias instituciones. Significa un esfuerzo de gran valía para intentar contrarrestar los efectos perniciosos de una estrategia gubernamental que ha traído consigo un costo humano de grandes dimensiones en vidas y en afectación de derechos. Por supuesto que miles de muertes, torturas y desapariciones son responsabilidad directa de los criminales que deben ser perseguidos y juzgados por las autoridades.

Aquí de lo que se está hablando es de las implicaciones que tiene para el país que un número indeterminado de estos crímenes haya sido cometido por las propias autoridades. Por eso la apuesta por los derechos humanos es crucial para un país como el nuestro. No en vano se aprobó una reforma constitucional, de gran calado, en esta materia. Justo por eso sorprenden e inquietan las declaraciones del secretario de la Marina, acerca de este tipo de organizaciones ciudadanas y la defensoría de derechos humanos.

Este martes, durante la ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval y con la presencia de Felipe Calderón, el almirante Francisco Say-nez acusó a las ONG de caer en el “juego perverso de los criminales” y las identificó como organizaciones “utilizadas” por los grupos delictivos que pretenden “manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones”.

Apenas hace unos días se echó a andar una campaña, con el patrocinio de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para invitar a la población mexicana a sumarse a la defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Esta iniciativa tuvo lugar a raíz de las numerosas agresiones y persecución de diversos activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.

Es grave que una voz oficial se exprese de la manera en que Saynez lo hizo, pero más grave aún es que lo hace cuando hay un marco de persecución y agresiones como las que se han denunciado en contra de los defensores.

Si las autoridades federales, el almirante Saynez en particular, saben de alguna organización que –presentándose como ciudadana– en realidad colabora y desarrolla sus tareas, de forma deliberada, para favorecer a los criminales y participar de un “juego perverso” para dañar a las instituciones, entonces tendrían que identificar a quién o a quiénes se refieren y describir el tipo de acciones que se realizan para ello porque, entonces, estaríamos frente a una modalidad del propio crimen organizado.

Si eso es lo que está en el trasfondo de la declaración, tendría que alertarse a las ONG auténticas, con información específica y no con generalizaciones, y, por supuesto, actuar en consecuencia. Si de lo que se trata es de otra cosa, la exigencia debería ser diferente. Si estamos, como parece, ante una declaración oficial, del más alto nivel, denostando el papel de las organizaciones ciudadanas, colocándolas como entes “utilizables” y alentando la idea de que trabajan, en realidad, para los criminales, es algo que no debe ser tolerado ni por la ciudadanía ni por el mando superior de quien emitió la declaración.

Haría bien el secretario en reconsiderar su dicho. Es deseable y exigible una nueva declaración en donde manifieste su respeto por los derechos humanos y por quienes los defienden desde las organizaciones ciudadanas. No es aceptable que desde la voz oficial se pretenda “criminalizar” o poner bajo sospecha el trabajo ciudadano.

El secretario dijo, también este martes, en Veracruz: “no se requiere violar la ley para hacerla cumplir”. Precisamente de eso se trata, almirante. Esa premisa es, exactamente, la razón de ser de las ONG.