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Restringen fuero militar
Tribunales civiles juzgarán a militares en casos de violación a los derechos humanos que involucren a civiles, determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación / Los jueces no contradirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro de los resolutivos de la SCJN / Los magistrados resuelven recomendaciones asentadas en la sentencia en contra del Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974
MEXICO, DF, 12 de julio (Lilia Arellano-Estado de los ESTADOS).- Con dos resoluciones históricas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó duros golpes a la administración federal que encabeza Felipe Calderón y sus intenciones de colocar un manto de impunidad a las fuerzas armadas en la “guerra contra el narco”; de ocultar el impresionante número de bajas, más de 40 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos; de legalizar la inconstitucional conflagración interna detonada para adquirir una legitimidad negada en las urnas; y de correr una cortina de humo a los severos “daños colaterales” para el país, que han cancelado las posibilidades de desarrollo del mismo y las legitimas aspiraciones de progreso de toda una generación de jóvenes.
En efecto, los ministros de la Corte determinaron que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, quienes deberán ser juzgados por tribunales civiles. Los togados resolvieron que “los jueces del Estado Mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del Caso Radilla y en aplicación del Artículo Primero Constitucional”. Dicho criterio establece que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”. La resolución establece también que la Corte reasumirá la competencia originaria para resolver casos en los que se presente un conflicto competencial entre los tribunales castrenses y federales del fuero común.
La SCJN también determinó que todos los jueces del país están obligados a verificar la compatibilidad de las leyes internas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos que conozcan e involucren derechos humanos. La resolución que modifica la función judicial en México se dio durante el análisis de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que condena a México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en la llamada “Guerra Sucia”. Con dichas resoluciones, los togados reconocieron que la sentencia establece obligaciones para todos los jueces mexicanos, en el estudio de casos futuros que involucren el fuero militar y violaciones a derechos humanos.
Cabe destacar que el ministro Fernando Franco precisó que la obligación primaria en el tema de restringir el fuero militar corresponde al Poder Legislativo, “lo cual no quiere decir que el Poder Judicial de la Federación pueda incumplir con la sentencia”, y debe definir un criterio para resolver los casos que se presenten en tanto el Legislativo aprueba la iniciativa que propone restringir el fuero militar. De acuerdo con la opinión del ministro José Ramón Cossío, la sentencia obliga al Poder Judicial a definir un criterio para reinterpretar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para aplicarlo en los casos que se presenten en la Corte.
Las dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán severos efectos sobre la administración calderonista. En el Congreso de la Unión, diputados de las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores expresaron su satisfacción por el fallo de la Corte y destacaron que ello obliga a dejar en claro, en la Ley de Seguridad Nacional, que sean los juzgados ordinarios los que procesen los abusos en operativos contra la delincuencia organizada.
La legisladora perredista Enoé Uranga destacó que en el debate de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional debe ratificarse, como propone el anteproyecto de decreto, que si un militar comete un delito contra civiles, sean precisamente los jueces civiles quienes lleven a cabo el proceso. La diputada también planteó que la Cámara baja está obligada a dictaminar las cinco iniciativas que para modificar el fuero de guerra están pendientes, desde el año pasado, en las comisiones de Defensa y de Puntos Constitucionales.
Para el polémico diputado del PT, Porfirio Muñoz Ledo, el fallo de los ministros fue un acierto, porque el Ejecutivo Federal está obligado a respetar los tratados internacionales en materia de respeto a los derechos humanos. El legislador, que el año pasado presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los crímenes de guerra sean imprescriptibles y que en tiempo de paz no subsista el fuero de guerra, resaltó que “si Felipe Calderón quiere proteger al Ejército y utilizarlo para combatir el crimen organizado, necesita declarar oficialmente una guerra”. El legislador petista dijo que las resoluciones son “un triunfo para quienes durante años hemos exigido que en tiempos de paz el Ejército deberá dedicarse a labores de disciplina interna y que el fuero de guerra no puede existir”. También agregó que el PRI no debe insistir en su libre definición de paz, que, dijo, debe ser suprimida de la reforma a la Ley de Seguridad.
Sin duda alguna que las resoluciones de la SCJN también habrán de repercutir en las leyes de seguridad que ya han sido aprobadas por algunos congresos locales, donde se legalizan acciones inconstitucionales como el allanamiento de domicilios sin la orden judicial respectiva. Por su trascendencia, estos temas habrán de llegar también a los ministros de la Corte, toda vez que sus ordenamientos, que no constituyen una reforma constitucional, no pueden estar por encima de lo que establece la Carta Magna de nuestro país.
Las resoluciones de los ministros de la Corte impactarán fuertemente en la investigación y castigo a los daños colaterales en la guerra irregular e ilegal de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la droga. La magnitud de dichos daños fueron precisados apenas el mes pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), que documentó que las violaciones a los derechos humanos en el país relacionados con la seguridad pública aumentaron 45 por ciento en el último año. El ombudsman Raúl Plascencia reportó entonces que desde el inicio de la “guerra contra las drogas”, las fuerzas armadas han ido acumulando un gran numero de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos.
También un reporte de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, difundido el mes pasado, que confirmaba que tienen desplegados en el país al 24.53 por ciento (casi 50 mil elementos) del total del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en operaciones contra la delincuencia organizada, admitía que han recibido 5 mil 55 quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su contra, de las cuales sólo se han emitido 79 recomendaciones, es decir sólo 1.56 por ciento de la totalidad de quejas han concluido en recomendación. En todo lo que va de la administración calderonista, la Sedena ha reconocido sólo 44 asuntos en los que, debido a la violación de derechos humanos de civiles en acciones contra el narcotráfico, aceptó la reparación del daño moral y material de las víctimas.
Esos datos son sólo la muestra del iceberg de impunidad que ha forjado Felipe Calderón en su guerra contra las drogas, situación que a partir de hoy, con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el empuje del Congreso de la Unión, y con el esfuerzo de la sociedad civil organizada la situación debe cambiar a mediano plazo. No importa que Calderón siga rechazando modificar la estrategia en el combate a la delincuencia organizada, no importa que se diga dispuesto a pagar los “costos morales”, sin importar cargar con la culpa y responsabilidad por más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos; la hora de modificar la estrategia y poner mayor énfasis en la creación de empleos y de oportunidades de estudios para la juventud mexicana, y de dejar de seguir apostándole a la opción militar, policial y violenta, ha llegado.
CALDERON SE ENREDA
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