¡¡Exijamos lo Imposible!!Los miedos del PRI
por Miguel Badillo
A unas semanas de que se elija gobernador en el Estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por tener vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.
Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales.
Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se han encontrado sumas de depósito y retiros que, con mucho, rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen es difícil probar que sea lícito.
Sin duda, el PRI sabe y conoce cómo se presiona a políticos de oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y, mucho más, de aquellos con aspiraciones políticas.
En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su sexenio por esos días eran sujetos de investigación en las oficinas de la PGR por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas luego del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva.
De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del Norte, uno del centro y otro del Sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.
La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes, con especial énfasis en el PRI y PRD.
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