Almoloya de Juárez, Mex. Atenquenses esperan la salida de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del penal del Altiplano. Ambos se encuentran aún presos pese a la determinación de la SCJN, que ordenó liberarlos. Notimex¡¡Exijamos lo Imposible!!
Prevé defensa del FPDT volver a la Corte; acusa desacato al fallo
El director del penal El Altiplano excedió sus facultades al indagar sobre causas pendientes, denunció.
Blanche Petrich e Israel Dávila,
01/07/2010
Almoloya de Juárez, Méx. Los tres dirigentes sociales de Atenco presos en el penal federal de El Altiplano, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no han sido liberados a más de 24 horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su inmediata excarcelación.
El director del Cefereso, Juan Alberto Montoya Aguado demoró el procedimiento de liberación al solicitar informes a los juzgados y salas penales de Toluca y Texcoco “sobre la probable existencia de causas pendientes”.
Según Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario “no tiene atribuciones legales” para proceder de esta manera.
Las familias de los tres reos y decenas de activistas de organizaciones sociales esperan desde la tarde de ayer miércoles en las puertas del penal la salida de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Las autoridades judiciales mexiquenses confirmaron por la tarde a este diario que “por el momento” no existen nuevas causas en contra de los tres presos políticos.
“Hasta donde sabemos, el Poder Judicial no tiene ya nada en contra de estas personas. Ya se cumplieron todos los trámites para que se proceda a su puesta en libertad”, informó Rodolfo Vertiz, vocero del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Leonel Rivero, abogado defensor de dos de los tres detenidos, Del Valle y Álvarez, informó que vencido el plazo legal de 24 horas para cumplir el mandato de la Corte de liberar de forma inmediata a los tres reos, las autoridades federales incurren en desacato. El plazo se cumplió a las 13:30 horas.
Rivero acotó que daría dos horas más al funcionario penitenciario, antes de recurrir nuevamente a la Primera Sala Penal de la SCJN para que sea el organismo desconcentrado que regula el sistema penitenciario federal quien exhorte a la autoridad correspondiente para que ejecute la orden de libertad.
“Si persiste el acto de rebeldía del director del Altiplano, la defensa iniciará un proceso por desacato y presentará una denuncia penal contra el funcionario federal, por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”, dijo en rueda de prensa.
El jurista explicó que la responsabilidad de los presos procesados corresponde exclusivamente, en este caso, a la esfera estatal mexiquense y que la autoridad penitenciaria federal solo tiene atribuciones de custodia sobre los presos. “El director (del penal) se excede en sus facultades y obstaculiza la liberación de los presos”, sostuvo.
El caso de Héctor Galindo, abogado universitario que fuera asesor del movimiento atenquense, es más complejo. A diferencia de los otros dos, le quedó sin resolución judicial una causa por el delito de ataques a las vías de comunicación en grado de instigación.
Para obtener su libertad se requería el pago de una fianza de 15 mil pesos, misma que no fue exhibida en tiempo y forma por fallas administrativas ante el juzgado VI de Distrito con sede en Nezahualcóyotl.
La abogada Nelly Urrutia confirmó que esto puede provocar que Galindo (que es su hermano) deba permanecer un día más en el penal.
Por último, Leonel Rivero no descartó que aún existan otras órdenes de aprehensión sobre las cuales no tengan conocimiento los procesados. Al no ser estas órdenes causas formalmente abiertas, esto no debe ser un obstáculo para la liberación.
Prevé defensa del FPDT volver a la Corte; acusa desacato al fallo
El director del penal El Altiplano excedió sus facultades al indagar sobre causas pendientes, denunció.
Blanche Petrich e Israel Dávila,
01/07/2010
Almoloya de Juárez, Méx. Los tres dirigentes sociales de Atenco presos en el penal federal de El Altiplano, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no han sido liberados a más de 24 horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su inmediata excarcelación.
El director del Cefereso, Juan Alberto Montoya Aguado demoró el procedimiento de liberación al solicitar informes a los juzgados y salas penales de Toluca y Texcoco “sobre la probable existencia de causas pendientes”.
Según Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario “no tiene atribuciones legales” para proceder de esta manera.
Las familias de los tres reos y decenas de activistas de organizaciones sociales esperan desde la tarde de ayer miércoles en las puertas del penal la salida de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Las autoridades judiciales mexiquenses confirmaron por la tarde a este diario que “por el momento” no existen nuevas causas en contra de los tres presos políticos.
“Hasta donde sabemos, el Poder Judicial no tiene ya nada en contra de estas personas. Ya se cumplieron todos los trámites para que se proceda a su puesta en libertad”, informó Rodolfo Vertiz, vocero del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Leonel Rivero, abogado defensor de dos de los tres detenidos, Del Valle y Álvarez, informó que vencido el plazo legal de 24 horas para cumplir el mandato de la Corte de liberar de forma inmediata a los tres reos, las autoridades federales incurren en desacato. El plazo se cumplió a las 13:30 horas.
Rivero acotó que daría dos horas más al funcionario penitenciario, antes de recurrir nuevamente a la Primera Sala Penal de la SCJN para que sea el organismo desconcentrado que regula el sistema penitenciario federal quien exhorte a la autoridad correspondiente para que ejecute la orden de libertad.
“Si persiste el acto de rebeldía del director del Altiplano, la defensa iniciará un proceso por desacato y presentará una denuncia penal contra el funcionario federal, por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”, dijo en rueda de prensa.
El jurista explicó que la responsabilidad de los presos procesados corresponde exclusivamente, en este caso, a la esfera estatal mexiquense y que la autoridad penitenciaria federal solo tiene atribuciones de custodia sobre los presos. “El director (del penal) se excede en sus facultades y obstaculiza la liberación de los presos”, sostuvo.
El caso de Héctor Galindo, abogado universitario que fuera asesor del movimiento atenquense, es más complejo. A diferencia de los otros dos, le quedó sin resolución judicial una causa por el delito de ataques a las vías de comunicación en grado de instigación.
Para obtener su libertad se requería el pago de una fianza de 15 mil pesos, misma que no fue exhibida en tiempo y forma por fallas administrativas ante el juzgado VI de Distrito con sede en Nezahualcóyotl.
La abogada Nelly Urrutia confirmó que esto puede provocar que Galindo (que es su hermano) deba permanecer un día más en el penal.
Por último, Leonel Rivero no descartó que aún existan otras órdenes de aprehensión sobre las cuales no tengan conocimiento los procesados. Al no ser estas órdenes causas formalmente abiertas, esto no debe ser un obstáculo para la liberación.
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