¡¡Exijamos lo Imposible!!El crimen
Luis Javier Garrido
La liberación de los presos políticos de Atenco, decidida el último día de junio por la Suprema Corte en medio de la situación crítica por la que atraviesa el país, es un triunfo de la sociedad civil nacional e internacional, por mucho que el gobierno de facto de Felipe Calderón pretenda utilizar este gravísimo caso –que exige ahora una reparación del daño causado a los 12 detenidos– para sus afanes político-electorales luego del homicidio del candidato priísta a gobernador de Tamaulipas.
1. El asesinato de Rodolfo Torres Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, y de varios de sus acompañantes, la mañana del 28 de junio, a tan sólo seis días de las elecciones constitucionales, constituye un hecho de enorme gravedad en la historia moderna de México, que no tiene precedente en las últimas décadas, no nada más porque haya evidenciado la gravedad del conflicto que se ahonda entre el PRI y el gobierno faccioso que encabeza Calderón en su disputa hacia el 2012, arrastrando con él al país, sino porque abre aún más la vía para la comisión de crímenes políticos impunes.
2. La historia moderna de México registra el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, como un parteaguas en la historia del sistema del poder, pero no existe memoria de asesinatos de candidatos a gobernadores, a no ser la tentativa para eliminar a Amado Avendaño, candidato ciudadano en Chiapas en 1994, lo que evidencia el retroceso al que los panistas están llevando al país en todos los órdenes. En el contexto de descomposición generado por el gobierno espurio al seguir el modelo de militarización de la vida nacional que les fue impuesto desde el exterior con el objetivo de colombianizar a México, emerge ahora una nueva amenaza.
3. El clima de impunidad creado por los panistas se presenta tras estos hechos con un nuevo rasgo: como el escenario del crimen perfecto. En el entramado al que ha llevado a México el gobierno, con un país inmerso en un baño de sangre, todo crimen, y desde luego también un asesinato político, puede atribuirse a ese actor político que se encubre tras la noción de “crimen organizado”, que en la jerga oficial quiere decir “los cárteles” y no la mafia de ultraderecha en el poder (como lo entienden miles de mexicanos), y minimizarse como un delito más, desprovisto de la gravedad que tiene, en el que los culpables no tienen rostro ni nombre, y jamás serán procesados, por mucho que se señale después en alguna patraña de investigación a presuntos sicarios: como ahora precisamente se pretende hacer.
4. La reacción del gobierno de facto de Felipe Calderón, del vocero del Departamento de Estado estadunidense, de la mayor parte de los medios mexicanos y de la gran prensa de derecha internacional ante el crimen, atribuyéndolo de inmediato, y sin que hubiera mediado investigación alguna, al “crimen organizado”, pretendiendo decir al narcotráfico, no hace más que alimentar las sospechas. Las fotos del crimen, publicadas por el diario Por Esto de Mérida el jueves 1º presentan el escenario de una ejecución como la de Huitzilac en 1927, que no pudo haber sido cometida sino por una fuerza disciplinada y profundamente organizada.
5. La presunción de que alguno de los cárteles pudiera haber estado atrás de este asesinato no le quita, por otra parte, al mismo su carácter político, pues las organizaciones de narcotraficantes son antes que nada organizaciones políticas, que se mueven en estrecha relación con el poder, y como se ha visto en los últimos meses, varias de ellas se hallan vinculadas a partidos políticos.
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