¡¡Exijamos lo Imposible!!Es ilegal el decreto de extinción de LFC de Calderón: especialistas
De acuerdo con los asesores jurídicos del SME, Néstor de Buen, Manuel Fuentes y Eduardo Miranda, así como los constitucionalistas Elisur Arteaga y Miguel Eraña, catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, respectivamente, coincidieron en que dicho decreto es ilegal toda vez que Calderón rebasó sus atribuciones al pasar por encima del Congreso de la Unión.
Redaccion/SDP 12 de Octubre, 2009
Catedráticos y especialistas en derecho han coincidido en que Felipe Calderón violó los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución por el decreto de desaparecer Luz y Fuerza del Centro.
Catedráticos y especialistas en derecho han coincidido en que Felipe Calderón violó los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución por el decreto de desaparecer Luz y Fuerza del Centro.
De acuerdo con los asesores jurídicos del SME, Néstor de Buen, Manuel Fuentes y Eduardo Miranda, así como los constitucionalistas Elisur Arteaga y Miguel Eraña, catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, respectivamente, coincidieron en que dicho decreto es ilegal toda vez que Calderón rebasó sus atribuciones al pasar por encima del Congreso de la Unión.
Información publicada por el diario La Jornada detalla que en una entrevista, Eraña consideró que el Congreso estaría en facultad de llamar a juicio político a Georgina Kessel, secretaria de Energía, porque incurrió en responsabilidad política toda vez que “se tardó tres años en descubrir que la empresa es un barril sin fondos”.
Por “enésima ocasión”, Calderón “vuelve a hacer uso excesivo y abusivo de sus facultades, porque con una apariencia de legalidad está recurriendo a múltiples leyes en los fundamentos de la actuación en el decreto y solamente a un artículo de la Constitución, el 89, pero se le olvidó el fundamental: el 131”, destacó el constitucionalista.
“Para que el presidente pueda tomar decisiones legislativas extraordinarias —que es lo que hizo en el decreto— tiene que contar con la autorización previa del Congreso de la Unión”, agregó.
Por su parte, Elisur Arteaga indicó que la vía de defensa hasta ahora factible que tiene los trabajadores afectados es el juicio de amparo, toda vez que una controversia constitucional ante la Suprema Corte “tendría pocas posibilidades de salir victoriosa”.
No obstante, también dijo que se corre el riesgo desistan de su intención de obtener un amparo a fondo, porque un juicio de esta índole puede tardar hasta dos años, tiempo que dejarían recibir sus pagos nominales, lo que los orillaría a aceptar las “jugosas indemnizaciones” que les ofrece el gobierno.
Calderón “violentó garantías constitucionales de los trabajadores (de LFC) desde el momento en que los privó de sus derechos por virtud de un acto que se realizó sin seguir los lineamientos que se estipulan en la escritura constitutiva de la empresa para disolver la sociedad”, sostuvo Arteaga.
En este sentido, para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, la decisión presidencial “viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que fijan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores”.
El decreto de extinción “es violatorio del artículo 73 de la Constitución, el cual indica que estas cuestiones, como la materia eléctrica, son un área estratégica que debe ser manejada exclusivamente por el Congreso de la Unión”, indicó.
Finalmente, Néstor de Buen, precisó para el diario que el decreto “es un acto presidencial sin fundamento legal constitucional”.
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