MÉXICO, DF, 10 de septiembre (apro).- El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, se reunió hoy en el penal femenil de San José el Alto, Querétaro, con Jacinta Francisco Marcial, quien enfrenta un proceso penal por el nunca probado secuestro de seis policías federales en agosto de 2006.
Luego del encuentro, el enviado de la ONU expresó su preocupación porque el sistema penal en México genere patrones de discriminación, sobre todo hacia la población indígena y en particular contra las mujeres.
Sostuvo que el caso de Jacinta evidencia las dificultades que representan para las mujeres indígenas acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como el contar con un perito traductor, a que se respete su presunción de inocencia, y a no ser sometidos a una indebida dilación en el proceso, entre otros.
Así mismo, agregó, muestra los efectos negativos que implica utilizar el sistema penal como instrumento para resolver conflictos sociales.
En ese sentido, en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, se señaló que "precisamente en el campo de la procuración y administración de justicia, se expresa mayormente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones y abusos."
El artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que "los Estados parte "deberán tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces."
Luego de entrevistarse con Jacinta y Norma Patricia Valdés, delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro, el funcionario de Naciones Unidas exhortó a las autoridades a realizar una valoración exhaustiva de las irregularidades procesales detectadas en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de respetar los derechos del debido proceso en favor de Jacinta Francisco Marcial y de sus coacusadas en el proceso penal, las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.
Además, la OACNUDH reconoció la decisión de la PGR de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta lo cual, de concretarse como es esperado, podría permitir su pronta excarcelación.
Así mismo, confió en que se agilizará el desahogo de las diligencias pendientes en el proceso penal, con el fin de que concluya en el menor plazo posible. Y también que esta decisión implique la revisión de los casos de Alberta Alcántara y Teresa González.
Para Brunori, un dato relevante en este caso ha sido la importante labor que las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos han desempeñado.
Precisó que sin el acompañamiento jurídico y la red de solidaridad generada, es posible pensar que este caso hubiera pasado inadvertido para la opinión pública.
El representante de Naciones Unidas dijo que una vez que Jacinta, Alberta y Teresa recuperen su libertad, puedan entonces acceder a mecanismos legales para demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos, así como que las autoridades mexicanas adopten las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan.
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