Escrito por BBC
19 de Agosto de 2009
El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".
Con estas palabras, el investigador de Amnistía Internacional (AI) Rupert Knox explicó a BBC Mundo porque su organización ha declarado a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial "prisionera de conciencia".
La mujer, de 46 años, cumple en México una condena de 21 años de cárcel por haber secuestrado a seis policías hace tres años.
"Por ser tan débil, la justicia y el ministerio público han ido en su contra".
"Castigo colectivo"
Hace tres años, un 26 de marzo, seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entraron al mercado central de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, México, vestidos de civil, con la intención, dijeron, de buscar y confiscar drogas y material "pirata".
Presa de conciencia
El concepto de preso de conciencia es uno de los pilares de actuación de AI desde sus comienzos.
"Es una forma de señalar que una persona no sólo ha sido procesada injustamente, sino que ha sido procesada por motivos políticos, por la etnia, el género, sus creencias, u otras actitudes que son parte de la identidad humana".
Cuatro meses después del incidente, la señora Jacinta fue sacada de su domicilio y llevada a la Procuraduría General de la República.
El abogado Andrés Díaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, describió a BBC Mundo una larga lista de supuestas irregularidades del caso, desde la ausencia de un traductor (el castellano no es la primera lengua de Jacinta), la falta de presunción de inocencia, el doble rol de policías -que fungen como supuestas víctimas e investigadores a la vez- y, a final de cuentas, "la falta de todo derecho a un proceso justo".
Díaz ve en el encarcelamiento de Jacinta un deseo de castigar a una comunidad.
"Hubo pruebas"
Aunque para Amnistía Internacional la indígena otamí fue condenada sin pruebas, Minerva Amado, portavoz de la Procuraduría General de la República, le dijo a BBC Mundo que esa dependencia sí presentó evidencias al juez.
En su momento, la PGR presentó ante el juez los elementos que consideró necesarios, las pruebas suficientes que, a su parecer, ameritaban para la presunción de responsabilidad
"Ya no es nuestra responsabilidad, la PGR no fue quien sentenció a esta mujer, fue el juzgado. Ya no es nuestra decisión".
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