Así, tenemos un partido malamente llamado verde pidiendo la pena de muerte; a un presidente llamando a la unidad y a dejar de dividir a los mexicanos; a un legislador priista proponiendo criminalizar la “apología del delito” (cualquier cosa que no sea delito pero “parezca” delito); y diversas modificaciones a las leyes para recompensar a quien dé información o para establecer regímenes de excepción o aplicar arraigos.
Nada de esto va a resolver lo que pasa en el país, mucho menos la inseguridad. Lo que sí va a hacer es sentar las bases para que aquellos que disienten, protestan, cuestionan o se manifiestan sean tratados como delincuentes. Mientras escribo, hay por lo menos 70 casos de comunidades, activistas y organizaciones de todo el país que están siendo perseguidos o están en la cárcel por hacer valer sus derechos, defender sus recursos naturales o hacer públicos los abusos de qué son víctimas. La mayoría de estos casos son de gente pobre, que recurre a la protesta porque no tiene otras opciones o porque no ha sido escuchada en las instancias legales pertinentes. ¿En serio creen que esto es la solución? Yo creo que no. Además, creo que a la criminalización de los disidentes sigue la criminalización de la sociedad entera.
Los problemas que el país enfrenta necesitan soluciones radicales, de largo plazo y que atiendan al bien común. De ninguna manera van a ser resueltos quitando derechos y acallando a quienes buscan activamente una sociedad más justa. Y la clase política oportunista cosechará votos y simpatías con sus desatinadas propuestas, pero de ninguna forma va a dar con el pegamento que mantenga a este país que se nos resquebraja.
Y para que no se nos olvide: protestar es un derecho… y acaso en un país como México es hasta una obligación.
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