Propuesta patriótica
Eso podría haber pasado si no se hubiere urdido y ejecutado el fraude de 2006; eso estaríamos viendo y viviendo: soluciones a los problemas, obra pública, acción eficaz en materia de seguridad, y no sólo imágenes retocadas y discursos reiterados. Pero no, no se respetó el voto popular cabalmente y hubo una negativa cerrada en contra de la posibilidad de que se abrieran los paquetes electorales y se contaran los votos con veracidad y honradez.
Todo eso no aconteció y el presidente de facto ha perdido los controles de gobierno, pero a toda costa pretende sacar adelante su deteriorada y vapuleada propuesta de modificar las leyes que rigen la explotación del petróleo, para abrir las puertas a inversionistas sin nacionalidad. No pudo modificar la Constitución, que fue lo primero en que se pensó por la enorme resistencia que hubiera encontrado; no pudo sacar adelante, apresuradamente y a escondidas, su reforma fallida; ha perdido el debate porque los argumentos en contra de su propuesta son contundentes e irrebatibles, lo mismo en el terreno de lo jurídico –constitucional– que en el de la técnica y de la economía.
A pesar de todo ello, aún pretende, con maniobras distractoras y una propaganda machacona, vulgar y mentirosa, preparar el terreno para su plan B, en el que cuenta o cree contar con la complicidad de senadores y diputados del PRI.
Afortunadamente, se acaba de dar un paso muy importante por los opositores al proyecto desnacionalizador, al presentarse al Senado una propuesta de rescate de Pemex, inteligente y amplia, pero principalmente nacionalista y patriota. La propuesta es la que llevó al Senado el Frente Amplio Progresista (FAP), apoyada por argumentos, razones sólidas y estudios profundos de un equipo especializado. Cuenta además con el apoyo invaluable de la consulta popular que el domingo pasado tuvo su última etapa, exitosa precisamente en la zona norte, donde se esperaba que no habría una buena respuesta y sí la hubo.
El resultado del debate y de la consulta fue resumido por el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quien dijo con toda claridad que “el Estado debe continuar como propietario exclusivo de Petróleos Mexicanos” y así debe ser, así lo sostuvieron los abogados constitucionalistas, a quienes se acusó injustamente de que tan sólo daban razones políticas, pero no razones técnicas; así lo dijeron los técnicos, los ingenieros petroleros y así lo dijo la consulta popular.
Ahora, con la propuesta de las iniciativas del FAP ya no puede seguirse usando la cantinela de que Calderón y los suyos se proponen “salvar” a Pemex y los opositores se empeñan en que no se salve. El planteamiento correcto debía haber sido entonces que los calderonistas no se detenían ante la violación a la Constitución por la puerta trasera de reformas a leyes secundarias y que sus opositores defendían la Constitución misma y una parte importante del patrimonio nacional. Unos atacaban, otros defendían.
A raíz de la propuesta del FAP, el nuevo planteamiento debe ser el siguiente: unos pretenden que la salvación de la paraestatal y de nuestros hidrocarburos sea llevada a cabo por extranjeros e inversionistas privados, y los otros, con la propuesta del FAP, también pretenden o pretendemos salvar a Pemex y corregir sus fallas, limpiarla de corruptelas y reconstruirla, pero con dos variantes, sin violar la Constitución y confiando en nuestros propios recursos y capacidades para manejar a la empresa como ya se hizo en 1938.
Si en un principio el movimiento encabezado por López Obrador, los líderes de los partidos del FAP, la convención nacional democrática, el Gobierno Legítimo de AMLO, sindicatos, intelectuales, periodistas independientes y mucho pueblo, que se movían hace poco a la defensiva, obstaculizando una propuesta que avanzaba, ahora se encuentran a la ofensiva, con su propia propuesta que muestra que no sólo hay oposición a la ilegalidad, sino que hay también una alternativa patriótica para salir adelante en el fortalecimiento del país.
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