Pobres, olvidados Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Preocupan sólo reformas estructurales
Avanza la aprobación de más impuestos
Buscan tapar boquete de $60 mil millones
Subirán cotización del barril de petróleo
Concentrará SEP las nóminas de docentes
Gravan los refrescos y la comida chatarra
Va homologación del IVA en las fronteras
Empresarios se oponen a nuevos tributos
“Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla”: Benjamin Franklin.
Sin duda alguna que la pobreza y miseria en la que viven 53 millones de mexicanos es el problema más urgente de resolver en el país, a pesar de lo cual en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a casi un año de haber arrancado, no se han diseñado medidas efectivas de combatir ese flagelo.
Para la actual administración federal priísta el combate a la pobreza no es prioridad, como sí lo son las reformas estructurales como la hacendaria, para aumentar impuestos con el fin de elevar la recaudación para elevar el gasto del gobierno federal, aunque éste sea totalmente opaco, y la energética, encaminada a “compartir” la riqueza petrolera de México, a pesar de que de ésta depende más de una tercera parte del presupuesto total de la Federación, hecho que por sí mismo habla de la barbaridad que sería aprobar una iniciativa de esas características.
Al jefe del gabinete económico de Peña Nieto, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, no le interesa un combate real y frontal a la pobreza en el territorio nacional, por lo que la dependencia a su cargo, como cabeza de sector, ha eludido la implementación y coordinación de políticas públicas en materia de salud, de educación y acceso a la justicia, orientadas a disminuir la desigualdad y a favorecer a los sectores más desprotegidos del país.
Al funcionario sólo le preocupa la recaudación. De ahí que advierta que los ajustes aprobados el miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados implicarán una disminución de 55 mil 700 millones de pesos frente a la propuesta hacendaria inicial del Ejecutivo federal, que ascendía 240 mil millones.
Así, la recaudación fiscal con los ajustes recientes permitirán al gobierno obtener, de aprobarse en esos términos, unos 184 mil millones de pesos equivalentes al 1 por ciento del PIB.
A los integrantes del gabinete económico no les preocupa que el hambre sea el problema estructural y fundamental del país, incrementado por la voracidad de algunos funcionarios públicos para quienes la importación de alimentos representó y representa un gran negocio.
Uno de los ejemplos más sobresalientes de este tipo de funcionarios lo es Javier Usabiaga Arroyo, quien aprovechó su posición al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para favorecer y acrecentar sus negocios personales, sacrificando la productividad del campo, que no ha podido ser reactivado; señalado también por la contratación de menores en largas jornadas agrícolas.
Otro inolvidable político de esa calaña lo es Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y a quien ahora hasta disculpas le andan pidiendo las autoridades judiciales.
A pesar de sus promesas de campaña, la gestión de Peña Nieto relegó a un segundo plano el diseño de políticas públicas para reducir la desigualdad social y combatir la pobreza, y ha eludido firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual abriría una vía para que las personas en situación de pobreza “puedan reclamar sus derechos”, es decir, que posibilitaría a quienes sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales acceder a un mecanismo de investigación de carácter confidencial, a través de un Comité de las Naciones Unidas.
Precisamente en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la organización Amnistía Internacional convocó al Estado mexicano a definir estrategias efectivas para terminar con “esta tragedia”, mismas que “deberán contar con objetivos claros y medibles, que integren una prospectiva de derechos humanos y consideren la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil para su planeación e implementación”.
Sin embargo, lo anterior está muy lejos de lo que se discute en el Congreso de la Unión en relación al Paquete Económico 2014 que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que pretende fundamentalmente elevar la captación tributaria para aumentar el gasto del gobierno federal, aunque se desconozca en qué rubros se aumentarían los egresos federales. Aunque con algunas dificultades, ha avanzado la discusión de la reforma hacendaria y se prevé que este viernes se apruebe la Ley de Ingresos para el próximo año.
Las dificultades siguen resumiéndose en una pregunta: ¿de dónde podemos sacarle más dinero a los causantes cautivos? El punto central es que al no gravarse con IVA las colegiaturas, rentas, hipotecas y espectáculos, se generó un boquete fiscal cercano a los 60 mil millones de pesos en la reforma hacendaria de Peña Nieto. Ante esto, lo único que se les ha ocurrido a los legisladores es recargar el presupuesto más en el petróleo, ajustando el precio del barril del hidrocarburo o, en caso extremo, reducir el gasto del gobierno.
El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, destacó que la posición de su partido es “no IVA a medicinas y alimentos, no IVA a colegiaturas, no IVA a las rentas, no IVA a las hipotecas ni a la venta de inmobiliarias. Sí a gravar la Bolsa, sí a terminar con la consolidación fiscal, sí a gravar los alimentos chatarra, sí a que paguen los que más tienen; por eso el ISR progresivo, para que los que ganen más de 3 millones de pesos paguen 35% de impuesto sobre la renta”.
Aureoles sostuvo que es “mezquino” oponerse a que haya más impuestos para los ricos y comentó que es increíble que haya fracciones parlamentarias o partidos que asuman el discurso de las cúpulas empresariales.
El perredista rechazó que el voto a favor de su fracción en la miscelánea fiscal haya sido un trueque con el PRI y el gobierno por el fondo de capitalidad que se le dio al Distrito Federal. Aseguró que su posición a favor de la reforma fiscal no compromete el voto del Sol Azteca en la reforma energética.
A su vez, el líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que su bancada votará en contra del aumento de impuestos. Dijo que su partido se opondrá a igualar la tasa de cobro del IVA en las zonas fronterizas, así como el cobro a ese gravamen en colegiaturas y transacciones inmobiliarias.
Indicó que los legisladores perredistas revisarán el régimen de consolidación fiscal que, explicó, es el diferimiento del pago de impuestos, que hoy es a cinco años, con el propósito de pasarlo a tres años. Y la postura es, sin duda, otra impostura, ya que con el número de legisladores de izquierda en la misma posición no se verá alterada una votación que terminará siendo favorable al tricolor. Esto sólo es para el registro y saldrá a la luz con los reclamos.
Al escribir estas líneas, en la Cámara de Diputados continuaba la discusión de la reforma hacendaria, proceso que se estimaba concluirá este viernes. El primer dictamen que se analizaba era el referente a las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que entre otras cosas plantea la desaparición del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y en su lugar se crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Corriente (FONE). A través de éste, la Secretaría de Educación Pública se hará cargo de la administración de la nómina de los maestros en las entidades, a fin de tener un mayor control presupuestario y definir con claridad las plazas federales que existen.
O sea lo que ya le habíamos anunciado, la concentración federal de muchos rubros que pertenecen a las Entidades.
También se analizan reformas para fortalecer las entidades y municipios, en las que se incluye la incorporación del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por lo que la capital del país recibirá por este concepto más de 600 millones de pesos.
Asimismo, se revisa la miscelánea fiscal, consistente en reformas a las leyes Federal de Derechos y las del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Especial a Producción y Servicios, los cuales contienen nuevos impuestos y ajustes de tasas.
El miércoles pasado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor, 12 en contra y una abstención la miscelánea fiscal del presidente Enrique Peña Nieto. Con el voto en contra del PAN, los legisladores avalaron imponer un peso de IVA al litro de refresco, y además gravaron con 5% la comida conocida como “chatarra”.
De acuerdo con el dictamen aprobado, a los alimentos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, se le cobrará 5% de impuesto y son: botanas, productos de confitería, chocolate y demás derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, y helados, nieves y paletas de hielo. Todavía no se sabe si estos últimos incluyen a los callejeros “bonais” y si éstos darán comprobantes sobre las banquetas por estas compras para poder pagar sus respectivos impuestos.
De la misma forma, mantuvieron la propuesta inicial de homologar el IVA en la frontera al 16%, los chicles y el alimento para mascotas se queda también con ese gravamen.
Aquí destaca el hecho de que los legisladores dejaron en tasa cero “las ventas intermedias antes de la venta al consumidor final” en oro, joyería y lingotes. Pero las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores tendrán un impuesto de 10%. También se estableció un nuevo tope en la tasa del ISR a ingresos anuales. El dictamen se fijó en una aplicación gradual: 31% a medio millón; 32% a más de 750 mil pesos; 34% a más de un millón y 35% a más de 3 millones de pesos.
Se quedaron fuera los gravámenes a colegiaturas, renta e hipotecas, así como a espectáculos.
A los legisladores federales todo parece indicar que sólo los mueven los intereses político-electorales inmediatos, no las nuevas generaciones. De ahí que la Cámara de Diputados aprobara reformas legales que ponen un tope al crecimiento del gasto corriente del Gobierno federal y modifican las reglas de administración de los ingresos excedentes del gobierno.
Como parte de la reforma hacendaria, los legisladores avalaron, con 429 votos a favor, 44 en contra y una abstención, modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual se turnó al Senado sin discusión.
Los diputados incorporaron un candado para el gasto corriente, consistente en poner un tope de 2.5 por ciento anual para 2015 —año electoral— y 2016. A partir de 2017 y en adelante, el crecimiento del gasto corriente se establecerá en el reglamento de la ley.
EMPRESAS AFECTADAS REPENSARAN INVERSIONES
El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, advirtió que los empresarios que sean más afectados por el régimen fiscal próximo a aprobarse “repensarán” las inversiones a partir de 2014. Dijo que las inversiones para este año ya están y son superiores a los 25 mil millones de dólares, pero a partir del próximo año se reanalizarán porque la reforma hacendaria no conduce a un crecimiento económico.
González criticó el impuesto de 5 por ciento a la comida chatarra, al que calificó de sorpresivo y de colocar a los empresarios en desventaja frente a la informalidad. De la misma forma, Mario Sánchez Ruiz, diputado del PAN y ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó el paquete fiscal aprobado el miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, es “muy cercano a lo que la izquierda quiere que es pégale a la empresa y regálalo a los que menos tienen”.
Reprobó que al avalarse eliminar la deducibilidad del cien por ciento de las prestaciones sociales que otorgan a sus trabajadores, las empresas perderán competitividad porque tendrán que absorber un incremento en sus costos de nómina que van del 8 al 10 por ciento o bien se verán forzadas a despedir personal o reducir sus prestaciones. Acusó a la izquierda de creer que todos los empresarios “son como los dueños de Televisa, TV Azteca y Telcel, como si no existieran las pequeñas y medianas empresas que requieren estímulos para crecer”.
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