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Criminal subejercicio
Después de que las intensas lluvias provocadas por “Ingrid” y “Manuel” derivaron en una catástrofe, con decenas de muertos, un millón 700 mil damnificados y cuantiosos daños materiales, el gobierno federal anuncia una investigación para detectar irregularidades en los permisos de construcción en zonas de alto riesgo, entre otras anomalías cometidas en el pasado, sin embargo, resulta que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo ejerció 14 por ciento del presupuesto destinado a la protección de las ciudades contra inundaciones / Entre los aspectos más relevantes de esta criminal omisión destaca que del programa de protección de los centros de vivienda se descuidaron las inversiones en los Estados más pobres y vulnerables como lo son Guerrero, Veracruz y Oaxaca
MEXICO, D.F., 4 de octubre (EL UNIVERSAL/EFE).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) metió freno al gasto destinado a la protección de las ciudades contra inundaciones, y no hizo las inversiones necesarias antes de la temporada de lluvias, como ocurrió en 2012.
CIFRAS
- 896 mdp tiene el Programa de Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Areas Productivas
- 128 mdp se han invertido en lo que va de este año
- 847 mdp se erogaron en el mismo período en 2012
De acuerdo con el informe de labores de esta dependencia, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sólo ejerció 14% del presupuesto del Programa de Infraestructura para la Protección a Centros de Población y Áreas Productivas.
Para 2013, Semarnat cuenta con 896 millones de pesos en este rubro, pero ha gastado sólo 128 millones de pesos.
Durante la administración pasada, en el mismo periodo de 2012, el gasto ejercido fue de 847 millones de pesos en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Tabasco.
La Semarnat informó que para la protección de los centros de vivienda se tienen programadas 69 licitaciones, por 629 millones de pesos, de las cuales 55 están en proceso de adjudicación y 14 quedan pendientes de publicar convocatoria.
El jueves, la Cámara de Diputados hizo un exhorto a la Conagua para garantizar la seguridad hídrica de los habitantes de los municipios afectados, para que realice las obras consideradas en dicho programa.
Desde 2010, este organismo identificó a través del Atlas de Vulnerabilidad Hídrica que entre los estados que podrían ser más perjudicados por los embates del clima eran Guerrero, Veracruz y Oaxaca; sin embargo, las principales inversiones en este año han sido en la zona metropolitana del Valle de México.
EL UNIVERSAL informó que la Conagua alertó desde agosto sobre la debilidad de los Centros Regionales de Emergencias para atender desastres como los provocados por los ciclones Ingrid y Manuel.
Consultadas al respecto, Semarnat y Conagua negaron que exista subejercicio del gasto público y que todos los recursos, aunque no se hayan usado aún, “ya se encuentran comprometidos”.
Según el Primer Informe de Labores de la Semarnat, del 1 de septiembre pasado, se ha trabajado en la canalización de Arrollo Alamar, en el estado de Baja California Sur, así como la realización de obras de protección sólo en el Río Huacapa en el estado de Guerrero.
“A efecto de proteger a la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México contra inundaciones que se presenten en la temporada de lluvias, se llevan a cabo sistemáticamente acciones de operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura con que se opera el Sistema Hidrológico del Valle de México, cuyo objetivo es controlar y conducir las aguas pluviales y residuales que se generan en la zona”, explica la Semarnat.
Precisamente el Río Huacapa fue uno de los que se desbordó con el paso de “Manuel” y que de acuerdo con el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, causó daños catastróficos, pues parte la ciudad en dos.
De acuerdo con el documento, el Programa Nacional de Seguridad de Presas sólo inspeccionó 351 obras, equivalente a 40% de la meta anual programada.
“Con la finalidad de verificar la seguridad de las obras hidráulicas, principalmente de aquellas cuya capacidad de almacenamiento es menor a dos millones de metros cúbicos, durante 2013 se programó realizar visitas de inspección a 878 obras de presas y bordos para diagnosticar daños y fallas”, se detalla.
- Reducción de riesgos
A pesar de que la Semarnat recibió el 21 de diciembre de 2012 un financiamiento del Banco Mundial (BM) por 105 millones de dólares para modernizar el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), los trabajos de reforzamiento de las estaciones de monitoreo están pendientes.
Además se espera, todavía, una mayor capacitación del personal, así como la instalación y operación de ocho centros hidrometeorológicos regionales.
Los lugares donde los centros serán instalados son Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mérida, Yucatán; Boca del Río, Veracruz; Obregón, Sonora; Valle de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila.
“Próximamente se inaugurarán el de Mérida, Yucatán, y el de Boca del Río, Veracruz, los que contribuirán a fortalecer la vigilancia meteorológica y climatológica en el país”, explica.
El especialista del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), Arturo Quintanar Islas, señala que entre las deficiencias de las estaciones de monitoreo es que cada agencia —como la Fuerza Área, la Secretaría de Marina y Pemex— tienen sus propias redes y no existe coordinación entre éstas.
Advierte además que lo que pueden dar las estaciones de monitoreo son fotografías de momento y, aunque esto puede ocurrir en tiempo real, se necesitan análisis más detallados para pronosticar los efectos del cambio climático.
Deberán rendir cuentas
Los ciclones “Manuel” e “Ingrid” dejaron más de 150 muertos a su paso por México, una ingente labor de reconstrucción pendiente y la incógnita de saber quiénes fueron los culpables de la lenta respuesta institucional y de la construcción de viviendas en zonas de riesgo.
“Esto fue una ‘tormenta perfecta’, un evento absolutamente inusitado e inusual” que “rebasó la capacidad de respuesta” del país, dijo a Efe el experto en gestión de desastres Ricardo Zapata, consultor de la Unión Europea (UE) y ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Además de las condiciones climáticas extremas propiciadas por la llegada de dos ciclones tropicales a la vez, uno por la cuenca del Atlántico y otro por la del Pacífico, el experto señaló que en el desastre influyeron también cuestiones políticas.
“Es un evento fuera de lo normal, entre comillas, y que le toca a una administración que se está estrenando: el director nuevo de la Coordinación Federal de Protección Civil (Luis Felipe Puente) no tenía una experiencia previa”, sostuvo.
El también coordinador del Manual para la Evaluación de Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Desastres (Cepal, 2003) explicó que “si alguna lección habría” que sacar de lo ocurrido “es que, en una transición de un Gobierno a otro (...), debería mantenerse una base técnica en ciertos aspectos cruciales”.
Está de acuerdo en que México es un país con experiencia en gestión de desastres, afectado por el paso del huracán “Paulina”, en 1997, por ejemplo, pero sostiene que “una parte de las lecciones las desaprendió” en esta ocasión al confiarse en exceso en que “la institucionalidad estaba ahí y funcionaba”.
El Gobierno admitió el pasado 30 de septiembre que entre las varias causas del desastre están “una deforestación totalmente ilegal y desproporcionada”, la acción de “invasores” de terrenos, en general población de escasos recursos que construye viviendas en zonas de riesgo.
También la entrega por parte de algunas autoridades de “licencias de construcción para viviendas en lugares donde nunca se debió permitir eso”, dijo recientemente el subsecretario de Normatividad, Eduardo Sánchez.
Para Zapata, que lleva años trabajando en materia de gestión de riesgos, es claro que ante un fenómeno extremo como el ocurrido, que afectó a dos terceras partas de México y dejó 1.7 millones de afectados, “dar la alerta en sí no basta”.
“Se requiere que quien reciba la información tenga un manual de comportamiento de qué hacer”, algo que, por ejemplo, no sucedió en 2004 con el tsunami que ocurrió el 26 de diciembre en el océano Índico, en plena época de vacaciones.
En México “lamentablemente la entrada de los ciclones coincide con los feriados (festivos) patrios del 15 y 16 de septiembre”, cuando se celebra la Independencia mexicana, recordó.
“El país estaba volcado a llevar la fiesta en paz, evitar que hubiera manifestaciones, a que no surgieran disturbios, estaban abocados a otros tipo de seguridad y no a esta” que tiene que ver con un riesgo climático, apuntó.
El Gobierno mexicano ha prometido “una investigación exhaustiva” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la que quizás salgan los nombres de algunos responsables.
Zapata se pronunció a favor de centrarse en la reconstrucción, en la búsqueda de soluciones y evitar una “acerías de brujas”.
En ese sentido, Mario Garza Salinas, coordinador del diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana (UIA), estimó necesaria una rendición de cuentas plena sin “ir hacia el revanchismo”.
“Es una característica de un país democrático no dejar la cosas así, nada más, y olvidadas, porque se van a seguir replicando estas conductas corruptas en un momento dado”, comentó.
Garza señaló que uno de los mayores problemas de la gestión de riesgos en México tiene que ver con que en materia de Protección Civil hay “una política pública principalmente reactiva, operativa, de atención de desastre” y lo necesario es “invertir esa ecuación”.
Hasta hoy el peor desastre en términos económicos ocurrido en el país es el causado por los huracanes “Wilma” y “Stan” en 2005, que tuvo un coste de 105,000 millones de pesos (8,015 millones de dólares).
El paso reciente de “Manuel” e “Ingrid” fue el segundo, al dejar una factura de unos 75,000 millones de pesos (5.725 millones de dólares), por delante del terremoto de 1985 en la ciudad de México, en el que las pérdidas ascendieron a 40,000 millones de pesos (3,053 millones de dólares).
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