La Jornada
Con la CNTE a la resistencia civil
Guillermo Almeyra
Un gobierno ilegítimo
nacido de la imposición y de la compra de votos dirige un Estado en
descomposición, que no tiene la confianza de las mayorías (que se
abstuvieron o votaron contra el gobierno del PRI), no es capaz de luchar
contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción que infectan el
aparato estatal y tiene como principal objetivo destruir todas las
barreras, sindicales o jurídicas, a la superexplotación de los bienes
comunes, el ambiente y la fuerza de trabajo mexicanos por un puñado de
grandes empresas extranjeras, retornando así a principios del siglo XX,
antes de la Revolución Mexicana y del gobierno de Lázaro Cárdenas. En su
entrega de la minería, del petróleo, de los recursos hídricos, este
gobierno ilegítimo despoja al pueblo mexicano de las bases mismas de la
soberanía y la independencia nacionales. La destrucción de la
resistencia sindical, las modificaciones profundamente reaccionarias de
las leyes laborales, la ley de educación aprobada con fórceps y a
espaldas de la legalidad institucional y diseñada para destruir el
sindicato de maestros y rebajar aún más el nivel de educación, para que
los mexicanos sean simplemente mano de obra barata y no calificada para
las empresas de Estados Unidos, van en la misma línea del intento de
aplastar a los electricistas, a los mineros, a todos los sindicatos que
resistan y de convertir a la universidad pública en servidora de las
necesidades empresariales. Carente de consenso social, el semi-Estado
mexicano es botín de los depredadores y está cada vez más alejado de la
sociedad mexicana. Por tanto, el aparato estatal depende cada vez más de
la restricción de los espacios democráticos y de la transformación de
las fuerzas armadas en una policía represora de la población.
El gobierno ilegítimo sabotea a Pemex para justificar con la ineficiencia que agrava y provoca la entrega de los sectores más lucrativos y estratégicos de la industria petrolera a las grandes trasnacionales. Como sabe que el presupuesto estatal depende de los impuestos que paga Pemex, prepara las condiciones para que sean los salarios de todos los que remplacen esa principal fuente de ingreso bajo la forma de más IVA a los medicamentos y a los alimentos, de nuevos impuestos y de encarecimiento de los productos derivados del petróleo. Represión, destrucción de los sindicatos, rebaja de los salarios reales, de lo que llega hoy al bolsillo de los trabajadores y de lo que llegará mañana cuando se jubilen: esa es, en sustancia, la política de los usurpadores que, en cambio, dan toda clase de facilidades al gran capital trasnacional.
Los indígenas zapatistas chiapanecos han resistido valientemente y afirmado las bases de su autonomía; las comunidades que en todo el país forman policías comunitarias, las defienden y refuerzan. Pero sobre ellos cuelga ahora la amenaza del ataque gubernamental si el gobierno de Peña Nieto, experto en la represión más salvaje, como lo probó en Atenco, consiguiese afirmarse con el apoyo infame de sus socios y paleros de los partidos seudo opositores y, sobre todo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos que apuesta a una guerra para la cual necesita el petróleo y el trabajo mal pagado de los mexicanos.
Sólo la unión y la movilización de todos los oprimidos –indígenas, campesinos, obreros, empleados– con los estudiantes y democrátas puede asegurar el triunfo de la CNTE y de los sindicatos combativos y una salida progresista a la crisis actual.
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