Violencia al día Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Ningún avance en contra de las mafias
Resultados en el mediano plazo: EPN
Más cadáveres ahora que con Calderón
Acepta la CNDH: impunidad, intocable
Candidaturas independientes en Q. Roo
Turismo presidencial; destino: Vaticano
“El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar”.- José Ortega y Gasset
Los esfuerzos mediáticos son inmensos pero enfrentan lo que los deja sin credibilidad: la realidad. Ha sido, como hemos comentado, muy aplaudido el periodo de 100 días de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal, los anuncios, las reformas y esas buenas intenciones de las que está sembrado el camino del infierno son muchas, demasiadas, más que la suma de esas 24 horas de cada día. Sólo que la frialdad de los números, de las estadísticas, que nada nos dicen del dolor de las familias, de las consecuencias que principian con la desintegración, y la otra cuenta, la de los estómagos vacíos, dan al traste a tanto festín. La diferencia de ese periodo entre Felipe Calderón y el mexiquense, da a este último 13 cadáveres más en su haber, con todo y los anuncios interminables de esfuerzos y estrategias para combatir la criminalidad.
El saldo de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las mafias, de las guerras entre éstas y del fuego cruzado que surge y del cual resultan víctimas inocentes es brutal. En esos 100 días del PRI gobernando, son 2 mil 351 los ejecutados y la cifra, habrá que subrayarlo, no es la oficial, pueden ser más. Los últimos del panismo registraron dos mil 388. O sea que nada se ha logrado y ni qué decir del compromiso adquirido por los gobernadores panistas en esta lucha. Se desgarraron las vestiduras para afirmar que se emplearían a fondo y los resultados son totalmente adversos. Chihuahua tiene el luto de 271 muertos y el gobernador César Duarte aparece, en los medios electrónicos tan campante, sin haber siquiera arreglado los asuntos que han provocado grandes escándalos. Esta cifra no impidió que Calderón, en su twitter y en las pláticas en Harvard, mencionara que se sentía orgulloso por haber erradicado la inseguridad en Ciudad Juárez. El cinismo de uno y otro no tiene límites.
Nuevo León, entidad visitada por Peña Nieto y en la que garantizó la seguridad, como lo ha hecho en otros estados y refrendándole todo el apoyo a un Rodrigo Medina, rechazado ya por la población ante los yerros y las omisiones registradas, suma 238 ejecuciones. Del compromiso adquirido cuando se le dio el total respaldo y se le ofrecieron las fuerzas federales para restaurar el orden no ha dado cumplimiento a nada. 209 son los cadáveres que Rubén Moreira ya tiene en su haber, independientemente de que se ha visto impotente para encontrar a los asesinos de su sobrino. En esta entidad no sólo se siguen registrando la inseguridad y el temor que permanecen latentes y a flor de piel entre los habitantes, sino que la crisis económica tiene varias aristas que los tienen con obras paralizadas, incrementándose las deudas internas, las de los proveedores y con una situación sui generis, ya que hacen pagos que no registran ninguna disminución en la deuda. O sea que ahí fallan por partida doble, sin importar que a un ex gobernador de esa Entidad le hubiesen entregado la titularidad de la SAGARPA.
En el Estado de México, una vez que Peña Nieto dejó de ser el gobernador, se exhibió todo lo que había detrás del gran escenario montado ex profeso para que nada dañara las aspiraciones del mexiquense y su grupo. Resulta que en estos 100 días, son también 209 los ejecutados más un número que alcanza varios cientos más de delitos del fuero común, que antes tuvieron ocultos para generar la percepción de que ahí había orden y seguridad. Sinaloa sigue siendo ejemplo de la violencia. Con un gobernador producto de una alianza, quien además encabeza la Conago, tiene en su haber 357 muertos. También Mario López Valdés, mejor conocido como MaLoVa, se comprometió con Peña a cumplir, ya que su pasado reciente es priísta y, por supuesto, que su identificación con los de ese partido es mucho mayor que con los que lo lanzaron a cumplir su sueño, y tampoco ha cumplido. Habrá que resaltar que tanto el mandatario como su contrincante en la contienda, fueron claramente señalados por nexos con la delincuencia organizada, con el narco.
Pese a que ha estado en el centro del escándalo y los señalamientos han dañado fuertemente al puerto de Acapulco, el lugar que abrió a México las ventanas al mundo en el renglón turístico y que llegó a albergar en esas tierras a hombres y mujeres famosos de todos los colores y procedencias, sólo tiene en su registro 134 ejecutados. Durango es otra entidad que tiene un número bajo de entre éstas que los tienen por centenas: 118. Aunque los focos rojos empiezan a multiplicarse en Zacatecas, donde ya tienen 65 y en San Luis Potosí con 62, y ni qué decir del Distrito Federal con 73 y esa negativa de Miguel Mancera a reconocer que es, en plena capital de la República, donde la estrategia de algunos es vestirse de civiles y encapuchados, penetrar a donde van a realizar aprehensiones, lo cual ha estado a punto de provocar enfrentamientos brutales con saldos sangrientos.
Tamaulipas también está en ese punto, en el que la inseguridad no disminuye y menos aún, cuando su gobernador ni siquiera está un par de horas despachando los asuntos inherentes a su responsabilidad; 68 muertitos lleva en estos 100 días. Colima, aun cuando es una entidad tan pequeña, ya lleva 48 y le sigue Michoacán con 41, aunque a ambas las supera Morelos con 50. En Sonora son 35 los ejecutados y en Baja California 33. Como puede apreciarse, los gobernadores nada han hecho y esa dizque coordinación que lograría en breve el gobierno federal, ha resultado otra de esas mentiras gigantes que tiran por la borda todo el caudal de promociones televisivas que intentan que la gente sienta seguridad con un AK 47 apuntándole a la cabeza.
Habrá que ver que hay entidades donde todavía hay esperanza de control. Puebla y Veracruz, sólo registran 12 ejecuciones con un muerto en cada una y eso cada semana durante los poco más de 3 meses de mandato del mexiquense; Quintana Roo y Nayarit, 7; Guanajuato, 6; Tabasco, 5; Hidalgo, 4; y los ideales son Aguascalientes con una, igual que Querétaro y Yucatán, a los que rebasan con una más en Oaxaca al registrar dos. En Chiapas no pueden negar que son ya 24 los ejecutados, temores que suman a la irritación existente por la liberación del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la del propio Mariano Herrán Salvati y la impunidad que se ha extendido a Jaime Sabines.
Por fortuna todavía hay dos ejemplos que tendrían que seguir el resto de mandatarios estatales: Baja California Sur y Campeche. Ahí no se ha registrado un solo incidente de esta naturaleza y son ellos los que deberían subir a la tribuna y hacer del conocimiento de sus homólogos, cuál ha sido su estrategia, qué pasos han seguido para evitar las acciones violentas de las delincuencia, si ese cero en el registro de ejecuciones está ligado a ordenamientos clave o si han logrado sembrar temor entre los malos y no entre la ciudadanía, que es lo que actualmente ocurre porque ya no se sabe, a ciencia cierta, hacia dónde hay que dirigir el miedo, si a los que se dicen son los malos o a los que cobran como buenos siendo todo lo contrario.
Queda así, en el terreno de la cruda realidad, que la tal Gendarmería Nacional o el Programa Nacional de Prevención del Delito no han reflejado en absoluto una disminución en las acciones sangrientas, en la violencia, y sigue sin existir un recuento exacto de las víctimas de los enfrentamientos. Anuncios, pues, que intentan convencer de que todo está cambiando, pero en el fondo y en la superficie, todo sigue exactamente igual o un tanto peor, porque hay que puntualizar en las acciones de los últimos días ligados a gente de gobierno, a autoridades que se ven como un reto al gobierno y el envío de un mensaje que deja muy claro quién sigue avanzando y logrando el control de más plazas. Todo ello tiene, por supuesto, un vértice que une a unos con otros y que se ubica con una sola palabra: corrupción.
Ahora que de extorsiones y secuestros, podemos seguir hablando bajo el mismo tenor. Nada ha cambiado y sólo se oculta, eso sí, más que antes, la cifra que de nueva cuenta promedia los 500 por mes en los primeros dos meses de mandato de Peña Nieto. El número de los que han sufrido la privación ilegal de su libertad y a cuyas familias se extorsiona mediante el rescate durante el mes de febrero, es todavía desconocido pero va por la misma cifra. Llama poderosamente la atención que cerca de una treintena se registraron en el Estado de México, en la entidad que decía Peña Nieto era el paraíso, donde se compró el silencio de la nota roja.
Por todo ello es que el propio titular del Ejecutivo tuvo que declarar ayer que será en el mediano plazo, cuando la ciudadanía vea los primeros resultados en el combate a la delincuencia y a la violencia: “quisiéramos que fuera más rápido pero sin duda habrá resultados en el medio plazo”, enfatizó. Sus palabras se alejan totalmente de las promesas de campaña, de ese regreso triunfal del PRI, cuando se aseguró que en tiempo récord se vería disminuir la serie de acciones que emprende la delincuencia. El mediano plazo tiene varias interpretaciones, ya que pueden ser otros tres meses, o seis, o dos años o hasta tres, todo depende de como midan al largo plazo. Hasta los Estados Unidos salieron en defensa del mexiquense declarando que la criminalidad existente es herencia de Felipe Calderón, que él es el único culpable.
En tanto y según Raúl Plascencia, ombudsman nacional, han sido el abandono y la indolencia de las autoridades las que han provocado el surgimiento de las policías comunitarias. En su informe, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que si la injusticia y la impunidad persisten, los grupos de autodefensa seguirán apareciendo, sin importar si el Estado asume la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Aunque en este aspecto habrá que apuntar que, una vez que los encapuchados de la policía comunitaria se presentan portando un AK 45, habría que preguntarse cómo la consiguieron, quién les ha vendido esas armas y checar si no se trata de grupos delincuenciales o de escuadrones formados y auspiciados por el propio gobierno, en su desesperación por mantener el control por zonas, y no con uniformados.
Tal vez cuando contesten esas interrogantes, estemos de acuerdo en que esos grupos, como dijo Plascencia, alejan la meta de lograr la paz, mientras tanto, todos son interrogantes y con una dosis de comprensión por el hartazgo que ya ha provocado vivir en el permanente temor, con miedo, en calidad de simples observadores, mientras otros destruyen a las familias y las llenan de dolor. Y ya que estuvo el ombudsman ligeramente cercano a la realidad, habrá que ver en qué termina el documento, en el que dice fincará responsabilidades contra los funcionarios que intervinieron en el caso de la secuestradora Florence Cassez. La demanda de la Gordillo ahí está y lo más interesante es que, sin más ni más, reconoce abiertamente que “la violencia no ha disminuido todavía”.
En este renglón, no puede dejarse de lado el tema de los migrantes, quienes también son víctimas permanentes de todo tipo de abusos y extorsiones. Amnistía Internacional puntualiza en que nada se ha hecho, durante el nuevo gobierno, por salvaguardar la vida de los migrantes y siguen siendo rutinarios los secuestros contra extranjeros, quienes siguen sin recibir ningún respeto, las violaciones son permanentes, los reclutan las bandas criminales y la trata de personas y los asesinatos siguen a la orden día. Las cifras, para variar, se ocultan. El nombramiento del comisionado del INM sigue en veremos y no aparecer quien pueda enfrentar este otro aspecto de delincuentes que dentro del poder y fuera de él, están perfectamente organizados.
DE LA POLITICA
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