Prensa agredida Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Prevalecen impunidad y apatía gubernamental
Detienen a atacantes de “El Siglo de Torreón”
Cierran cerco a ex gobernador Andrés Granier
“No hay intocables”, dicen Beltrones y Arroyo
Elba E. Gordillo apela el auto de formal prisión
“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.- Albert Camus
A pesar de que concluyó el negro sexenio de Felipe Calderón e inició con ímpetu y grandes esperanzas la nueva gestión de Enrique Peña Nieto, en México “continúa registrándose un incremento dramático en los casos de periodistas agredidos y asesinados”, debido al lento avance de las reformas implementadas, de acuerdo con el último reporte de PEN International, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reportó que desde diciembre de 2006, al menos 47 escritores y periodistas de medios escritos e Internet han sido asesinados en el país. En el marco del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), la organización destacó que “la investigación de estos casos es ínfima o nula, y en menos de 10 por ciento de los ataques se dictan condenas”.
El reto en esta materia, para la administración de Peña Nieto, no es menor, de hecho es de gran trascendencia para el sistema gubernamental y la democracia mexicana. No hay que pasar por alto que, tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 1985: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
En México, al igual que en muchos países de América Latina, los periodistas son víctimas de ataques de cárteles del narcotráfico y del crimen organizado. La impunidad que prevalece ante esos ataques, que se deben en gran parte al estado de corrupción y apatía que prevalecen en los distintos estados mexicanos, agrava el problema, porque no es raro que policías y funcionarios de gobiernos locales estén implicados en agresiones contra periodistas, “y a menudo las amenazas al derecho de libertad de expresión de estos profesionales provienen, directamente, de las mismas autoridades estatales”, denuncia PEN International.
Las dos principales amenazas a la libertad de expresión en el país son, precisamente, los asesinatos o castigos drásticos a periodistas y la impunidad y el abuso de poder del gobierno. Los crímenes contra los periodistas y otros profesionales de los medios, raramente son tratados en juicios y cuando logran llegar a los tribunales, los responsables usualmente escapan, ya que son gente poderosa o con amigos poderosos.
Esta organización, que tiene carácter consultivo ante las Naciones Unidas y la UNESCO, calificó las iniciativas implementadas desde 2009, por el gobierno mexicano, para combatir la violencia como mayormente “ineficaces y superficiales”, por lo que hizo un exhorto especial al gobierno de Enrique Peña Nieto, para que se lleven a cabo “investigaciones exhaustivas y transparentes, en el ámbito federal, para esclarecer la muerte y desaparición de periodistas y escritores, y para que se investiguen oportunamente y a profundidad, todas las denuncias de ataques presuntamente perpetrados por entidades estatales”. Entre otras recomendaciones, instó a fortalecer el nuevo mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de México.
Las amenazas y ataques a los medios de comunicación y sus representantes, limitan y restringen el derecho a informar e informarse objetivamente inherente a una sociedad democrática, por lo que es indispensable el fortalecimiento de un sistema jurídico que garantice la posibilidad de expresarse y comunicarse, en un debate sin fronteras de ideas y opiniones, que además consagre el derecho a las minorías a participar en la toma de decisiones sociales y políticas que sean de interés ciudadano.
No hay que pasar por alto que, una vez que los electores mexicanos eligieron a sus representantes en el gobierno, deben cerciorarse que cumplan sus promesas de campaña, trabajen en beneficio de la sociedad y respeten las leyes. Como los ciudadanos no pueden estar en contacto directo con los gobernantes, el periodismo funciona como sus ojos, oídos y, en ocasiones, su voz. Esta es la razón por la que el periodismo libre es fundamental para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático. También ese es el fundamento de la necesidad de que la prensa no sólo tenga derecho a la libre expresión, sino que está obligada a luchar contra la censura y mantener al público informado sobre asuntos domésticos e internacionales.
Tal y como lo han definido diversos autores, el periodismo no es sino un servicio público de recolectar y difundir, de manera inmediata y accesible, información actual, prominente y útil que contribuirá a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos, sociales, culturales en una democracia a niveles doméstico e internacional. Los periodistas son “los perros guardianes de la sociedad”, pues su función es vigilar las acciones del gobierno y denunciar la corrupción y abuso de poder. El fin último de los periodistas es mejorar las condiciones sociales de la gente. Sólo una prensa libre, independiente de las influencias del gobierno, de los intereses políticos y de las amenazas del crimen organizado, puede contribuir a la libertad individual en la sociedad.
De ahí la importancia de las investigaciones en torno a los últimos ataques en el país a los medios de comunicación y sus representantes. Este miércoles, en el estado de Durango, policías federales y estatales lograron la captura de 21 integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en la Comarca Lagunera, de Coahuila y Durango, acusados de atacar las instalaciones del “Siglo de Durango”. También están acusados de ser los homicidas del aspirante a la alcaldía de Lerdo, Mario Landeros, además de los constantes ataques contra la alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Rocío Rebollo.
El grupo delictivo está conformado por 17 hombres y cuatro mujeres, y al momento de ser detenidos portaban 20 armas largas, 7 armas cortas, tres subametralladoras, chalecos antibalas y dosis de mariguana y cocaína. Están acusados de secuestro contra Mario Landeros y su chofer, César Valenzuela, ambos asesinados. Otros cargos que enfrentan son el secuestro de cinco trabajadores del “Siglo de Torreón”, el pasado 7 de febrero, tres de los cuales fueron sacados de sus propios domicilios. Este grupo de criminales atacó a policías federales que resguardaban las instalaciones del rotativo en reiteradas ocasiones. También, la Fiscalía de Durango vincula a los detenidos con los ataques al domicilio de Rocío Rebollo, alcaldesa de Gómez Palacio, y otros negocios familiares. Asimismo, son vinculados a diversos ataques cometidos contra policías estatales y municipales de Coahuila y Durango.
La fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que este grupo de delincuentes forma parte de una organización criminal que se autodenomina “Cártel del Poniente” o “Los Danis”. Por primera vez, la fiscal dio a conocer nombres de los cabecillas de la organización criminal que opera en La Laguna: Julio César Nájera González, Luis Fernando Martínez Jaramillo, Alfonso Iván Romero Soto, Federico Aguilar Chaires, Julio Alberto Vázquez Valle, Héctor Gómez Botello, Uriel Ernesto Reyes Bautista y Sergio Reséndiz Rodríguez, entre otros.
El círculo de la justicia se va cerrando en torno al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. El miércoles pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación derivada de la demanda que interpuso el gobernador de extracción perredista, Arturo Núñez Jiménez, contra su antecesor, Andrés Granier Melo, por presunto quebranto de las finanzas estatales. Este jueves, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, confió en los resultados que dará el procurador Jesús Murillo Karam, sobre estos ilícitos. El sonorense destacó su convicción y certeza en el “impecable proceder” del titular de la PGR.
También el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, consideró que el hecho de que la PGR atrajera la investigación sobre presunto desvío de recursos en la administración de Granier Melo, ratifica que en México “no hay intocables”. Asimismo, los legisladores de oposición empujan para que se acelere la denuncia presentada por el gobernador Arturo Núñez. Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, impulsa un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación a que fiscalice el gasto federalizado que recibió Tabasco durante los seis años en que gobernó Andrés Granier. También exhorta, a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que investiguen de forma expedita irregularidades que han sido denunciadas respecto al desvío de recursos públicos federales en que pudo haber incurrido el titular del Ejecutivo Estatal durante el periodo 2007-2012 y, en su caso, ejercer las acciones penales correspondientes.
APELA ELBA
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