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Reforma de telecomunicaciones: seis alertas
Ricardo Monreal Avila
La reforma de telecomunicaciones puede ser un paso importante para garantizar el acceso de la población a más y mejores servicios en este sector, siempre y cuando se cumplan los siguientes supuestos: que el nuevo órgano regulador y los tribunales especializados sean realmente autónomos, ciudadanizados y formados con expertos; que los monopolios del sector realmente se desintegren y no cambien simplemente de dueños; que el capital extranjero no se vuelva dominante en la televisión ni en la telefonía (como sí se acota para la radiodifusión); que la nueva ley de amparo no deje en el desamparo a los nuevos jugadores de este sector; que la reforma sea ampliamente difundida, analizada y consultada con la sociedad, y no impuesta por la premura de una instancia de representación metaconstitucional, extralegislativa y plutocrática como es el Pacto por México; y, lo más importante, que realmente se traduzca en el acceso universal de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones (desde la radiocomunicación hasta los servicios de banda ancha) a precios bajos y de calidad mundial.
En otras palabras, son tantas las aduanas y estaciones que deberá transitar y cumplir esta reforma que la actitud más adecuada que debemos asumir en este momento es la cautela vigilante y no el optimismo exultante.
1) El IFETEL y los nuevos tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica no pueden repetir ni reproducir los vicios que actualmente presentan el IFE, el IFAI y el TRIFE, que de haber nacido órganos ciudadanos imparciales se han transformado en botín político de partidos, gobiernos y grupos de interés. El diseño institucional contemplado en la iniciativa (siete integrantes propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado) no garantiza la imparcialidad y la ciudadanización de los nuevos órganos. Quedan excluidos de ese diseño la sociedad civil, la academia y los desarrolladores del sector.
2) Más que contener a los monopolios actuales e iniciar un nuevo juego, la reforma podría terminar en una simple reasignación de fichas a los mismos jugadores dominantes. El hecho de que Telmex pueda incursionar en la televisión y, como contraprestación, las actuales empresas televisivas puedan incursionar en la telefonía, no garantiza per se la participación de nuevos jugadores, la reducción sistemática de tarifas y la mejora en los servicios ofrecidos. En principio, los únicos cambios que veremos son similares a los de un partido de fútbol en el medio tiempo: el equipo que jugaba en la portería Norte ahora lo hará en el lado Sur, y viceversa. El juego y los jugadores seguirán siendo los mismos.
3) ¿Cuál es la razón para acotar la inversión extranjera en un 49% en radio y dejar abierta al 100% en el resto del sector y en la comunicación vía satelital? ¿Hay reciprocidad de trato en la legislación de los países de origen de los capitales extranjeros que participen en México? ¿No hemos aprendido la lección de las aperturas indiscriminadas en la banca, en el comercio y en otros sectores donde el desmantelamiento y el desplazamiento de los productores nacionales han sido la regla y no la excepción?
4) En concordancia con la reciente reforma a la Ley de Amparo (artículo 129, fracción XIII) se establece que ninguna resolución de los nuevos organismos reguladores será objeto de suspensión, sin embargo no se contempla ningún recurso de reconsideración a las decisiones del IFETEL, lo cual dejará en desventaja a los actores económicos del sector en comparación con los instrumentos jurídicos que tienen a su disposición las empresas de otras ramas económicas. Es un vicio de inconstitucionalidad que no puede ser avalado por la misma Constitución al incorporarse a su texto.
5) Una reforma tan importante para los ciudadanos no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con ellos. Más allá de los integrantes del Pacto por México (una instancia de representación voluntaria extraconstitucional, no vinculatoria para el Poder Legislativo ni para ninguno ciudadano que no forme parte de este mecanismo de negociación política), la iniciativa no ha sido debidamente conocida, difundida ni analizada por los ciudadanos, los expertos, los académicos y los mismos prestadores de servicios. Si la iniciativa es tan buena para los ciudadanos, ¿por qué la prisa de aprobarla a espalda de ellos? Al menos la ley reglamentaria deberá ser producto de una amplia consulta ciudadana, con especialistas, académicos, asociaciones de profesionales, prestadores de servicios y consumidores en general. No se pueden combatir los monopolios económicos de facto con otra decisión de facto y unilateral de una representación política supraconstitucional, como es el llamado Pacto por México.
6) Por último, la bondad o pertinencia de la reforma de telecomunicaciones (combate a los monopolios, apertura del sector al capital extranjero, derecho constitucional a internet, órganos y tribunales reguladores autónomos, nuevas empresas prestadoras de servicios, etc.) se medirá únicamente en función de dos indicadores: mejor calidad en los servicios ofrecidos a los consumidores (por ejemplo, que no se corten las llamadas de celular hasta cuatro veces en una sola conversación; un internet más rápido, etc.) y precios más bajos que los actuales (similares a los de países que son nuestros socios comerciales).
Si esto último no se logra en un corto plazo y de manera sostenida, la reforma de telecomunicaciones habrá terminado en un espejismo más de los muchos que ya existen en nuestra vida pública en materia de apertura, competencia y autonomía de gestión, donde suelen ofrecerse liebres de orejas y colas blancas, que después terminan siendo los gatos y la mano negra de alguien.
Por ello, frente a la reforma, lo conveniente es mucha cautela y poca exaltación.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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