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Demandarán a García Luna
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará demanda penal
contra el nefasto García Luna y otros 3 ex altos mandos, entre ellos a
Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la Unidad Especializada en
Investigación y Secuestro, y 15 agentes más, por irregularidades en el
proceso contra la francesa Florence Cassez
MEXICO, D.F., 13 de marzo (SinEmbargo).– Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló a
21 ex funcionarios como responsables de las violaciones a los derechos
humanos de la ciudadana francesa Florence Cassez, y pidió a las
autoridades ejercer acción penal en su contra.
La CNDH anunció que interpondrá esta semana una denuncia ante la
Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las
irregularidades cometidas por los entonces servidores públicos contra
Cassez durante su arresto, el 9 de diciembre de 2005.
Por medio del Informe Especial sobre las fallas que ubicó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la investigación contra la
francesa, Plascencia identificó como responsables a cuatro altos mandos
encabezados por Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la Unidad
Especializada en Investigación y Secuestro, el director de Investigación
Policial, y el director de Operaciones Especiales, además de 15 agentes
de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y dos agentes del
Ministerio Público.
Evitó dar nombres y el informe no los contiene, pero incluye a Genaro
García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el
sexenio de Felipe Calderón.
El titular de la CNDH dijo que las violaciones están relacionadas con el
trato digno, la seguridad jurídica, y particularmente en lo referente a
la presunción de inocencia.
“Hubo un engaño a la sociedad en general, hubo un actuar indebido por
parte de los servidores públicos”, dijo en la presentación del informe.
Placencia recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR):
investigar los delitos o faltas cometidos por los servidores públicos
señalados, ayudar en la presentación de la denuncia para deslindar
responsabilidades, emplear medidas para reparar integralmente el daño a
las víctimas de secuestro, además de capacitar en materia de derechos
humanos a su personal.
“La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad
mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide
que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por
la justicia mexicana”, insistió al término de la conferencia.
“Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y
las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos
de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales”, agregó.
“De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación,
así como de los mandos medios y superiores que con sus acciones y
omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la
cadena de mando, la permitieron y convalidaron. Entre ellos el entonces
titular de la AFI, el entonces titular de la Unidad Especializada en
Investigación al Secuestro, el entonces director general de
Investigación Policial y el entonces director de operaciones
Especiales”, dijo.
El Informe llega después de que la Procuraduría General de la República
(PGR) había prometido una investigación, de la cual no ha anunciado su
resultado.
El 23 de enero pasado, la SCJN ordenó la liberación inmediata de
Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien estaba sentenciada a 60 años
de cárcel por el delito de secuestro, después de las irregularidades
detectadas en el debido proceso.
En 2005, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna presentaron a la
francesa y a una banda de secuestradores durante un montaje televisivo
que simuló el arresto “en vivo”. Esta y otras violaciones fueron
evaluadas por los ministros de la Corte, que decidieron liberarla en
2013.
Inmediatamente después de su liberación, Procurador Jesús Murillo Karam
dijo que analizaría el fallo de la Segunda Sala de la SCJN para fincar
responsabilidades contra quienes realizaron la averiguación previa
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