¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
Inermes
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Alto a la impunidad, exigen a EPN
Medios masivos, ante dos fuegos
Transparencia, difícil de cumplir
Este sábado, va otro “gasolinazo”
Conspiración: ataque a procurador
“Zetas” mataron a Kombo Kolombia
“Debemos desconfiar unos de otros, es nuestra única defensa contra la traición”.- Tennessee Williams.
Los rasgos que describen el precario sistema “democrático” que se tiene
en México incluyen la vulnerabilidad que resienten los medios de
comunicación en prácticamente todo el territorio nacional, donde sus
representantes, periodistas, editorialistas y demás trabajadores están
inermes no sólo ante las agresiones de la delincuencia organizada, sino
también de los aparatos represivos oficiales, que cada vez se
transforman en instrumentos de un Estado autoritario, muy alejado del
ideal democrático al que aspiramos.
Ante esa situación, representantes de los medios de comunicación en el
país hicieron un llamado al nuevo gobierno federal, que encabeza el
priísta Enrique Peña Nieto, para que establezca como una prioridad de su
administración restituir las condiciones para el libre ejercicio de la
libertad de expresión y el derecho a la información en el territorio
nacional, luego del plagio de cinco trabajadores de “El Siglo de
Torreón”, y exigieron a las autoridades federales y estatales de
Coahuila que los hechos sean investigados y castigados.
El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la violencia
consideró que a la mayor brevedad, debe ponerse fin a la impunidad que
ha permitido que 82 periodistas hayan sido asesinados y 18 permanezcan
desaparecidos desde 2005 a la fecha, sumados a los 28 ataques contra
instalaciones de medios de comunicación.
Los medios de comunicación exigieron que el Congreso de la Unión cumpla
con su obligación de reglamentar la reforma constitucional al artículo
73, que permite que la Federación conozca de delitos contra periodistas,
personas o instalaciones que afecten el derecho a la información, toda
vez que el plazo marcado por la ley para esa tarea venció el pasado
diciembre.
El último capítulo que corrobora las adversas condiciones sociales
derivadas de la ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, en las
que tienen que trabajar los medios de comunicación y sus representantes,
se registró, precisamente el pasado jueves, justo cuando en el Congreso
de la Unión se instalaba la Comisión Especial para dar Seguimiento a
las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.
Los hechos ocurrieron en distintos momentos de la tarde y noche del día 7
del presente mes, cuando cinco trabajadores del periódico “El Siglo de
Torreón”, ninguno de ellos reportero puesto que dos eran publicistas,
dos administradores de la página web y uno más de cobranza, fueron
privados de la libertad por desconocidos, quienes –afortunadamente- los
liberaron horas después, en la madrugada de este viernes.
De acuerdo con las indagatorias de las autoridades estatales, los
trabajadores de ese importante rotativo de Coahuila, uno de los más
influyentes de la entidad, fueron retenidos en “diferentes eventos” y al
menos, dos de ellos fueron sacados de sus viviendas.
La delincuencia organizada en Coahuila ha tomado a “El Siglo de Torreón”
como blanco de diferentes ataques: en noviembre de 2011, el diario
reportó que durante la madrugada un grupo armado incendió un vehículo
frente a su puerta principal y, posteriormente, efectuaron varios
disparos contra el edificio; en agosto de 2009, las instalaciones de
este rotativo fueron atacadas por sujetos armados. Lo más grave es que
las investigaciones sobre estos hechos están congeladas y sin avances.
Las adversas condiciones de seguridad con que los medios de comunicación
en Coahuila se ven obligados a trabajar se puso de manifiesto, una vez
más este jueves, con el secuestro de cinco trabajadores de ese rotativo.
Esos hechos ponen en evidencia que se abrió un nuevo frente en la
vulnerabilidad de los medios de comunicación, toda vez que los empleados
plagiados ni siquiera pertenecen al área de redacción, es decir, no son
periodistas, lo que indica que para la delincuencia organizada
cualquier trabajador puede ser blanco de una agresión que pretenda
afectar una cobertura periodística mediante acciones violentas.
Los hechos también demuestran que los medios de comunicación y sus
representantes están atrapados en la ola criminal que azota al país,
particularmente en regiones como La Laguna en los últimos años, a pesar
de que los medios y los periodistas sólo cumplen con su función dentro
de la sociedad mexicana, al dar cuenta de los hechos que han golpeado a
las comunidades del país.
Resulta destacable el hecho de que el plagio de los trabajadores haya
ocurrido el mismo día en que en el Congreso de la Unión se instaló, en
la Cámara alta, la Comisión para Seguimiento de Agresiones contra
Periodistas, un organismo similar a muchos otros que no han logrado
frenar la violencia contra los medios de comunicación.
Ante esos hechos, el gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, a
través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), condenó el secuestro de los
trabajadores de “El Siglo de Torreón” y se comprometió a agotar todas
las líneas de investigación, en el ámbito de su competencia, a fin de
dar con el paradero de los agresores.
La procuraduría estatal ya inició una averiguación previa penal, a fin de esclarecer esos hechos.
Mientras, en el Congreso de la Unión avanza lentamente la iniciativa
para sancionar ataques a medios. El mismo jueves, las comisiones unidas
de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado de la
República, con opinión de la Secretaría de Gobernación, presentaron el
anteproyecto de dictamen de la Ley Reglamentaria al Artículo 74
Constitucional, que faculta a las autoridades federales para atraer
delitos del fuero común contra los periodistas y medios de comunicación,
y con la cual se estrena la figura de Audiencia Pública –similar a la
que funciona en Estados Unidos- a fin de involucrar a la sociedad civil
en este tema.
Si bien el proyecto de dictamen ya fue presentado públicamente, su
votación se realizará hasta conocer la opinión de actores y expertos
involucrados.
También este viernes, entró en vigor la Ley General de Víctimas que a
pesar de la oposición de la administración de Felipe Calderón, el
gobierno de Enrique Peña Nieto promulgó, aunque se espera que sea
“perfeccionada” en breve, según lo han anunciado funcionarios de la
Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación,
así como diputados y senadores.
Esa ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9
de enero, y tiene como propósito, según su Artículo 2: “reconocer y
garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección,
atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus
derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás
derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados
internacionales y demás instrumentos en la materia”.
El reglamento para dicha ley debe expedirse dentro de los seis meses
siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 8 de agosto
próximo. También, el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación
Integral de Víctimas, incluido en la ley, deberá crearse dentro de los
90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley, por lo que
habrá que esperar.
PROMESAS
Ante la sociedad civil mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto hizo
un compromiso que se ve difícil pueda cumplir su administración. Al
encabezar un homenaje a las víctimas de la explosión del 31 de enero y a
quienes ayudaron en las tareas de rescate, el titular del Ejecutivo
Federal ofreció informar, con transparencia y oportunidad, acerca de las
causas que ocasionaron el siniestro ocurrido en la Torre B2 del
complejo administrativo de Pemex. Ni transparencia, ni mucho menos
oportunidad, ha existido hasta el momento en la información oficial
sobre esta tragedia que enlutó a todos los mexicanos.
Todo lo contrario: aun en la ceremonia que se realizó, precisamente en
la Torre de Pemex, para rendir un homenaje a los 37 trabajadores de la
empresa que perdieron la vida en ese incidente, el director general de
Pemex, Emilio Lozoya Austin, insistió en que “no debe quedar lugar a
dudas de que fue una acumulación de gas lo que provocó el siniestro”.
Sin embargo, reconoció que aún quedan muchas preguntas por resolver.
Admitió que “lo que sabemos hasta hoy desde luego no es suficiente,
estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan, porque yo me
pregunto lo mismo, ¿por qué se produjo la explosión? No lo sabemos aún,
pero hoy aquí, ante ustedes, me comprometo a seguir muy de cerca la
investigación sobre el origen de esta explosión, de colaborar y apoyar a
las autoridades en dicho proceso, esto es lo menos que le debemos a los
deudos de los muertos, es lo menos que nos debemos a nosotros mismos”.
Durante el evento, al que acudieron alrededor de 2 mil personas, Peña
Nieto entregó diversos reconocimientos: al representante de la
organización Topos, al de la Cruz Roja, a los de las secretarías de la
Defensa Nacional y Marina Armada de México, entre otras dependencias,
quienes participaron en las labores de rescate en la Torre B de Pemex.
OTRO GASOLINAZO
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