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Corrupción: el cáncer
Alejandro Encinas Rodríguez
La corrupción es el pan de cada día y es, lamentablemente, el rasgo
distintivo del sistema político y de la sociedad mexicana. La corrupción
se ha constituido en forma de gobierno y en una práctica regular que se
desarrolla con plena impunidad.
Tan sólo en las últimas semanas se han hecho públicas denuncias por
escándalos de montajes televisivos, conflictos de intereses en la
institución encargada de salvaguardar la transparencia y el acceso a la
información: la triangulación de recursos por parte del PRI para la
distribución de tarjetas Monex, los sesgados criterios de interpretación
del IFE que, por un lado, pretenden multar al Movimiento Progresista y,
por otro, exoneran al PRI del derroche y la descarada compra de voto en
las pasadas elecciones, a lo que se suma un hecho hasta ahora
silenciado: la asignación de 34 millones de pesos que cada uno de los
500 diputados federales se hicieron a sí mismos (cerca de 17 mil
millones) en la negociación del Presupuesto Federal 2013 para realizar
distintas obras y proyectos.
Esta medida reproduce una de las prácticas más nocivas aplicadas en el
Estado de México, donde los diputados locales participan del Programa de
Apoyo Comunitario, a través del cual reciben hasta diez millones de
pesos anuales para la compra de materiales y realizar obras, por lo
general la casa del diputado. Estas acciones desvirtúan al Poder
Legislativo y se han convertido en un instrumento de subordinación de
los diputados y en fuente de corrupción, ya que a los alcaldes de los
municipios donde se canalizan los recursos se les pide el módico 10% de
comisión o se les obliga a contratar las obras con las empresas
propuestas por los legisladores.
No es de extrañar que México ocupe el lugar 105 de 176 y una
calificación de 3.4 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de
Transparencia Internacional; lo que extraña es que no se adopten las
medidas que transformen el sistema de persecución de la corrupción que,
pese a los millonarios recursos asignados, permite la impunidad. En las
últimas tres décadas sólo se han registrado tres procesos penales contra
funcionarios públicos, el último de las cuales se encuentra en libertad
bajo caución, con yate y Ferrari.
En estos momentos se debate una reforma constitucional sobre corrupción
que busca crear un nuevo órgano con autonomía constitucional para
combatirla. El enfoque de las propuestas presentadas responde a los
síntomas, no a las causas, y reduce la definición de los actos de
corrupción a un problema económico. La corrupción, pese a ser un
concepto difuso, se ha definido como un fenómeno social, político y
económico que perjudica a las instituciones democráticas, inhibe el
desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. Incluye
la apropiación indebida o desvío de recursos por funcionarios, soborno,
extorsión, fraude, tráfico de influencias y violación a los derechos
humanos.
La corrupción es el principal problema del país. Atraviesa la vida
pública y privada de la sociedad e incide profundamente en el descrédito
y la falta de legitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos.
El patrimonialismo, los negocios desde el poder público, las
componendas y complicidades, cuestionan el significado real del servicio
público y son un freno a la democracia.
Este fenómeno no se resolverá solo con la creación de instituciones
autónomas que, como recientemente hemos visto, en poco tiempo reproducen
las mismas prácticas y terminan por anquilosarse y pervertir la función
para la que fueron creados. Deben implementarse, adicionalmente,
medidas de control preventivas y sanciones firmes, que eliminen la
impunidad y construyan una nueva cultura política contra la corrupción
como forma de gobierno y haga del ciudadano el sujeto fundamental de la
fiscalización de los servidores públicos.
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