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Impunidad agravada
El gobierno mexicano fue duramente cuestionado por los expertos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, quienes señalaron que esa práctica prevalece en México y sus autores no son sancionados / Reprueban el uso y abuso del arraigo
GINEBRA, Suiza, 31 de octubre (EL UNIVERSAL/APRO).- Los expertos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) cuestionaron al Estado mexicano por la falta casi absoluta de sentencias firmes contra los servidores públicos que incurren en esta práctica, y expresaron su profunda preocupación por la recurrencia de este delito, en particular en el contexto del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanecen estos actos.
Este miércoles, en Ginebra, Suiza, se realizó la primera jornada de la evaluación a la que es sometido el Estado mexicano por parte del CAT, para establecer su grado de cumplimiento de la Convención contra la Tortura, en la que participaron más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.
Al revisar esta mañana la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprobó el uso del arraigo en México, figura jurídica por excelencia creada por el gobierno de Felipe Calderón.
La eliminación del arraigo es una de las múltiples recomendaciones que han hecho ocho dependencias de la ONU, incluida el Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), cuyos integrantes consideraron injustificable su aplicación, aun cuando los representantes del gobierno de Calderón argumentaron su necesidad para combatir el crimen organizado.
Nueve de los diez integrantes del CAT cuestionaron duramente el posicionamiento de la delegación mexicana, integrada por 34 funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE), Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP), así como de los gobiernos de los estados de México, Puebla, Campeche, Baja California y el Distrito Federal, además de miembros del Poder Judicial de la Federación.
A partir de la información que hicieron llegar más de un centenar de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y tras escuchar a la delegación de funcionarios, los expertos del Comité les formularon preguntas y observaciones acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en materia de tortura en México.
De acuerdo con un comunicado emitido por las ONG encabezadas por el Centro Prodh, durante esta primera jornada los expertos señalaron que “sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas durante los procesos penales”.
Aseguraron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio “no está siendo eficaz, ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales”, y recordaron el caso específico de Israel Arzate, quien fue torturado para autoinculparse falsamente de la masacre de Villas de Salvárcar, perpetrada en Chihuahua en enero de 2010.
Las ONG destacaron que el Comité consideró “muy importante” que este caso está actualmente en la Suprema Corte de Justicia, “por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal”.
Durante la audiencia, los expertos de la ONU consideraron es inadmisible que la PGR sea la que “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul —para detectar casos de tortura, tratos crueles e inhumanos—, pues los peritos que lo aplican dependen de la dependencia federal.
Se informó que los integrantes del Comité “también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Otros de los temas que plantearon las organizaciones civiles ante el CAT, que se abordaron este miércoles, fue la preocupación por la aplicación de la figura del arraigo, ya que presuntamente “permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales”.
La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la PGR, Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además, justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos, según el comunicado.
Sin embargo, los especialistas indicaron que recibieron información de que “el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura”.
Por otra parte, el gobierno de México aseguró que son “inexactos” los señalamientos de que en el país la tortura sea un fenómeno generalizado como lo han denunciado organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso organismos internacionales.
“No es preciso un señalamiento de un fenómeno generalizado. Lo que sí es muy puntual es que cuando existen casos de abuso de autoridad, de posible aplicación de la tortura, investiga cada una de las denuncias para deslindar responsabilidades, como es el caso de las recomendaciones en materia de derechos humanos”, aseguró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
El funcionario explicó que del total de denuncias que se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 87 por ciento están resueltas y de ese universo menos del 2 por ciento han derivado en recomendaciones.
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