Narcomensaje
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Segob: “no se tolerará intimidación”
“Espero justicia” : Humberto Moreira
Se acumulan los crímenes de Estado
Macrooperativo por muerte de JEMR
“Urgente acabar con la guerra” : Fox
PAN y PRD hacen alianza contra PRI
Venta de garaje de recursos del país
“Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo”.- Lucio Anneo Séneca
El mensaje para el gobierno federal entrante fue claro y contundente. La ejecución de José Eduardo Moreira Rodríguez fue un golpe planeado pormenorizadamente para causar el mayor efecto mediático y obligar a la administración que encabezará Enrique Peña Nieto a mantener y/o revisar la estrategia contra el crimen organizado. No dio lugar a dudas el artero asesinato del hijo del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y dejó sumamente mal parado al gobierno saliente de Felipe Calderón que de inmediato respondió que “no tolerará intentos de intimidación” y ordenó un operativo conjunto entre fuerzas federales, Marina, Sedena y Policía Federal con el gobierno coahuilense, para esclarecer el crimen de “un joven limpio, promotor social que se dedicaba a trabajar con la gente más humilde de Acuña”, como lo definió, consternado, su padre. Justo el día en el que se reunió el gabinete saliente y el equipo de transición para discutir sobre la seguridad hicieron de este crimen, una señal.
Luego de estar en la misa de cuerpo presente en la iglesia de Guadalupe y antes de salir hacia el panteón Jardines de la Luz, en Ciudad Acuña, Humberto Moreira indicó que su hijo fue asesinado de dos balazos en la cabeza y que su muerte es una más de la guerra que se vive en el país. Manifestó que “he aguantado muchas cosas, he aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber, he aguantado muchas cosas, pero esto no se puede aguantar, me mataron a mi hijo, le dieron dos balazos en la cabeza, unos desgraciados, espero justicia”. El ex gobernador exigió a las autoridades dar con los responsables y que les impongan un castigo severo.
La naturaleza del crimen hace revisar los mensajes que se le mandaron en su momento a un envalentonado Felipe Calderón, promotor y ejecutor de la sangrienta guerra contra algunos cárteles de la droga, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, que ha dejado alrededor de 100 mil ejecuciones, contando los “daños colaterales” de miles de inocentes y sin tomar en cuenta los miles de desaparecidos en esta conflagración irregular. En primer lugar, la muerte del español Juan Camilo Mouriño, cuando se desempeñaba como el número 2 de la actual administración calderonista y quien gozaba de todos los privilegios de ser el hombre de las confianzas del inquilino de Los Pinos. Muy cuestionada fue la hipótesis del “accidente”, el 4 de noviembre de 2008, cuando el avión Learjet 45, matrícula XC-VM, en el que volvía a la Ciudad de México después de una gira de trabajo en el estado de San Luis Potosí, “se estrelló” en la intersección de Periférico y Paseo de la Reforma.
En estas mismas líneas, con toda oportunidad, dimos cuenta de los traspiés de los investigadores quienes, un año después, determinaron que una serie de errores cometidos por el controlador de vuelos y los pilotos del avión, a quienes se intentó hacer pasar como responsables, pudieron ser las causas del desplome. La conclusión no convenció a nadie. Gran parte de la población también criticó que a un funcionario extranjero, acusado de tráfico de influencias y uso indebido de funciones para enriquecer su patrimonio personal y el de su familia, se le rindiera homenaje como si se hubiera tratado de un héroe nacional, sólo por la gran cercanía que tenía con Felipe Calderón, quien en su momento no ocultó su consternación por la pérdida de su “amigo del alma”. Desde esa fecha, el signo de la muerte también alcanzó al inquilino de Los Pinos más cuestionado de la historia moderna del país.
Otro accidente o ejecución no aclarada y que pudo tratarse de otro mensaje directo a Felipe Calderón, lo representó la muerte de Francisco Blake Mora cuando también se desempeñaba como secretario de Gobernación del gobierno calderonista. Su deceso ocurrió el 11 de noviembre del año pasado, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chalco, Estado de México, en las cercanías de Santa Catarina Ayotzingo y del Distrito Federal. La hipótesis del accidente fue la que también se hizo prevalecer. Y si recorremos el calendario unos años más atrás, hasta el 21 de septiembre de 2005, llegamos hasta otro accidente trágico, no aclarado porque la información sobre él fue reservada por 12 años. Se trata del percance en el que murió el secretario de Seguridad Pública federal del gobierno de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, cuando el helicóptero Bell 412-EP matrícula XC-PFI en el que se dirigía a abanderar a los nuevos custodios del penal de máxima seguridad de La Palma (antes Almoloya), se estrelló en el paraje montañoso Llano Largo, La Cima o Cumbres Las Peras, cerca de San Miguel Mimiapan, en el municipio mexiquense de Xonacatlán.
Mientras no sean aclaradas cabalmente esas muertes, siguen en la hipótesis de crímenes de Estado y son consideradas como mensajes directos al titular del Poder Ejecutivo de la Nación, por parte de organizaciones criminales. Ahora, el mensaje fue más claro, directo y contundente; la víctima fue cuidadosamente seleccionada. José Eduardo Moreira Rodríguez era hijo del ex dirigente nacional de PRI, Humberto Moreira, en su momento uno de los principales adversarios políticos de Felipe Calderón. Era también funcionario del gobierno de su tío, Rubén Moreira Valdés, y se desempeñaba como coordinador de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Al conocerse su ejecución, presuntamente en una emboscada, de inmediato Enrique Peña Nieto manifestó sus condolencias a la familia del ex líder nacional de su partido y demandó que el crimen no quede impune.
Ante el artero crimen, Felipe Calderón informó en Colima que dio “instrucciones precisas” a la Procuraduría General de la República, que encabeza Marisela Morales, para que colabore con el gobierno de Coahuila en las investigaciones de la ejecución del hijo del ex dirigente nacional priísta. Señaló que “no hay palabras suficientes para calificar la bajeza de la cobardía ocurrida el día de ayer en el Estado de Coahuila, comprendo y respeto el profundo dolor que ello causa a familiares y amigos”. También comentó que se comunicó con el gobernador Rubén Moreira para manifestarle el apoyo del gobierno federal para realizar una investigación “eficaz, objetiva y confiable” para dar y castigar a los criminales de quien fuera su sobrino.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Poiré, lamentó la ejecución de Moreira Rodríguez, reconoció el “esfuerzo del gobernador Rubén Moreira para combatir el crimen”, y advirtió que la administración federal “no tolerará intentos de intimidación ni habrá impunidad para los responsables”. Añadió que “hechos tan lamentables como estos, refuerzan la firme convicción del gobierno de la República para enfrentar, de manera contundente, a los miembros de grupos criminales”.
El ex presidente Vicente Fox criticó desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, que el homicidio de José Eduardo Moreira es parte de la “guerra sin sentido” contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón. En un comunicado emitido desde el Centro Fox, lamentó “una muerte más de un joven en esta guerra sin sentido; es urgente acabar con la guerra y encontrar la paz”. Mandatarios estatales, especialmente de extracción priísta, manifestaron también su pésame ante la muerte del hijo del ex dirigente nacional de ese partido.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que este asesinato demuestra que el crimen organizado está retando a la clase política. Señaló que “el crimen sigue creciendo y anda ya, ahora sí, tocando linderos de las clases políticas, en este caso concreto del ex gobernador”. El líder opositor dijo que “están peligrosamente ya retando para seguir buscando tener más control de territorios y más control sobre las decisiones, por eso también es necesario un Acuerdo Nacional que ponga en el centro la necesidad de la vigencia plena del Estado mexicano”.
Homero Ramos, procurador de Coahuila, anunció un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales para esclarecer el crimen de Moreira Rodríguez. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación previa penal A51009/012 por el delito de homicidio de quien o quienes resulten responsables. Ese funcionario informó sobre la llegada de efectivos de las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República para coadyuvar en las investigaciones. La delegación de la PGR en Coahuila inició, por su parte, la investigación AP/PGR/COAH/108/DD/2012. Expertos de servicios periciales recabaron los indicios necesarios en el lugar de los hechos, apoyados por especialistas en las áreas de dactiloscopia, criminalística de campo, fotografía, genética, medicina y química forense.
El resto del país está a la espera de respuestas ante éste y 100 mil crímenes más. ¿O el mensaje viene de la delincuencia interna? ¿La acción y la reacción serán la misma que ha acompañado los casos de Sicilia, de Martí o de las muertas de Juárez? ¿Acaso es el llamado de las mafias para encontrar por fin la forma de llegar a pactos? ¿Un cártel trata de proteger su espacio o son todos los que luchan por seguir en competencia? Cualquier cuestionamiento, así como las conjeturas, son válidas en tanto este gobierno y el entrante carezcan de la credibilidad suficiente para no dudar de su información oficial. En tanto, todo estará en veremos y los lutos aumentan.
REFORMA LABORAL EN RUTA
La ruta para la aprobación de la reforma laboral ya fue trazada en el Senado de la República. La Comisión del Trabajo y Previsión Social determinó llevar hasta el fin de mes, la disputa que se tiene por la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que prevé modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que ha provocado movilizaciones de rechazo a la cancelación de conquistas históricas de los trabajadores mexicanos en aras de impulsar, presuntamente, la competitividad y las ganancias de los empresarios e industriales al reducirles los costos de operación y liquidación de sus empleados. La propia secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez, quien se reunió en privado con los integrantes de la bancada del PAN en el Senado para explicarles la reforma laboral, confirmó que la minuta aprobada por la Cámara de Diputados “recoge el 80 por ciento de la propuesta del Ejecutivo”.
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