¡¡Exijamos lo Imposible!!Milenio
Media asta
Pablo Gómez
Por vez primera, el pasado 2 de octubre fue izada la bandera
nacional a media asta en todo el país. Esta nueva disposición de ley
expedida por el Congreso es un reconocimiento de la responsabilidad del
Estado mexicano en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de
Tlatelolco en 1968 y, por tanto, una forma de rendir homenaje nacional a
las víctimas de la violencia oficial de aquel infausto día. Pero no
todas las partes integrantes del Estado han asumido la misma actitud.
El Poder Judicial se ha negado sistemáticamente a admitir la apertura de juicios en contra de presuntos responsables de la matanza. El caso de Luis Echeverría fue algo vergonzoso, pues después de estar ya vinculado a proceso, en arraigo domiciliario, fue exonerado mediante un conjunto de leguleyadas sin que la Suprema Corte atrajera el asunto para intentar un acto de reivindicación.
La fiscalía especial para investigar crímenes del pasado resultó un fracaso debido a los obstáculos puestos tanto por la Procuraduría como por jueces y magistrados. El aparato ordinario de procuración e impartición de justicia sigue desempeñando el papel de encubridor de la matanza del 2 de octubre, así como también de otras, entre ellas la del 10 de junio de 1971 y la llamada guerra sucia en la que fueron desaparecidas y asesinadas centenares de personas.
Después de intentarlo durante 25 años, algo ha cambiado cuando en los edificios públicos se iza la bandera nacional a media asta el 2 de octubre, pero no es todo lo que debería cambiar al respecto. Este asunto del pasado es de hoy. La historia no desaparece del presente tan fácilmente como quisieran los cómplices y encubridores de crímenes políticos. El hecho de que la judicatura mexicana mantenga la impunidad, que el Ministerio Público, el cual recibe órdenes del Ejecutivo (ilegalmente, pero lo hace), haya enviado al archivo las actuaciones de aquella fiscalía especial desaparecida así nomás por orden superior y que los funcionarios de la rama Ejecutiva no hubieran siquiera ido a izar la bandera a media asta para ser consecuentes con la nueva legislación, nos habla de que el poder del Estado sigue lejos de asumir con valor y verdad la existencia histórica del régimen autoritario y represivo.
El asunto es tanto más importante cuando el país se encuentra en la víspera del arribo a la Presidencia de un miembro del partido históricamente autoritario y represivo. El PRI nunca ha emitido alguna resolución sobre su larga historia de represiones sangrientas. Y, algo más, el día en que Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, él mismo admitió su responsabilidad en la represión de Atenco en la forma en que lo hizo Díaz Ordaz ante el Congreso cuando tocó el tema del movimiento estudiantil: represión necesaria.
Nadie ha pedido actos de venganza. La represión en 1968 fue una acción de Estado por lo que no podría considerarse como algo atribuible a un grupo de personas y mucho menos a una casualidad. Por ello, es preciso que todo el Estado asuma los hechos como condenables.
En América Latina, México es quizá el país más rezagado en cuanto a la condena del pasado de represión. El izamiento de la bandera a media asta es ciertamente un paso en la dirección correcta pero no es suficiente.
Al lado de esto, cuando se podía observar por vez primera la bandera de luto en el Zócalo, en el Palacio Nacional, en el Ayuntamiento (cosa que se hace desde que Cárdenas fue jefe de gobierno) y en la Suprema Corte, inexplicadamente la bandera estaba izada a toda asta en la Catedral Metropolitana. Tal vez el lamentable suceso se produjo por ignorancia de la ley, pero no hemos tenido hasta ahora la aclaración oficial del arzobispado. Puede ser que el arzobispo no la considere conveniente, pero eso mismo sería un elemento más del problema.
www.pablogomez.org
El Poder Judicial se ha negado sistemáticamente a admitir la apertura de juicios en contra de presuntos responsables de la matanza. El caso de Luis Echeverría fue algo vergonzoso, pues después de estar ya vinculado a proceso, en arraigo domiciliario, fue exonerado mediante un conjunto de leguleyadas sin que la Suprema Corte atrajera el asunto para intentar un acto de reivindicación.
La fiscalía especial para investigar crímenes del pasado resultó un fracaso debido a los obstáculos puestos tanto por la Procuraduría como por jueces y magistrados. El aparato ordinario de procuración e impartición de justicia sigue desempeñando el papel de encubridor de la matanza del 2 de octubre, así como también de otras, entre ellas la del 10 de junio de 1971 y la llamada guerra sucia en la que fueron desaparecidas y asesinadas centenares de personas.
Después de intentarlo durante 25 años, algo ha cambiado cuando en los edificios públicos se iza la bandera nacional a media asta el 2 de octubre, pero no es todo lo que debería cambiar al respecto. Este asunto del pasado es de hoy. La historia no desaparece del presente tan fácilmente como quisieran los cómplices y encubridores de crímenes políticos. El hecho de que la judicatura mexicana mantenga la impunidad, que el Ministerio Público, el cual recibe órdenes del Ejecutivo (ilegalmente, pero lo hace), haya enviado al archivo las actuaciones de aquella fiscalía especial desaparecida así nomás por orden superior y que los funcionarios de la rama Ejecutiva no hubieran siquiera ido a izar la bandera a media asta para ser consecuentes con la nueva legislación, nos habla de que el poder del Estado sigue lejos de asumir con valor y verdad la existencia histórica del régimen autoritario y represivo.
El asunto es tanto más importante cuando el país se encuentra en la víspera del arribo a la Presidencia de un miembro del partido históricamente autoritario y represivo. El PRI nunca ha emitido alguna resolución sobre su larga historia de represiones sangrientas. Y, algo más, el día en que Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana, él mismo admitió su responsabilidad en la represión de Atenco en la forma en que lo hizo Díaz Ordaz ante el Congreso cuando tocó el tema del movimiento estudiantil: represión necesaria.
Nadie ha pedido actos de venganza. La represión en 1968 fue una acción de Estado por lo que no podría considerarse como algo atribuible a un grupo de personas y mucho menos a una casualidad. Por ello, es preciso que todo el Estado asuma los hechos como condenables.
En América Latina, México es quizá el país más rezagado en cuanto a la condena del pasado de represión. El izamiento de la bandera a media asta es ciertamente un paso en la dirección correcta pero no es suficiente.
Al lado de esto, cuando se podía observar por vez primera la bandera de luto en el Zócalo, en el Palacio Nacional, en el Ayuntamiento (cosa que se hace desde que Cárdenas fue jefe de gobierno) y en la Suprema Corte, inexplicadamente la bandera estaba izada a toda asta en la Catedral Metropolitana. Tal vez el lamentable suceso se produjo por ignorancia de la ley, pero no hemos tenido hasta ahora la aclaración oficial del arzobispado. Puede ser que el arzobispo no la considere conveniente, pero eso mismo sería un elemento más del problema.
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