Detrás del PRI
Rumbo a las elecciones presidenciales, el gobierno calderonista desata
los primeros avisos de “guerra sucia” y alienta una campaña en contra de
personajes destacados del Partido Revolucionario Institucional, entre
ellos el ex presidente del tricolor, Humberto Moreira, y en especial en
contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas, a los que acusa de
vínculos con el narcotráfico / A todas luces se trata de motivaciones
político-electorales y no de justicia y de terminar con la corrupción,
pues muchos son los casos en que funcionarios panistas están
involucrados en hechos delincuenciales y permanecen en la impunidad
MEXICO, D.F., 10 de febrero (Reporte Indigo) La alerta aeronáutica que
emitió la PGR contra tres ex gobernadores de Tamaulipas por una
investigación de narcotráfico fue subestimada, y el análisis fue
orientado a los intereses electorales.
Pero ahora que la DEA detiene e interroga a un hombre clave en las
investigaciones de los ex gobernadores y sus supuestos nexos con el
narcotráfico, cambia diametralmente el fondo legal.
Y las declaraciones del reo Antonio Peña Argüelles pueden derivar en una
solicitud de extradición de alguno de los ex gobernadores: Manuel
Cavazos Lerma, Tomás Yarrington o Eugenio Hernández.
De hecho, la primera noticia de la alerta aeronáutica que fue difundida
por Reporte Indigo el lunes 30 de enero por la mañana, fue minimizada
por otros medios de comunicación nacionales hasta que la PGR emitió un
boletín cerca de la medianoche del lunes.
Y luego, el viernes 3 de febrero, Reporte Indigo publicó una entrevista
con Omar Durán Perales, ex funcionario del gobierno de Tamaulipas que
denunció que la administración de Manuel Cavazos Lerma protegía el
trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Ahora, con la aprehensión de Antonio Peña Argüelles este 8 de febrero, y
su interrogatorio por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos,
se abre una veta de investigación criminal que rebasa a la alerta
migratoria.
Y es que, hasta ahora, los mensajes que dejan los grupos del crimen
organizado y que señalan hechos específicos en relación a las
actividades de sus rivales contienen información que regularmente es
verificada.
En el caso de Peña Argüelles, detenido en Laredo, Texas, el grupo
delictivo de Los Zetas hizo acusaciones muy graves contra él, y todas
están relacionadas con el narcotráfico y con el ex gobernador Tomás
Yarrington.
La aprehensión de Peña Argüelles está directamente relacionada con un hecho ocurrido a finales de noviembre de 2011.
Entonces, el cuerpo de un hombre asesinado fue abandonado junto a una manta en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La víctima era el hermano del recién detenido por la DEA.
Los autores del mensaje acusaron a Peña Argüelles de haber participado
en el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo
Torre Cantú.
Y de haber perpetrado el homicidio porque el candidato afectaba los
intereses de las compañías de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del
Cártel del Golfo y de Los Zetas extraditado a Estados Unidos.
Empresas donde, según el mensaje de los delincuentes, el ex gobernador Tomás Yarrington participa como socio.
También acusaron a Peña Argüelles de haberles robado 5 millones de
dólares que el grupo criminal había aportado para la campaña de Torre
Cantú.
Además, el mensaje de la manta decía que Peña Argüelles lavaba dinero en Estados Unidos.
Una serie de acusaciones que ahora, con la alerta migratoria de la PGR,
pone a los tres ex gobernadores tamaulipecos bajo la lupa de la DEA.
Y a eso habría que sumar la acusación de Omar Durán Perales, ex
funcionario de Tamaulipas que salió del país porque, según dice, fue
amenazado directamente por el entonces gobernador Cavazos Lerma cuando
denunció el trasiego de droga.
UN CAMINO QUE LLEVA A LA DEA
Primero, Reporte Indigo dio a conocer el pasado 30 de enero que los tres
ex gobernadores tamaulipecos estaban dentro de una alerta migratoria.
La razón es que los nombres de Eugenio Hernández Flores, Tomás
Yarrington y Manuel Cavazos Lerma aparecen en una investigación
vinculada con presuntas actividades ligadas con el crimen organizado.
Reporte Indigo reveló que el oficio, fechado el 13 de enero de 2012, fue remitido a distintas sedes aeroportuarias.
También, que los tres ex funcionarios habrían sido incluidos en una
averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la
República (PGR).
El documento exige a los funcionarios aeroportuarios avisar a las
autoridades sobre el tránsito de los tres políticos priistas y de 46
personas más, incluyendo a familiares de los ex gobernadores así como
servidores públicos que trabajaron en sus administraciones, empresarios y
comunicadores.
Esto ocurre en la antesala de las elecciones de 2012, en las que el ex
gobernador Cavazos Lerma se perfila como uno de los candidatos para el
Senado de la República.
También sucede en el contexto de inseguridad por el que atraviesa
Tamaulipas, entidad disputada por los cárteles de El Golfo y Los Zetas.
Después de la revelación de Reporte Indigo y en los primeros minutos del
martes 31 de enero, la PGR y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) emitieron un comunicado de prensa en el que aseguraban
que la alerta era falsa.
Pero, al mismo tiempo, las dependencias federales aceptaron que sí
solicitaron reportes sobre las entradas y salidas del país de los ex
mandatarios.
Es decir, sí hubo alerta aeroportuaria.
Ese mismo día, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reiteró la
información vertida en el comunicado y evitó ahondar en detalles de la
investigación.
Distintos medios de comunicación reprodujeron la información revelada
por Reporte Indigo. Algunos descalificaron la noticia o no presentaron
fuentes.
Más adelante, en la edición 264 de Reporte Indigo, apareció una
entrevista exclusiva con Omar Durán Perales, un alto ex funcionario
sanitario de Tamaulipas exiliado desde hace 13 años en Luisiana, Estados
Unidos.
Durán Perales denunció a Cavazos Lerma en 1997 por actividades relacionadas con el crimen organizado.
El ex director de Inspección Ganadera de Tamaulipas ratificó esa
denuncia en el Consulado de San Antonio, Texas, donde incluso presentó
audiocasetes como evidencia de que funcionarios estatales estaban
implicados en una red de tráfico de drogas y armas.
Cinco días después de la publicación de la exclusiva, autoridades
estadounidenses detuvieron a Antonio Peña Argüelles, acusado por la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de
conspiración y lavado de dinero para el narcotráfico y el ex gobernador
Tomás Yarrington.
La información fue difundida el pasado 8 de febrero por el diario San
Antonio Express-News. El rotativo detalló que la detención de Peña
Argüelles se realizó en su casa de Stone Oak, en Laredo, Texas.
Peña Argüelles había huido de Nuevo Laredo luego de que Los Zetas
asesinaron a su hermano en noviembre de 2011, según consta en una
denuncia penal presentada por un agente de la DEA y mencionada en el
artículo del periódico norteamericano.
Medios locales de Nuevo Laredo confirmaron que junto al cuerpo del
hermano de Peña Argüelles fue colocada una manta en la que se acusaba al
ahora detenido de asesinar a Rodolfo Torre Cantú, candidato priista al
gobierno de Tamaulipas, en junio de 2010.
En el mismo narcomensaje, se vinculó a Tomás Yarrington con Osiel Cárdenas y Antonio Peña Argüelles.
No es la primera vez que el ex gobernador es acusado. En 1998 enfrentó
una denuncia interpuesta por el perredista José Luis González Meza y el
ex embajador de México en Nicaragua José Puente León por tráfico de
influencias y lavado de dinero.
El caso que empezó con una alerta migratoria cuya difusión fue manejada
erráticamente por el gobierno federal, ya tiene una implicación en la
DEA.
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