¡¡Exijamos lo Imposible!!
Doble castigo: aborto y cárcel Juan José Morales
Impacto Ambiental
Claramente inspirada por el alto clero, en tiempos recientes hubo en las legislaturas estatales una oleada de las llamadas “leyes de la vida”, consistentes en cambios de las constituciones locales o los códigos penales, con el propósito de endurecer las sanciones contra el aborto, equiparándolo al homicidio. Para ello, se utilizó el argumento —carente de toda base médica o científica— de que la vida comienza en el momento mismo de lo que en un lenguaje religioso mañosamente introducido en las leyes, se ha llamado concepción pero correctamente se denomina fecundación.
En casi todos los casos, esas reformas legales fueron promovidas por legisladores del PRI, secundados por sus colegas del PAN. En la legislatura de Quintana Roo, por ejemplo, la impulsora de tales reformas fue la diputada Laura Fernández, quien ahora aspira a ser candidata del PRI a diputada federal.
Pues bien, el resultado de esas leyes supuestamente destinadas a defender la vida, ha sido una atroz persecución contra mujeres de los más pobres estratos sociales, procesadas como asesinas y sentenciadas a duras penas de prisión por haber tenido abortos espontáneos o partos prematuros en condiciones tan difíciles que culminaron con la muerte de su hijo.
Un dramático ejemplo de esas injusticias, dado a conocer hace poco por la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), es el caso de tres indígenas choles de Chiapas recluidas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Una de ellas, que perdió a su hijo al caer de una escalera cuando tenía ocho meses de embarazo, fue acusada de haberse provocado de ese modo un aborto y condenada a 15 años de cárcel “por homicidio agravado en grado de parentesco”. Para justificar la severidad de la pena, el juez adujo que como la mujer trabajaba de mesera, seguramente tener un hijo le hubiera estorbado y por ello provocó su muerte. Semejante razonamiento resulta absurdo, pues quien desea abortar no espera ocho meses para hacerlo, sobre todo porque tan avanzado estado de gestación es un impedimento para trabajar.
Otra, que dio a luz en pleno campo sin ayuda de nadie, tuvo que arrastrarse a duras penas en busca de ayuda y cuando volvió al sitio no encontró a su bebé, está siendo procesada por igual delito. Una tercera mujer que también tuvo a su hijo sola y sin ayuda en un cafetal, se encuentra igualmente en la cárcel acusada de intento de homicidio con la agravante de relación de parentesco, junto con su marido, a quien se acusa de complicidad a pesar de que después del parto prematuro ambos fueron al lugar en busca del niño, a quien la madre tuvo que dejar resguardado bajo unas plantas mientras buscaba ayuda.
Sobra decir que las tres son analfabetas, pobres —para ser precisos, viven en la miseria—, y ninguna habla español. Las tres, además, sufrieron malos tratos por parte de sus esposos. Una tiene cinco hijos y otra seis. Y de más está también decir que durante sus embarazos ninguna de las tres recibió ningún tipo de atención médica.
Otro caso semejante, también dado a conocer por CIMAC, es el de una indígena náhuatl confinada desde hace tres años en la cárcel de Tlapa, Guerrero, acusada asimismo de homicidio después de haber abortado debido a una caída.
En fin, estas son algunas consecuencias de las llamadas “leyes de defensa de la vida” que bajo la inspiración eclesiástica han promovido en los congresos estatales los legisladores del PRI y el PAN y que pretenden llevar también al ámbito nacional. Gracias a esas leyes, las mujeres más pobres y marginadas sufren el doble castigo de abortar —con el consiguiente peligro de morir— y de ser encarceladas.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario