¡¡Exijamos lo Imposible!!
Corrupción galopante Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Sello sexenal del calderonismo
ASF constata las irregularidades
Opacidad en el IFE y el Congreso
Estados y municipios inmiscuidos
Especialistas desmienten a Poiré
“En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan”.- Etienne Bont de Condillac
La cuenta regresiva para Felipe Calderón y todos los integrantes de su administración ya inició y no tendrán que esperarse hasta la tarde o noche del próximo 1 de julio para saber con certeza quiénes los habrán de relevar al frente del gobierno federal mexicano. El hecho que los tiene apanicados es que habrán de entregar la Presidencia de la República al abanderado de un partido que no será Acción Nacional, a menos que suceda una verdadera tragedia nacional o un megafraude electoral, toda vez que el recuento de daños es alto y muy abultado e implica responsabilidades de carácter tanto administrativo como legal, por las que habrán de responder no sólo ante la opinión pública sino ante los tribunales.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya dio cuenta de la profunda corrupción que imperó e impera en esta gestión, el criminal despilfarro de los recursos de los contribuyentes, el desastre económico, político y social del panismo y la extrema derecha, que lo único que ha dejado al país es pobreza, desolación, muerte y enriquecimiento de unos cuantos potentados; mientras que el “Foro Internacional Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, exhibió el fracaso en la “guerra” contra el crimen organizado, los errores cometidos, los excesos, la violación de la legislación vigente, el atropello a los derechos humanos, la falsedad de la premisa oficial de “erradicar” el mercado de las drogas, entre otros, y aglutinó a prestigiadas voces nacionales e internacionales en torno a la demanda generalizada de cambiar la estrategia y el modelo que se ha aplicado a lo largo de más de cinco años y que ha dejado más de 60 mil muertos.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, entregó a la Cámara de Diputados las mil 31 auditorias que se realizaron a diversos entes públicos, donde se constataron hechos vergonzosos de corrupción institucional en la revisión de la Cuenta Pública 2010, que generó 98 denuncias penales por irregularidades en el gasto público, es decir, un aumento de casi tres veces respecto a lo registrado en la revisión de la Cuenta Pública de 2009 que fueron 34. De las auditorías practicadas, 626 fueron de enfoque financiero y de cumplimiento normativo, 205 de desempeño, 143 de inversiones físicas, 44 especiales, 11 forenses y dos de situación excepcional. Se incluyen 558 auditorías a estados y municipios. Como consecuencia de la fiscalización efectuada, se determinaron 9 mil 39 observaciones que generaron la promoción de 10 mil 778 acciones, de las cuales 6 mil 925 fueron de tipo preventivo y 3 mil 843 de carácter correctivo.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL
Las irregularidades señaladas inician desde la propia Presidencia de la República, por lo que los auditores consideraron pertinente revisar el gasto en comunicación social, de todo el gobierno federal, porque sostuvieron que resulta “excesivo e irregular” que en 2010 se erogó 6 mil 479 millones de pesos, casi el triple de lo autorizado por el Congreso de la Unión. Por eso, recomendó a la Cámara de Diputados que regule las transmisiones gubernamentales de radio y televisión realizadas por Internet, sobre todo de cara a las restricciones durante las jornadas electorales. También pidió sanciones administrativas a funcionarios de las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social por autorizar gastos en comunicación de manera desfasada y por contratar tiempos comerciales sin antes solicitar tiempos oficiales.
Aunque la punta del iceberg la constituyó ante los medios de comunicación el caso específico de la Estela de luz, en el que se encontraron “un cúmulo de observaciones” por lo que el auditor recomendó que no se realice el finiquito de esa obra hasta que la empresa Gutsa aclare todo lo relativo a las irregularidades reportadas. Los auditores encontraron que el pago adicional de 276 millones de pesos para la construcción de ese megamonumento a la corrupción del actual sexenio no se justificaron porque se trata de conceptos duplicados. El organismo fiscalizador explicó que como la mayor parte de la entrega de recursos desde el fideicomiso que operaba Banjército y el fiduciario (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México) y de éste a la compañía, se realizaron en 2011, será hasta el próximo año cuando se determine el presunto daño patrimonial y si hay elementos para presentar denuncias penales.
También, en la Secretaría de Gobernación se detectaron gastos irregulares para fiestas de empleados, como el Día de la Madre, por casi un millón de pesos. De no comprobarse fehacientemente las erogaciones, el erario podría recuperar 492.9 mil pesos, y además se podrían derivar procesos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos; en la Policía Federal no se encontró la documentación necesaria para aclarar el gasto de más de 6 millones de pesos, además de que funcionarios no comprobaron gastos por más de 373 millones de pesos. Entre esos se encuentra el gasto de 3 millones 424 mil 300 pesos, que la dependencia presuntamente pagó a 305 escoltas, que no fueron localizados en su base de datos, así como la erogación de 3 millones de pesos bajo el concepto de “gastos médicos” para el personal del Centro de Formación Policial de la PF y sedes alternas.
En cuanto al Instituto Federal Electoral (IFE), se observaron irregularidades en la rendición de cuentas sobre el origen de los recursos del Fondo de Modernización Inmobiliaria, más conocido como “el cochinito”. El IFE no cumplió con la normatividad presupuestaria y no reintegró los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2010 por 348 millones de pesos. Por lo que se refiere al Congreso, la ASF reveló que el área administrativa del Senado de la República no aplica el reglamento al autorizar un alto porcentaje de justificaciones a los legisladores que faltan en día de sesión y no descuenta a los senadores sus inasistencias. La razón es que aunque parezca increíble, en un órgano legislativo no hay un reglamento que defina cuánto se debe descontar a los senadores cada vez que no se presentan a las sesiones.
CRECE DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
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